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CIDH pide a Estados Unidos no ejecutar a mexicano Roberto Moreno

Washington, 02 de noviembre/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió de nuevo al gobierno de Estados Unidos detener la ejecución del mexicano Roberto Moreno Ramos, prevista para el 14 de noviembre en Texas.

La Comisión señaló que, de ignorar la petición, Estados Unidos iría en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos como Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Moreno Ramos fue condenado a la pena capital por un jurado en la fronteriza ciudad de Edimburg, Texas, en 1993, tras ser encontrado culpable de asesinar con un martillo a su esposa y sus dos hijos menores de edad.

La defensa pidió desechar el proceso contra el mexicano, al alegar que cuando fue detenido no fue informado de sus derechos, entre ellos tener acceso a representación consular, antes de que fuera interrogado por la policía.

La CIDH consideró que Estados Unidos debe revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que los extranjeros arrestados, encarcelados o bajo custodia sean informados de su derecho a la asistencia consular.

En enero de 2005, la CIDH concluyó que Estados Unidos era responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo con respecto a los procesos penales que llevaron a la imposición de la pena de muerte contra Moreno Ramos.

La Comisión recordó a Estados Unidos que “al llevar a cabo la ejecución de Roberto Moreno Ramos, cometería una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración Americana”.

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CIDH denuncia crímenes de defensores de derechos humanos en Guatemala

Washington, 31 de octubre/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó alarma por los 22 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala ocurridos este año y pidió a sus autoridades implementar leyes para su protección.

De acuerdo con cifras oficiales, solo en julio fueron asesinados al menos tres líderes sociales y comunitarios, incluyendo a Juana Raymundo, cuyo cuerpo con señales de tortura fue encontrado el 28 de ese mes, a orillas de un río entre las comunidades de Nebaj y Acambalam.

Juana Raymundo era defensora de derechos humanos maya Ixil, integrante y parte de la coordinación del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en aquella región del ese del país.

Asimismo, el 21 de septiembre fue asesinada en Nejab la defensora Juana Ramírez Santiago, de 57 años de edad e integrante de la junta directiva de la Red de Mujeres Ixiles.

La presidenta de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, destacó que el problema se agudiza ante la persistente discriminación contra las mujeres en Guatemala.

“Las defensoras de derechos humanos han de desafiado los estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública”, afirmó la también Relatora de Derechos para Mujeres y Personas Afrodescendientes.

Durante los primeros seis meses del año un total de 10 defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones indígenas y campesinas fueron asesinados en Guatemala.

La situación fue condenada semanas atrás por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH).

Frente a esa situación, el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos consideró urgente que el estado adopte cuando antes una política pública para la protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos.

“Cualquier avance en el proceso de aprobación de esta política debe hacerse en consulta con las organizaciones de la sociedad civil”, apuntó. 

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PRD considera esencial crear una comisión de la verdad para caso Iguala

México, 30 de septiembre/Notimex. El diputado perredista Antonio Ortega Martínez, consideró indispensable que el gobierno federal entrante conforme la Comisión Investigadora para la Verdad sobre el caso Iguala, y que la supervisen instancias internacionales para evitar su politización.

Además, consideró “saludable” que Andrés Manuel López Obrador emita desde el primer día de su gobierno un decreto presidencial que ordene a todas las instancias gubernamentales colaborar con las investigaciones para eliminar las trabas que, a lo largo de cuatro años, han encontrado las pesquisas.

Dijo que también sería positivo que en los primeros días del nuevo gobierno se solicite formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reactive la asistencia técnica para apoyar las investigaciones.

Expuso que aun cuando la orden del Primer Tribunal Colegiado del 19 Circuito de Tamaulipas está suspendida por impugnaciones interpuestas por al menos 10 instancias federales, con el argumento de que sólo el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar, hay el sustento constitucional, convencional y legal para crear la citada comisión.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que es necesario considerar a quién se le otorgará la titularidad del órgano de investigación y ubicación jurídica, al Poder Ejecutivo, al Judicial, al ámbito de la sociedad civil (como la ya acostumbrada figura de Comisión de la Verdad) acudiendo a instancias internacionales, o en una combinación de las cuatro.

Recordó que las comisiones de la verdad se crean cuando resulta muy difícil determinar una verdad jurídica apegada a la de los hechos y a la justicia, cuando no hay acceso a pruebas fehacientes porque fueron destruidas o tergiversadas.

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Expone PGR acciones en caso Ayotzinapa; hay 69 personas bajo proceso

México, 26 de septiembre/Notimex. La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hay 69 personas bajo proceso y aclaró que si aún no hay sentencia en el caso es por las circunstancias propias de los procesos penales.

A cuatro años de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, expuso que en todo momento se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias, se cuenta con un equipo humano dedicado exclusivamente a la atención de dicho caso, y hay 620 tomos de expediente de averiguación previa.

La PGR indicó se cuenta con mil 447 personas declaradas ante el Ministerio Público, mil 945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

Como resultado de las investigaciones, añadió, se han efectuado además numerosas consignaciones ante los tribunales, y se encuentran bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos.

En un comunicado, abundó que en materia de búsqueda se han efectuado 650 acciones pie-tierra en coordinación con distintas corporaciones, se ha aplicado tecnología LiDAR en superficies de aproximadamente un kilómetro cuadrado y 60 kilómetros cuadrados, en zonas sugeridas por la representación de las víctimas.

Señaló que se han revisado de manera directa cientos de puntos específicos en búsqueda de fosas clandestinas, en lo que han intervenido integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), además de peritos de la PGR, con participación de la representación legal de las víctimas indirectas, y con apoyo de instrumentos como el georadar y con binomios caninos.

Asimismo se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las que se consideran necesarias a partir de la información que surge de las referidas indagaciones.

La Procuraduría aclaró además que las circunstancias propias de los procesos penales, entre las que se encuentra el alargamiento procesal derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados, han arrojado que no exista todavía sentencia en relación a dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público.

Reiteró, además de su compromiso irrefutable, su comprensión respecto a la gran afectación a “las familias de los estudiantes normalistas, y a los derechos que por ley les asisten en esa condición, así como el legítimo derecho que tienen para mantener sus demandas de justicia”.

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Unos 2.3 millones de venezolanos emigraron para no morir de hambre: CIDH

Washington, 05 de septiembre/Notimex. La migración forzada de 2.3 millones de venezolanos a otros países representa el mayor desafío de las Américas y una de las más graves crisis humanitarias en la historia del continente, advirtió hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Muchas personas se están viendo forzadas a migrar para no morir, o ver morir a sus seres queridos, de hambre, o incluso por falta de tratamiento médico”, señaló la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, María Claudia Pulido.

En el marco de una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por su secretario general Luis Almagro, Pulido señaló que la crisis va en aumento por lo que se requiere de una estrategia y respuesta regional coordinada para mitigar la crisis.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Colombia alberga al mayor número de inmigrantes venezolanos con un millón de personas, seguida por Ecuador, Perú, Brasil y Chile, pero también a otros países de la región y fuera del continente.

La CIDH destacó acciones de gobiernos como el permiso especial de permanencia en Colombia y Perú, el reconocimiento de refugiados en México, el uso de la visa Mercado Común del Sur (Mercosur) en Argentina y Uruguay, el otorgamiento de residencia temporal en Brasil y regularización en Ecuador.

Sin embargo, lamentó que existan “vacíos de protección”, como el rechazo en zonas fronterizas, deportaciones arbitrarias, requisitos para presentar documentos oficiales como pasaportes y la dificultad de los venezolanos de pagar los costos de la documentación.

La perspectiva de la CIDH fue compartida por el Instituto de Política Migratoria (MPI) de Washington. Su director Andrew Seele consideró que la crisis migratoria y humanitaria empeorará, porque apenas se encuentra en sus inicios y no en su final.

La delegación de Venezuela ante la OEA rechazó de antemano la convocatoria a la reunión por no haber sido consultada sobre la realización del evento y sostuvo que es una confirmación del carácter “hostil e inamistoso” de los convocantes.

“Se están usando estas sesiones como una plataforma de agresión contra nuestro país a través de un abordaje selectivo y claramente politizado de la realidad venezolana. Desde ya decimos que rechazamos la convocatoria, sus consecuencias (y) sus decisiones”, señaló.

En su turno, el representante de México, Jorge Lomónaco, renovó su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que acepte ayuda de emergencia

“Reiteramos el llamado que hemos hecho a las autoridades venezolanas para el ingreso de asistencia humanitaria que ayude a aliviar la grave crisis que sufre el pueblo venezolano”, señaló el diplomático mexicano.

Igualmente pidió al gobierno de Venezuela a dotar de manera urgente a sus ciudadanos de documentación de identidad.

Por su parte, la delegación estadunidense llamó al gobierno de Maduro a permitir “incondicionalmente” la ayuda internacional e hizo notar que la administración de Donald Trump ha aportado 46 millones de dólares en apoyo a los venezolanos más vulnerables.

No obstante, señaló que la ayuda por sí sola no puede resolver la situación y que se requieren reformas económicas, el regreso al respeto de los derechos humanos y de las libertades, así como elecciones libres con supervisión internacional.

Estados Unidos hizo un “urgente llamado” a Venezuela a aceptar una visita de la CIDH.

La víspera, 11 países latinoamericanos emitieron en Quito, Ecuador, una declaración en la que piden establecer un programa regional especial para garantizar una migración ordenada y segura desde Venezuela.

La “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región”, emitida tras dos días de deliberaciones, pidió establecer un programa regional especial con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El texto fue suscrito este martes por altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

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CIDH presenta balance sobre avances de investigaciones en Ayotzinapa

México, 03 de septiembre/Notimex. Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron un informe sobre el balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa, ante estudiantes y padres de familia de la escuela Normal, en Guerrero.

Los integrantes de la CIDH reiteraron su rechazo a las investigaciones efectuadas por el gobierno federal, las que, dijeron, requieren una investigación independiente, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Durante el informe estuvieron presentes Esmeralda Erosemena, relatora para México de la CIDH; Luis Ernesto Vargas, comisionado de la CIDH, Pablo Abrao, secretario Ejecutivo de la CIDH; Jan Jarb, representante en México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, y Luis Raúl González Pérez, Comisionado Nacional para los Derechos Humanos.

La CIDH exigió al Estado mexicano una investigación imparcial, así como la creación de la comisión de la verdad, y confían que durante la próxima administración que está por iniciar se abra la posibilidad de que las víctimas puedan tener acceso a la justicia.

Luis Ernesto Vargas anunció que han sido enviadas cerca de 150 preguntas al Estado Mexicano para que responda tres aspectos que son la búsqueda, la investigación criminal y la visitaduría de la PGR.

De acuerdo a la CIDH, en sus argumentos, sospecha de una reunión previa en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, de Guerrero, poco antes del ataque en el municipio de Iguala, Guerrero, que derivó en la desaparición de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Los integrantes de la CIDH dijeron que no aceptarán el resultado de la las autoridades federales y piden que se lleve a cabo una investigación alterna con la comisión de la verdad y que sea el próximo gobierno quien de la oportunidad a los padres de familia de conocer la verdad sobre la desaparición de sus hijos.

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Se contabilizan 322 muertos en protestas en Nicaragua: CIDH

Washington, 24 de agosto/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó hoy en 322 la cifra de muertos en Nicaragua en el contexto de las protestas sociales iniciadas el pasado 18 de abril y la subsecuente campaña de represión del gobierno.

Aunque el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la CIDH, reportó una disminución de acciones violentas y del uso de la fuerza letal para reprimir acciones de protesta, dijo que continúa la persistencia de la estigmatización y criminalización de las mismas.

Hizo notar en particular la persistencia de dificultades para que los nicaragüenses acusados accedan a la debida defensa y el debido proceso, así como violaciones a los derechos humanos de los detenidos y sus familias.

En un reporte actualizado dado difundido este viernes, el MESENI, indicó que de las 322 víctimas fatales registradas en los pasados cinco meses, 21 fueron policías y 23 más niñas, niños y adolescentes.

Esa cifra contrasta con el último reporte consolidado ofrecido a la CIDH por el gobierno nicaragüense, que colocó el saldo en 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio.

En su desglose, el gobierno del presidente Daniel Ortega informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”; y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas”, derivadas de la actividad delictiva común.

Indicó asimismo que otras fueron “manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, y difamar”, al Estado, aunque no presentó un listado de las personas fallecidas.

Frente a estas inconsistencias, la CIDH, reiteró igualmente la necesidad de que el gobierno garantice el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de cotejarlas y verificarlas.

El MESENI dijo que con base en información que ha recibido, ha podido determinar que cientos de personas estarían detenidas, e insistió en la necesidad de que las autoridades del gobierno proporcione las cifras oficiales y la información detallada sobre las personas detenidas.

La CIDH también reiteró su llamado al gobierno a avanzar investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes de personas manifestantes como consecuencia de la represión, y todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde abril. 

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Celebran medidas en favor de infantes separados de familias en EUA

México, 20 de agosto/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar medidas cautelares en favor de la niñez migrante separada de sus familias, a fin de protegerla de tratos crueles e inhumanos derivado de la actual política migratoria en ese país.

El número de niñas y niños migrantes que serían beneficiarios de estas medidas cautelares ascendería, al día de hoy, a 572, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que celebró la decisión del organismo internacional.

En un comunicado, resaltó que el otorgamiento de esas medidas es producto de la alianza de seis ombudsperson de la región, quienes por primera vez y marcando un precedente importante para el trabajo coordinado de las instituciones nacionales de Derechos Humanos se unieron para solicitar esta acción.

Así el 16 de agosto la CIDH ordenó a los Estados Unidos adoptar medidas necesarias para la protección a los derechos de la vida familiar, la integración personal y a la identidad de los beneficiarios propuestos.

Particularmente “asegurando que esos derechos sean protegidos a través de la reunificación de las niñas y niños con sus familiares o sus padres biológicos y en apoyo del interés superior de los niños”.

De igual forma, le solicitó adoptar las medidas necesarias mientras se lleva a cabo la reunificación, para inmediatamente garantizar la comunicación libre y regular, apropiada entre los beneficiarios y sus familiares conforme a su mejor interés.

Asimismo con el objetivo de proteger sus derechos, deberá proporcionar servicios médicos y asistencia psicológica entre otras medidas que puedan ser necesarias, como la asistencia consular.

Además de la CNDH de México, impulsaron esta iniciativa la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.

También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, lo cual ha traído como resultado que la Comisión Interamericana ordene las medidas de protección solicitadas.

“Con estas medidas cautelares se busca proteger los derechos humanos que resultan imprescindibles para que las niñas y niños disfruten de una calidad de vida apropiada, como son sus derechos a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal”, aclaró la CIDH.

Estos derechos humanos deben ser protegidos especialmente ante la situación inhumana en que se encuentran la niñez migrante, luego de haber sido separados de sus familias como consecuencia de la política de “tolerancia cero” implementada por el gobierno norteamericano.

Más aún tomando en consideración que las crueles condiciones en que se encuentran podrían generarles afectaciones a su integridad física y psicológica, añadió.

La CIDH solicitó que el Gobierno de los Estados Unidos le informe en un período de 10 días acerca de la adopción de las medidas cautelares y actualizar periódicamente esta información.

 

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Aplaza OEA sesión para discutir nueva resolución sobre Nicaragua

Washington, 02 de agosto/Notimex. La sesión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir la situación en Nicaragua fue aplazada para esta tarde, mientras se negocia una nueva resolución presentada por siete países.

La sesión estaba prevista a iniciar a las 10:00 horas locales (14:00 GMT), pero una docena de países solicitaron que se aplazara hasta las 14:30 mientras se continúa la discusión de la iniciativa propuesta por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú.

La nueva iniciativa propone la creación de una Comisión Especial para Nicaragua que estaría compuesta por un representante de cada grupo regional y otros Estados miembros de la OEA.

Poco antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 317 el número de muertos por la violencia política en Nicaragua y denunció prácticas de persecución judicial y criminalización contra opositores al régimen del presidente Daniel Ortega.

La cifra de muertes reportada desde el pasado 18 de abril y recabada en el terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), incluye 23 niños, niñas y adolescentes, así como 21 policías.

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CIDH eleva a 317 el número de muertos por violencia en Nicaragua

Washington, 02 de agosto/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó hoy a 317 el número de muertos por la violencia en Nicaragua, iniciada en abril pasado, y denunció prácticas de persecución judicial y criminalización contra opositores al régimen.

La cifra de muertes reportada desde el pasado 18 de abril y recabada en el terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), incluye 23 niños, niñas y adolescentes, así como 21 policías.

La comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró a través de un comunicado que la Comisión condenó todos los asesinatos, e instó al gobierno de Nicaragua a investigar “con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes”.

“El Estado (nicaragüense) debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, apuntó.

En su informe, el MESENI afirmó que constató y documentó una mayor represión y operativos desplegados por la Policía Nacional y grupos parapoliciales para eliminar barricadas a través de todo el país, en el marco de la llamada operación por la paz.

Indicó que tras el levantamiento de esas barricada mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado “numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad”.

El comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, dijo que la CIDH ha tenido conocimiento del aumento “vertiginoso” de estas detenciones sin las garantías del debido proceso.

“Hacemos un llamado urgente al Estado (nicaragüense) a asegurar el estricto cumplimiento de la ley, y demás garantías procesales de todos las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia”, enfatizó.

La comisión demandó que el gobierno de Nicaragua cese la criminalización de quienes participan en manifestaciones pacíficas, “y se abstenga de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales”.

Asimismo, externó su preocupación por la falta de respuesta por parte de las autoridades a las peticiones de la CIDH para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos en el contexto de la actual crisis.

Las protestas en Nicaragua comenzaron el 18 de abril pasado en contra de las reformas al sistema del seguro social impulsadas por el presidente Daniel Ortega, hasta el momento han dejado cientos de muertos, unos dos mil 800 heridos y 595 desaparecidos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

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