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Parlamento catalán prepara demanda contra magistrado español

Madrid, 13 de abril/Notimex. La mesa directiva del Parlamento de Cataluña, noreste de España, aprobó este jueves presentar una demanda contra el magistrado del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, por considerar que impide la investidura presidencial del independentista Jordi Sánchez.

La mayoría secesionista en la mesa directiva (Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña) votó a favor de presentar esa querella luego de que el jueves Llarena denegara a Sánchez salir de prisión para asistir a un pleno de investidura este viernes.

El presidente de la cámara, Roger Torrent, manifestó que la negativa de Llarena es “una vulneración a los derechos políticos” de Sánchez.

La querella tiene los posicionamientos en contra de Ciudadanos y del Partido Socialista, mientras que la coalición izquierdista En ComúnPodemos pidió consultar a especialistas para ver si procede la demanda antes de hacerla efectiva, pero la propuesta fue rechazada.

Los servicios jurídicos del Parlamento desaconsejaron que se presente la demanda, pero a pesar de ello Torrent es encargó redactar una querella por presunta prevaricación.

Llarena instruye los procesos contra los principales dirigentes independentistas a los que ha procesado por delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia cometidos en el reciente proceso secesionista de octubre.

La sesión para investir a Sánchez presidente de Cataluña era al cuarto intento del Parlamento catalán se proceder a este procedimiento tras las elecciones del 21 de diciembre, pero al estar en prisión preventiva no ha podido concretarse.

La propuesta inicial fue el expresidente Carles Puigdemont, actualmente en libertad bajo fianza en Alemania aún en proceso de entrega a España, y en marzo Jordi Turrul, que no consiguió los votos suficientes y un día después de eso ingresó en prisión por orden de Llarena. 

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Niegan a candidato presidencial catalán permiso para asistir a investidura

Madrid., 12 de abril/Notimex. El magistrado del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, denegó hoy al encarcelado Jordi Sánchez el permiso para asistir al pleno del Parlamento en el que está propuesto como candidato a la presidencia de Cataluña (noreste de España).

En un auto emitido este jueves, el juez respondió así a la petición del político independentista que pidió asistir a la sesión de mañana en el Parlamento de Cataluña, o bien participar por teleconferencia, algo que también le fue denegado.

Sánchez está en prisión desde octubre pasado por presunta rebelión y es el número dos en la lista electoral de Juntos por Cataluña que encabezó el expresidente y líder independentista Carles Puigdemont en las elecciones del 21 de diciembre pasado.

El presidente de la Cámara con sede en Barcelona, Roger Torrent, volvió a proponer a Sánchez por segunda vez (la anterior, en marzo, tampoco se materializó al no poder salir de prisión).

En una nota informativa, el Tribunal Supremo indicó que el juez mantiene “que existe riesgo de reiteración delictiva que no se conjura con ninguna de las medidas de libertad, conducción policial o intervención en la sesión de nombramiento mediante mecanismos telemáticos”.

Llarena cree que un eventual mandato de Sánchez se podría orientar “hacia el quebranto de una orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática”.

Asimismo, recuerda que Sánchez tiene una limitación del ejercicio en sus derechos políticos aunque sólo parcial, ya que no ha sido privado de su derecho a concurrir en un proceso electoral, ni de su derecho a ejercer el voto en su actuación parlamentaria.

Sin embargo, considera que las restricciones vigentes “resultan plenamente justificadas dadas las graves consecuencias que tendría su reincidencia respecto de los principios y derechos constitucionales y políticos de todos los ciudadanos españoles”.

Sobre la posición del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pidió en marzo pasado a España se respeten los derechos políticos de Sánchez, el magistrado consideró que “no se hace una indicación concreta al tribunal” español.

Tras conocerse la decisión del magistrado, se desconoce si a pesar de que no estará el candidato la sesión de este viernes se realizará en algún otro formato diferente al previsto inicialmente.

 

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Convocan en Cataluña a incierta investidura presidencial

Madrid, 09 de abril/Notimex. El presidente del Parlamento de Cataluña (noreste del país) Roger Torrent, convocó hoy a sesión de investidura presidencial para el próximo viernes, la que es incierta al proponer como candidato a Jordi Sánchez, preso desde octubre pasado.

La cámara con sede en Barcelona informó en un comunicado que Torrent envió al Tribunal Supremo de España para pedir que se permita a Sánchez salir de prisión el viernes y pueda someterse a la sesión de investidura.

Sánchez está en prisión preventiva acusado por delitos relacionados con el proceso independentista de octubre, cuando coordinaba la Asamblea Nacional Catalana, organización social impulsora de la secesión.

A pesar de estar en prisión, fue el segundo en la lista independentista Juntos por Cataluña (liderada por Carles Puigdemont), en las elecciones del 21 de diciembre, y fue propuesto por primera vez para presidente de la Generalitat el pasado 05 de marzo.

Sin embargo, el alto tribunal no aprobó su salida de prisión, con lo que el 22 de marzo se sometió a sesión de investidura Jordi Turull, quien no consiguió los votos suficientes y al día siguiente tras comparecer ante el Tribunal Supremo fue enviado a prisión.

Torrent envió al tribunal un posicionamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en que se insta al Estado español a tomar medidas para garantizar los derechos políticos de Sánchez.

En caso de poder asistir a la sesión del viernes, Sánchez tiene incierta su investidura, ya que con los votos de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) no suma los necesarios (67 de los 135 de la cámara) para su aprobación.

Los cuatro diputados anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) no votarán a favor de Sánchez, al no tener su compromiso de poner en marcha la República catalana, algo que sí han recibido de Puigdemont.

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Puigdemont podría quedar en libertad hoy tras pagar la fianza

Neumünster., 06 de abril/Notimex. El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont ya ha pagado la fianza y podría abandonar la prisión de Neumünster, en el norte de Alemania, en cualquier momento, según informó el fiscal general del estado de Schleswig-Holstein.

Desde antes de las 7:00 horas de la mañana de este viernes frío y con sol en Neumünster, decenas de periodistas españoles, alemanes y de agencias internacionales esperan la salida de Puigdemont, que está encerrado en la prisión de esa localidad desde el pasado 25 de marzo.

A media mañana ya son unas 150 personas las que se reúnen enfrente de la cárcel, entre ellas, muchos activistas independentistas venidos de otros lugares de Alemania y también de Cataluña. A poco antes de las 11:00 horas, los abogados de Puigdemont han entrado por la puerta de atrás.

Los 75 mil euros que le exige la audiencia territorial de Schleswig para quedar en libertad fueron depositados el jueves por la noche mediante la caja de solidaridad organizada por el movimiento independentista.

Los abogados de Puigdemont también deben presentar ante la fiscalía de Schleswig-Holstein datos sobre el domicilio que tendrá el expresidente de la Generalitat hasta que terminen los trámites de extradición.

El Tribunal Superior de Schleswig Holseintiene pendiente valorar si existe o no un equivalente en el código penal alemán del delito de malversación de fondos públicos. Ayer jueves ya decidió que no existe delito de alta traición (alemán)/rebelión (español), con lo cual puede quedar en libertad bajo fianza.

Ya no se teme el riesgo de fuga porque, según la audiencia, el delito pendiente de analizar es menor.

Wiebke Hoffelner, portavoz, explicó que no existe margen legal para recurrir la resolución del Tribunal Superior, que no atendió su petición de mantener en prisión a Puigdemont.

Hoffelner no comentó la decisión del tribunal. Según fuentes del Tribunal, la decisión que ha venido motivada porque la justicia alemana no ve violencia unida a la organización del referéndum del 1 de octubre pasado.

La fiscalía ahora continuará con la tramitación del caso en base al delito de malversación: debe aclarar los hechos y recibir información complementaria.

Esto significa que, caso que Puigdemont sea extraditado por malversación de fondos, sólo podría ser juzgado por este delito en España.

De hecho, hay una decena de políticos catalanes que están en prisiones españolas acusados de los delitos de rebelión y sedición. La incógnita es saber qué pasaría con todos ellos si Puigdemont fuera extraditado sólo por el delito menor.

Otra posibilidad es que el juez Llanera, del Tribunal Supremo español, retire en el último minuto la euroorden, igual que ya hizo en Bélgica, y Puigdemont quede en libertad. Si volviera entonces a España, sería detenido de inmediato, pero podría volver a su domicilio provisional en Waterloo, en Bélgica.

Para esta tarde se espera que lleguen a Schleswig-Holstein 15 diputados del partido de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) y otros cuatro del partido también independentistas ERC.

El gobierno español dijo ayer que respetaría la decisión de la justicia alemana. También lo dijo el ejecutivo de Angela Merkel que por ahora no se ha pronunciado sobre el anuncio de la desestimación de la causa de rebelión para extraditar a Puigdemont.

Sólo el portavoz europeo del partido de izquierdas Die Linke, Andrej Hunko, mostró su satisfacción (Gut so) mediante un mensaje corto vía Twitter.

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Carles Puigdemont recibe visitas en el penal alemán de Neumünster

Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont visita a su marido.

Berlín., 04 de abril/Notimex. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, recibió hoy visitas en la prisión alemana de Neumünster, al norte de Alemania, donde se encuentra encarcelado, mientras que la justicia de Schleswig Holstein toma una decisión sobre su eventual extradición a España.

La mujer del expresidente, Marcela Topor, le visitó por primera vez desde su arresto por parte de la policía alemana el pasado 25 de marzo.

La familia Puigdemont-Topor estaría mirando opciones de alojamiento por la zona de Schleswig-Holstein porque el proceso de tramitación de la extradición puede alargarse.

En la verja que rodea el penal, algunos seguidores catalanes colocaron dos banderas de Cataluña, así como fotos del político independentista. Se identificaron como catalanes independentistas españoles en contra del gobierno del presidente Mariano Rajoy y piden la libertad de Puigdemont.

El vicepresidente del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, acudió este día a saludar al expresidente de la Generalitat. Ha insistido en que Carles Puigdemont está bien, es optimista y confía en la independencia de la justicia alemana, de acuerdo con declaraciones a la prensa ahí reunida.

“Tiene una buena predisposición a defenderse y a defender políticamente lo que le ha llevado hasta aquí. Está dispuesto a seguir representando lo que al día de hoy quiere el Parlamento de Cataluña, así como lo que representa el mandato democrático de los ciudadanos de Cataluña”, dijo Costa.

La Mesa del Parlamento catalán aceptó este martes la delegación del voto del expresidente. “No hay ninguna intención de hacer renuncias ni de dar ningún paso atrás”.

“El presidente es optimista y tiene plena confianza en que la justicia de este país (Alemania) le escuchará y respetará sus derechos, y que podrá ver que, en última instancia, es una causa política”, añadió al explicar el punto de vista del político y de su gente.

Desde las filas de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) partido de la coalición de gobierno de Ángela Merkel, ya hubo las primeras reacciones, que se mantienen en la línea habitual del ejecutivo alemán: insistir en que el conflicto catalán debe ser resuelto a nivel interno en España en el marco de la Constitución.

Una curiosidad: los visitantes han regalado una máquina de escribir a Puigdemont dado que los ordenadores no están permitidos en las celdas de Neumünster.

La Fiscalía de Schleswig-Holstein pidió tramitar la víspera la extradición del expresidente catalán, quien está acusado por el gobierno español de malversación de fondos públicos y rebelión, por llevar a cabo el referéndum de independencia el 1 de octubre pasado pese a la oposición del gobierno español.

El Tribunal Superior de Schleswig Holstein estudia ahora si procede o no la extradición.

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Fiscalía alemana solicita la extradición a España de Carles Puigdemont

Berlín., 03 de abril/Notimex. La Fiscalía General de Schleswig-Holstein solicitó este martes la extradición a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión y malversación y ha pedido mantenerlo en prisión por riesgo de fuga.

La Fiscalía General de Schleswig-Holstein solicitó este martes la entrega del ex presidente catalán a España ante el Tribunal Regional Superior (OLG) de esa región del norte de Alemania, donde está detenido el líder separatista, de acuerdo con el sitio de noticias Deutsche Welle (DW).

El Ministerio Público había comunicado desde un principio que daría a conocer su decisión después de los días festivos de Semana Santa, que en Alemania se extienden hasta el lunes de Pascua. La complejidad del caso llevó a las autoridades a agilizar el proceso.

Presentada la solicitud, el OLG deberá ahora analizar la petición de la Fiscalía para ver si existen pruebas, para lo que contará con toda la documentación enviada desde España y determinará si la entrega a las autoridades españolas es admisible legalmente.

Existe un límite máximo de 60 días para mantener detenido a Puigdemont hasta que la Justicia alemana decida su entrega a España en el caso de que el líder independentista catalán no acepte su extradición.

“La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos”, destaca en un comunicado la Fiscalía, que considera que el delito que imputa la Justicia española a Puigdemont puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán.

Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum.

“No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles”, sostuvo.

Las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de 2017, continúa la Fiscalía, se corresponden con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán.

“Continúan la razones para su detención por riesgo de fuga”, subraya la Fiscalía, quien considera que medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras la Audiencia Territorial de Schleswig decide sobre su extradición.

El ex jefe del Gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido hace poco más de una semana en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español, que lo investiga por rebelión y malversación.

El lunes de la semana pasada, la justicia alemana decidió mantenerlo en la cárcel de Neumünster, en el norte del país, mientras estudiaba su posible entrega a España.

Puigdemont fue detenido el domingo 25 de marzo en el norte de Alemania, poco después de cruzar la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de la euroorden dictada por el juez Pablo Llanera.

El expresidente trataba de regresar a Bruselas, donde residía desde que huyó de la justicia española hace cinco meses, tras una visita de dos días a Finlandia, donde había dado una conferencia y se había reunido con parlamentarios finlandeses.

Un día después de su arresto, un juzgado de primera instancia alemán decretó que permaneciese en prisión de forma provisional mientras la fiscalía estudiaba la petición de extradición española porque consideraba que había riesgo de fuga.

Durante su estancia en la cárcel, ha recibido la visita de sus abogados, el español Jaume Alonso-Cuevillas y el alemán Wolfgang Schonburg, así como de varios políticos alemanes, como el eurodiputado euroescéptico Bernd Lucke y el diputado de La Izquierda Dieter Dehm.

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Investigan en Cataluña a Comités de Defensa de República

Madrid, 02 de abril/Notimex. La Fiscalía de la Audiencia Nacional española anunció hoy que investiga en Cataluña (noreste de España) a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), por acciones recientes surgidas en movilizaciones en esa comunidad.

En una nota informativa, el Ministerio Público precisó que impulsa investigaciones penales “para llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos actos vandálicos, que ponen en peligro no sólo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático”.

En concreto, se trata de hechos ocurridos en las protestas tras la detención del expresidente de la Generalitat catalana y líder independentista, Carles Puigdemont, que ha consistido en choques con la policía, destrozo de mobiliario urbano, cortes de carreteras y otros.

La Fiscalía señaló que junto con los cuerpos policiales y bajo la dirección de la Audiencia Nacional “se mantienen activas investigaciones en persecución de estas conductas, más allá de las meras y concretas acciones individuales”.

“No puede obviarse el hecho de que con su actuar lo que se pretende es la subversión del orden constitucional, amparando y ensalzando con violencia a personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado social y democrático de Derecho como es la rebelión”, indicó.

Consideró que esas conductas “pudieran constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, no serán permitidos y la Fiscalía, como garante del orden constitucional, actuará con contundencia contra los mismos para llevar a sus autores ante la justicia”.

Tras conocerse esta noticia, los grupos autodenominados CDR enviaron un mensaje a sus integrantes en redes sociales en los que asegura que no se consideran entidades “sino pueblo organizado”, al que se quiere desmotivar y desmovilizar con esas informaciones.

De acuerdo con medios españoles, la dificultad para investigar a estos grupos es la falta de una estructura de mando vertical y la organización espontánea de muchas de sus acciones.

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Puigdemont impugna causa judicial de Tribunal español

Madrid, 02 de abril/Notimex. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, impugnó hoy la causa judicial del Tribunal Supremo de España en su contra, por delitos rebelión y malversación de fondos cometidos en el proceso independentista de octubre pasado.

El abogado del líder independentista (actualmente en prisión preventiva en Alemania en espera de resolverse su entrega a España), Jaume Alonso Cuevillas presentó el recurso de impugnación a la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de procesarlo.

En su escrito, Puigdemont reclama que se anulen las actuaciones en su contra por considerar que no se le ha permitido el ejercicio de la defensa y que en el caso concreto del delito de rebelión no se ha acreditado la violencia de la que se le acusa.

Llarena procesó a los principales dirigentes independentistas por este delito, a los que relaciona con diversos sucesos ocurridos en Cataluña (noreste de España), que atribuye como constitutivos de violencia, pero que Puigdemont lo niega.

En concreto, acusa una estrategia de confrontación contra las fuerzas de seguridad del Estado que trataban de impedir el referéndum de independencia del 1 de octubre (no reconocido por el Estado español).

Como ejemplo, el magistrado refirió los sucesos del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y Hacienda, cuando la Guardia Civil española buscaba pruebas para impedir el referéndum del 1 de octubre y miles de personas trataban de impedir su labor.

Asimismo, destaca los sucesos del 1 de octubre cuando se registraron varios choques entre la policía española y ciudadanos en los centros de votación que fueron cerrados.

“Por violencia, no cabe entender unas manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causaren daños en el marco de las referidas manifestaciones”, expuso Puigdemont a través de su defensa.

“A lo sumo, podrían ser constitutivas del tipo penal de desórdenes públicos o, acaso, resistencia a la autoridad”, abundó.

Reiteró que el día 1 de octubre “los manifestantes únicamente se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, actuación que, en algunos casos, excedió claramente los límites del cumplimiento de sus deberes”.

El líder independentista espera en el centro penitenciario de Neumünster, norte de Alemania, que la Fiscalía germana se pronuncie sobre la solicitud de entrega de España.

Sobre ello, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, declaró este lunes que el gobierno solo trabaja con la hipótesis de que la justicia alemana accederá a la petición del Tribunal Supremo español.

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Exconsejera que huyó con Puigdemont se entrega a la justicia británica

Madrid., 28 de marzo/Notimex. La exconsejera de Enseñanza de Cataluña Clara Ponsatí se ha entregado este miércoles en una comisaría de Edimburgo donde fue detenida en función de la orden europea remitida por la justicia española, por su apoyo al referéndum ilegal de independencia de Cataluña.

Tras hacer una breve declaración ante los medios de comunicación a las puertas del edificio policial, Ponsatí entraba en la comisaría de Saint Leonards de Edimburgo, acompañada de su abogado, Aamer Anwar, que es también rector de la Universidad de Glasgow.

“Nuestro equipo legal tiene claras instrucciones para defender firmemente a la profesora Ponsati contra los intentos de extradición por parte de España”, declaró Anwar, de acuerdo con reportes de la prensa española.

Contra Ponsati había una euroorden de arresto y había regresado a su puesto en la Universidad de St. Andrews el pasado 10 de marzo tras su fuga a Bruselas con el expresident Carles Puigdemont.

“Clara cree que las acusaciones contra ella equivalen a una persecución política y sostiene que no tiene garantías de que se cumpla la justicia y se respeten los derechos humanos en los tribunales españoles”, agregó Anwar.

“Clara sigue firme en su convicción de que el Gobierno español nunca conseguirá doblegar el espíritu del pueblo catalán”, señaló.

Anwar anticipó que su equipo pedirá la puesta en libertad bajo fianza de Ponsatí durante las diligencias del proceso de extradición, que puede prolongarse durante varias semanas.

La detención se produce cuando el Parlamento de Cataluña debate si Carles Puigdemont tiene derecho a presentarse como candidato a la investidura para presidir la Generalitat (gobierno catalán).

La propuesta de resolución cuenta con el apoyo de los tres partidos independentistas de la cámara, aunque su aprobación, señalan los medios locales, no significa que su candidatura pueda salir adelante en un pleno de investidura.

El Tribunal Constitucional exigió previamente que el candidato se encuentre físicamente presente en el hemiciclo.

El dirigente independentista, Puigdemont, fue detenido por la policía alemana cuando intentaba entrar la mañana del 25 de marzo en el país desde Dinamarca y el lunes declaró ante la justicia, que decidirá su posible extradición a España.

Puigdemont se trasladó en octubre de 2017 a Bélgica para evitar su posible detención por parte de las autoridades españolas

La justicia española lo acusa, junto a otra veintena de líderes separatistas catalanes, de alentar desde su cargo un movimiento de insurrección activa con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña, cargo al que después se sumaron los de malversación de fondos y rebelión.

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Proceso independentista es ‘ataque a Estado constitucional’: juez español

Madrid, 23 de marzo/Notimex. El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, calificó este viernes el proceso independentista en Cataluña, en el noreste de España, como un “ataque al Estado constitucional”, que además está latente a pesar del relevo de sus protagonistas.

En el auto de procesamiento de 25 de los 28 investigados por el proceso independentista que culminó con la declaración de secesión del 27 de octubre de 2017, los responsabiliza de “un diseño criminal” del proceso que deriva en delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.

“Este proceso hace frente a un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”, señaló Llarena en el texto de su resolución.

Es “un ataque que puede estar en desarrollo por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas”, recalcó.

En la resolución, de 69 páginas, Llarena recordó los principales hechos registrados en los últimos seis años en los que se preparó el proceso independentista a través de diferentes gobiernos, formaciones y alianzas políticas, participación de grupos sociales y cambios legislativos.

Destacó que la trayectoria y futuro del proceso parte del llamado Libro Blanco Hacia la Transición Nacional de Cataluña de 2014, que precisa los principales elementos para convertir a esta comunidad en un país independiente en forma de República.

Subrayó que un elemento importante de las acusaciones estuvo en los sucesos del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía y Hacienda, cuando la Guardia Civil española buscaba pruebas para impedir el referéndum del 01 de octubre, no reconocido por el gobierno de España, y miles de personas trataban de impedir su labor.

Expuso que son hechos “que reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia”, en lo que unas 60 mil personas actuaron como “una masa de fuerza”.

“Además destrozar vehículos policiales, atacar bienes personales mediante el lanzamiento de objetos, o impidiendo que los acosados pudieran ejercer su libertad de acción y deambulación durante las largas horas que duró el asedio”, señaló el juez.

Consideró que esos hechos “determinaron el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”.

Refirió que esa forma de conducir a los simpatizantes de la independencia se trasladó a la organización y realización del referéndum del 01 de octubre pasado, para hacer frente al despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

“Supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedió el día de la votación”, abundó.

Llarena puntualizó que “la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza”.

Sobre el delito de rebelión, Llarena recordó que la ley lo tipifica para quienes “se alzaren violenta y públicamente para (entre otros fines) declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno”.

El auto de procesamiento recuerda que se acusa a quienes incurran en ello, aún cuando la iniciativa no se materialice en una independencia de una parte del territorio.

Por ese delito se procesa al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; siete exconsejeros del gobierno catalán Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolores Bassa.

Asimismo, a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira.

De la acusación de desobediencia, recordó que se trata de la negativa de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que pedían no proceder a cambiar la legislación que permitiera la consulta del 01 de octubre, su convocatoria y el intento de impulsar la república.

Por desobediencia se procesa a los exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet; a la expresidenta del grupo parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Mireia Boya, y su exportavoz Anna Gabriel Sabaté.

De malversación de fondos públicos, Llarena indicó que se trata de los contratos, autorizaciones, contratos y disposiciones realizadas para la organización del referéndum y que suma un millón 600 mil euros.

Por este delito se procesa a Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comín, Bassa, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2.1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del gobierno catalán procesados, para asegurar responsabilidades pecuniarias.

La cuantía se estableció sumando a los 1.6 millones de euros que el juez señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 01 de octubre, según las investigaciones.

Llarena mantiene en prisión a Junqueras Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y las medidas cautelares contra los que huyeron a Bruselas Puigdemont, Comín, Serret, Puig y Ponsatí, y Anna Gabriel Sabaté a Ginebra.

De los 28 investigados, no resultaron procesados el expresidente de la Generalitat, Artur Mas; la presidenta del Partido de los Demócratas Catalanes (PDCat), Marta Pascal; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras.

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