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Deja 27 muertos y 6 heridos motín en cárcel de Tayikistán

Dusambé, 08 de noviembre/Notimex. Al menos 27 personas murieron durante un motín en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Judyand, en el norte de Tayikistán, informaron fuentes de seguridad del país centroasiático.

“Dos oficiales fallecieron en el motín que comenzó anoche, seis guardias resultaron heridos y fueron hospitalizadas, sin que sus vidas corran peligro, además 25 reclusos perdieron la vida”, indicó un vocero de las fuerzas de seguridad de la región de Sogdia, citado por la agencia de noticias Sputnik.

El suceso inició después de que uno de los presos, supuesto miembro del Estado Islámico (EI), arrebató el arma a uno de los guardias y comenzó a disparar, pero enseguida se le sumaron otros reclusos con armas blancas que en breve se hicieron con el control de uno de los pabellones del reclusorio.

Para sofocar la revuelta, unidades antidisturbios llegaron a la prisión, pero antes algunos presos lograron fugarse durante el tumulto, según la emisora rusa Radio Svoboda.

Las fuerzas de seguridad de la región han reforzado el control de todas las salidas y entradas de Judyand, la segunda ciudad más poblada de Tayikistán y situada cerca de las fronteras con Uzbekistán y Kirguistán.

La cárcel de Judyand alberga a los condenados por delitos de sangre o de extremismo, los cuales ya realizaron tentativas de evasión en el pasado, una de ellas en 1997 cuando se registró un gran motín en protesta por las malas condiciones de los presos.

Esa revuelta, que duró tres días, se saldó con 24 presos muertos y 35 heridos, según las autoridades tayikas, aunque organizaciones humanitarias estimaron la cifra en al menos 150 fallecidos.

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Condenan a Lituania y Rumania por prestar a la CIA cárceles secretas

París, 31 de mayo/Notimex. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este jueves a Lituania y Rumania por su complicidad con el programa de detenciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esos dos países, incurriendo en múltiples violaciones de los derechos humanos, como torturas.

El Tribunal, con sede en Estrasburgo, acusó a Lituania y Rumania de facilitar apoyo logístico a la CIA para interrogar, retener y torturar a sospechosos de terrorismo en su territorio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S) en Estados Unidos.

Según los jueces europeos, los dos países europeos brindaron apoyo a la CIA para realizar traslados aéreos de sus detenidos, así como encerrarlos en cárceles secretas donde recibieron un trato inhumano.

El Tribunal dictó la sentencia tras haber examinado las demandas presentadas en 2011 y 2012 por dos prisioneros del campo de detención de Guantánamo (Cuba), quienes antes de llegar allí estuvieron detenidos en cárceles secretas de la CIA en Lituania y Rumania entre 2004 y 2006.

El Tribunal obliga a Lituania y Rumania a indemnizar con 100 mil euros, cada uno, a dos hombres que denunciaron haber sido torturados y retenidos en las prisiones secretas de la CIA.

Uno de los demandantes es el palestino Zayn al Abidin Muhamad Husain, conocido como Abu Zabaida, de 47 años, sospechoso de preparar los atentados del 11-S en Estados Unidos y de ser uno de los principales líderes de la red Al Qaeda.

El otro es el saudita de origen yemenita Husseyn Muhammad al Nashiri, de 53 años, acusado de haber participado en el atentado contra el navío estadunidense USS Cole que provocó la muerte a 17 soldados en el puerto yemenita de Aden en octubre del año 2000, cuya demanda fue interpuesta contra Lituania.

Abu Zabaida y al Nashiri, quienes fueron detenidos en Pakistán y Dubai, respectivamente, permanecen en la actualidad encarcelados en Guantánamo.

En su fallo, el Tribunal de Estrasburgo concluye que Lituania y Rumania han violado el artículo tres de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura, ya que Vilna no investigó la denuncia de Abu Zabaida.

También establece que se violó el artículo cinco de esa convención, relativo a la libertad y la seguridad, así como el artículo ocho que ampara el respeto a la vida privada y el artículo 13 sobre el derecho a una compensación justa, en conjunción con el artículo tres.

Como recomendación, la corte pide a ambos gobiernos que exijan a las autoridades de Estados Unidos garantías de que los dos prisioneros no van a ser ejecutados, además los exhorta a acelerar sus investigaciones internas para sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Poco después del 11-S, la denominada guerra contra el terrorismo iniciada entonces por el presidente George W. Bush llevó a territorio europeo vuelos secretos de la CIA que trasladaban a centros de detención encubiertos a sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.

La existencia de este tipo de prisiones fuera de la ley se conoció en 2005 gracias a una investigación del Washington Post y un año después el propio W. Bush admitió la operación de esas instalaciones carcelarias fuera de Estados Unidos, aunque negó que en ellas se cometieran torturas.

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Mueren siete reclusos durante una pelea en cárcel de Carolina del Sur

Columbia, 16 de abril/Notimex. Siete reclusos murieron y otros 17 resultaron heridos durante una pelea en el Centro Correccional Lee en Bishopville, Carolina del Sur, informaron hoy autoridades locales.

El enfrentamiento se inició cerca de las 07:55 de la noche del domingo en tres celdas de la prisión y concluyó unas ocho horas después, según dijo Jeff Taillon, vocero de la prisión citado por la cadena CNN. Taillon informó que ningún oficial resultó herido.

El centro correccional ubicado en Bishopville, a unos 80 kilómetros al este de Columbia, es considerado uno de los más peligrosos de Carolina del Sur, y ha sido el sitio de varios incidentes violentos recientes.

En marzo pasado, los presos mantuvieron como rehén a un oficial durante 25 minutos después de tomar el control de un dormitorio, según información oficial. Al final la sala fue asegurada por la policía.

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Juez impide a gobernadores brasileños visitar a Lula en cárcel

Río de Janeiro., 11 de abril/Notimex. El juez Sergio Moro, quien condenó en primera instancia y envió a prisión la semana pasada a Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó conceder al expresidente brasileño el derecho de recibir visitas más que un día por semana, mientras una decena de gobernadores planeaba encontrarse con él.

Moro, quien ordenó la semana pasada el ingreso a prisión de Lula da Silva, dijo que no concederá ningún derecho extraordinario al exmandatario de 72 años, condenado a 12 años y un mes de cárcel.

“Fue autorizado un aparato de televisión”, además se habilitó una sala especial en la sede de la policía para el expresidente, refirió.

Así, un grupo de 11 gobernadores de Brasil –la mayoría de estados del noreste, feudo electoral de la izquierda- no podrá visitar a Lula da Silva en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde se encuentra recluido desde el sábado para purgar la pena por corrupción y lavado de dinero.

El Partido de los Trabajadores (PT), formación fundada por Lula da Silva, dijo que el expresidente sigue siendo su candidato a los comicios presidenciales de octubre y transfirió su ejecutiva a Curitiba en un intento por usar su encarcelamiento como caballo de batalla electoral.

Pocas informaciones han trascendido desde que Lula se entregó a la policía el sábado, en una jornada dramática para el expresidente: recibe visitas solo de sus abogados, se alimenta con normalidad con la comida de la cárcel y se dedica a la lectura.

El Supremo Tribunal Federal (STF) podría analizar en los próximos días un recurso para evaluar la constitucionalidad de los ingresos en prisión de condenados apenas en segunda instancia (como Lula da Silva), lo que podría beneficiar al exmandatario.

Las encuestas muestran un Brasil dividido acerca de la prisión del exmandatario; por una parte se le considera culpable de actos de corrupción, pero por otra lidera con un tercio del total la intención de voto para los comicios de octubre.

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Al menos 23 muertos en tentativa de fuga carcelaria en Brasil

Río de Janeiro, 10 de abril/Notimex. Al menos 23 personas murieron en una tentativa de fuga de prisioneros en una cárcel del norte de Brasil, en el estado de Pará, informaron autoridades locales.

Entre los fallecidos hay 14 presos, ocho personas que intentaron invadir la cárcel y un agente penitenciario, según el gobierno del estado de Pará, situado en la región amazónica.

Al menos cuatro agentes penitenciarios resultaron heridos, y aunque no fueron contabilizados por el momento, también podría haber presos lesionados, por lo que el balance podría aumentar.

El brote de violencia se suscitó cuando, al realizarse la revista en la cárcel durante la tarde, hubo una tentativa de fuga apoyada por personas fuertemente armadas desde fuera de la cárcel.

Como es habitual en Brasil, la cárcel presentaba hacinamiento, pues había cerca de 660 encarcelados, a pesar de que la capacidad máxima es de 432.

Las cárceles brasileñas son consideradas como una de las peores de América Latina, y algunos grupos de defensa de los derechos humanos reclaman que se necesitan 200 mil plazas suplementarias para dar cabida al total de la población carcelaria, que supera el medio millón.

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Brasil en tensión ante jornada judicial por caso Lula da Silva

Río de Janeiro., 04 de abril/Notimex. Brasil vive hoy una jornada judicial de alto voltaje en la Corte suprema, debido al falló que se dará a conocer este miércoles sobre el recurso presentado por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para evitar la cárcel, a pesar de haber sido condenado en segunda instancia.

El martes, miles de personas salieron a las calles de ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia a favor y en contra de que el Supremo Tribunal Federal (STF) conceda hoy un habeas corpus al exmandatario para evitar que ingrese en prisión, a pesar de haber sido condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.

El STF, compuesto por 11 jueces elegidos por el jefe del Estado, algunos de ellos por el propio Lula cuando fue presidente (2003-2010), se pronunciará este miércoles sobre el recurso, que podría crear jurisprudencia y beneficiar en bloque a condenados en la operación Lava Jato, una investigación judicial por corrupción.

Parte de la sociedad civil, asociaciones de magistrados y de fiscales se movilizaron para exigir que la suprema corte no tome una decisión que podría derivar en impunidad, e incluso el jefe del ejército brasileño, el general Villas Boas se pronunció la noche del martes en un polémico mensaje por una red social.

“En esta situación que vive Brasil cabe preguntar a las instituciones y al pueblo quién está pensando en el bien del país y de las generaciones futuras y quién está preocupado apenas con intereses personales”, dijo el comandante, en un inesperado mensaje que generó sorpresa en el Ejecutivo.

Están previstas manifestaciones en la explanada de los Ministerios a favor y contra Lula; mientras las autoridades piden calma y se creó un perímetro de seguridad para proteger la sede del STF en Brasilia.

La jurisprudencia del propio STF en 2016 ya decidió que los condenados sean encarcelados y comiencen a cumplir su pena tras agotar los recursos en segunda instancia, y no en cortes superiores, pero el juicio del exmandatario podría cambiar – no sin polémica – esta visión.

Varios de los 11 magistrados del STF han señalado que cambiarían su voto respecto a 2016, abriendo de facto la puerta a un cambio de jurisprudencia que podría no sólo evitar la cárcel al expresidente –pues los recursos demoran años o incluso lustros en ser resueltos en Brasil-, sino también suponer un vuelco en la lucha contra la impunidad de políticos condenados.

La decisión, retransmitida por televisión y de un peso político comparable a las jornadas clave del juicio político contra Dilma Rousseff de 2016, será clave también para vislumbrar el futuro político de Luiz Inacio Lula da Silva, que pretende ser candidato en octubre próximo para un tercer mandato presidencial.

El presidente de Brasil entre 2003 y 2010 fue condenado por beneficiarse de la remodelación millonaria de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar.

El expresidente niega la propiedad del departamento, y de hecho la Fiscalía no logró documentos que prueben que era el titular de las escrituras, pero declaraciones de ejecutivos de OAS, así como los planos de la reforma del departamento aprobados por la esposa fallecida de Lula indican que la familia del exmandatario era la real beneficiaria del inmueble.

Las encuestas de opinión reflejan una polarización en Brasil del electorado y de las posturas respecto a su figura: Lula da Silva lidera con el 37 por ciento de los sondeos, aunque la mitad de los encuestados brasileños cree que, como dictó la justicia, cometió actos de corrupción.

La semana pasada, durante una gira política en el sur del país, su caravana de tres autobuses fue atacada por al menos cuatro disparos, en un recrudecimiento de la tensión política en un país que enfrenta su período electoral más controvertido desde la redemocratización.

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Actualización: Motín en cárcel de Venezuela sube a 68 muertos

Caracas., 29 de marzo/Notimex. Un motín en el centro de detenciones de la policía de la región de Carabobo, en el norte de Venezuela, dejó 68 muertos, confirmó hoy el fiscal general interino, Tarek William Saab.

El cruento incidente ocurrió el miércoles en el centro de detenciones de la policía de Carabobo, donde presos amotinados provocaron un incendio del cual perdieron el control.

Entre las víctimas mortales están dos mujeres que visitaban a sus parejas, explicó Saab.

“El @MinpublicoVE informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia de la Policía del estado Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas: Hemos designado 4 fiscales (3 regionales y 1 nacional) para esclarecer estos dramáticos hechos”, dijo Saab en su cuenta de Twitter.

La declaración rompió el silencio oficial sobre el caso horas después de ocurridos los hechos.

La comandancia de la policía fue acordonada por brigadas antimotines de la Guardia Nacional (policía militarizada), que impidieron a los periodistas hacer su trabajo y contuvieron las protestas de los familiares de los presos.

Saab garantizó que profundizará las investigaciones para esclarecer de forma inmediata estos acontecimientos que “han enlutado a decenas de familias venezolan@s, así como establecer las responsabilidades a que haya lugar”.

“En las indagaciones preliminares, los resultados arrojan el fallecimiento de 66 hombres y dos mujeres que se encontraban en calidad de visitantes (pernocta). A los mismos se les realizaron los respectivos protocolos de autopsia y entrega respectiva de los cuerpos a sus familiares”, dijo.

El incidente ocurrió después que varios detenidos tomaran de rehén a uno de los vigilantes y decidieran provocar un incendio. Las primeras versiones dijeron que las víctimas fueron por quemaduras y asfixia.

Los calabozos de la comandancia de la policía de Carabobo son usados como cárcel provisional, desde donde muchos detenidos son llevados a los tribunales para recibir sus sentencias.

Este es uno de los hechos más cruentos en cárceles venezolanas. En 1994 un incendio dejó 108 muertos en la cárcel de Sabaneta, en el estado occidental de Zulia, lo que marcó el peor incidente en la historia.

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CNDH dirige Informe para dignificar cárceles del país

México, 05 de marzo/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que 48 de los 109 centros penitenciarios de baja capacidad en el país afrontan problemas de hacinamiento y niveles de sobrepoblación crítica, lo que supera su capacidad operativa e impide garantizar el cumplimiento mínimo de las normas reguladoras de la vida en prisión.

Además, propicia un ambiente inadecuado para el éxito de su función que debiera traducirse, cuando menos, en otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción social.

Por ello, emitió el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad Instalada en la República Mexicana, dirigido a los Gobiernos de los estados, al Gobierno de la Ciudad de México y al comisionado nacional de Seguridad.

En un comunicado, la CNDH destacó que en el país suman en total 358 establecimientos penitenciarios con 204 mil 617 personas privadas de la libertad, de las cuales 13 mil 177 están albergadas en los referidos 109 centros con capacidad menor a 250 espacios dependientes de las autoridades estatales.

Indicó que éstos últimos carecen en su mayoría de infraestructura mínima para desarrollar un buen régimen penitenciario.

Mientras que aquellos con sobrepoblación están ubicados en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

El Informe Especial deja claro que tales deficiencias son susceptibles de corrección, por lo que debe desarrollarse una política de armonización de los inmuebles con las exigencias que se derivan de poner en marcha un buen régimen.

Ante ello, la CNDH solicitó a los destinatarios del Informe Especial desarrollar acciones efectivas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de dichos centros.

De igual forma, desarrollar obras de infraestructura penitenciaria de baja capacidad en su caso y establecer programas de dignificación penitenciaria enfocados a proporcionar mantenimiento y mejora permanente a la estructura.

Además, mejorar el equipamiento de los centros para garantizar la clasificación de la población, seguridad, salud, deporte, educación, trabajo y capacitación para el mismo.

También, solicitó a más autoridades implementar programas para el desarrollo de modelos para centros penitenciarios de baja capacidad instalada y programas de mitigación para operar las instalaciones penitenciarias.

Otras acciones son establecer programas de clasificación bajo los criterios constitucionales e instrumentos internacionales, así como dotar a las áreas encargadas del sistema penitenciario de los recursos financieros indispensables.

El Informe Especial, que ya fue debidamente notificado a sus destinatarios, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx.

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Pequeño de 5 años salva la Navidad tras encerrar al ‘Grinch’ en la cárcel (+Video)

Posted by TeDera Dwayne Graves II on Monday, December 18, 2017

Redacción/en Contacto Digital, Xalapa, Ver., 22 de diciembre de 2017. Tylon Pittman es un pequeño de 5 años que se encontraba preocupado por que el Grinch pudiese robarse la navidad, por lo que decidió comunicarle su angustia a la policía. Lo curioso y divertido de esto, es que después de llamar al 911 y reportar el crimen, la oficial Lauren Develle acudió a su domicilio para atender el llamado de niño. Al presentarse, su familia estaba muy sorprendida por lo sucedido, sin embargo, el hermano mayor del niño, TeDera Dwayne Graves, grabó un video en el que Develle le preguntó al niño qué haría si el Grinch le intenta robar la Navidad, a lo que él contestó que volvería a llamar a la policía para que se lo lleven a la cárcel. Acto seguido, la oficial llevó al niño a la estación de policía, donde se encontraba detenido el personaje en cuestión y dándole la mano le dijo: “Has salvado la Navidad para la gente de Byram. Tu valentía es inigualable”. Cuando el niño le preguntó por qué se estaba robando la navidad, el Grinch solo se encogió de brazos y posteriormente Tylon lo encerró en su celda para siempre.

El video fue compartido por el hermano del menor y ha conmovido a muchos. Actualmente tiene más de 23 mil reproducciones.

Con información de Pulzo

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Exservidora pública enfrentará en prisión proceso penal por defraudación

México., 25 de octubre de 2017/Notimex. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la exfuncionaria pública que defraudó a la Secretaría de Desarrollo Social por más de 183 mil pesos recibió el auto de formal prisión.
 
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Luego de una denuncia interpuesta por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el 21 de abril de 2015, se ejerció acción penal en contra de María del Tránsito “N” por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

De la indagatoria se desprende que la exservidora pública y otras personas se encargaban de incorporar al sistema de esa dependencia el registro de alta y bajas de los beneficiarios de pensiones de adultos mayores de más de 65 años.

Cuando no se encontraba al beneficiario, se apropiaban de sus tarjetas, con lo cual causaron un detrimento patrimonial por más de 183 mil pesos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Por estos hechos, el 31 de agosto de 2017 el Ministerio Público, con residencia en Tapachula, Chiapas, ejerció acción penal en contra de cuatro exfuncionarios de la dependencia federal, y el 21 de septiembre del mismo año, el juez Segundo de Distrito del Estado libró orden de aprensión en su contra.

 
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