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Unos 2.3 millones de venezolanos emigraron para no morir de hambre: CIDH

Washington, 05 de septiembre/Notimex. La migración forzada de 2.3 millones de venezolanos a otros países representa el mayor desafío de las Américas y una de las más graves crisis humanitarias en la historia del continente, advirtió hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Muchas personas se están viendo forzadas a migrar para no morir, o ver morir a sus seres queridos, de hambre, o incluso por falta de tratamiento médico”, señaló la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, María Claudia Pulido.

En el marco de una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por su secretario general Luis Almagro, Pulido señaló que la crisis va en aumento por lo que se requiere de una estrategia y respuesta regional coordinada para mitigar la crisis.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Colombia alberga al mayor número de inmigrantes venezolanos con un millón de personas, seguida por Ecuador, Perú, Brasil y Chile, pero también a otros países de la región y fuera del continente.

La CIDH destacó acciones de gobiernos como el permiso especial de permanencia en Colombia y Perú, el reconocimiento de refugiados en México, el uso de la visa Mercado Común del Sur (Mercosur) en Argentina y Uruguay, el otorgamiento de residencia temporal en Brasil y regularización en Ecuador.

Sin embargo, lamentó que existan “vacíos de protección”, como el rechazo en zonas fronterizas, deportaciones arbitrarias, requisitos para presentar documentos oficiales como pasaportes y la dificultad de los venezolanos de pagar los costos de la documentación.

La perspectiva de la CIDH fue compartida por el Instituto de Política Migratoria (MPI) de Washington. Su director Andrew Seele consideró que la crisis migratoria y humanitaria empeorará, porque apenas se encuentra en sus inicios y no en su final.

La delegación de Venezuela ante la OEA rechazó de antemano la convocatoria a la reunión por no haber sido consultada sobre la realización del evento y sostuvo que es una confirmación del carácter “hostil e inamistoso” de los convocantes.

“Se están usando estas sesiones como una plataforma de agresión contra nuestro país a través de un abordaje selectivo y claramente politizado de la realidad venezolana. Desde ya decimos que rechazamos la convocatoria, sus consecuencias (y) sus decisiones”, señaló.

En su turno, el representante de México, Jorge Lomónaco, renovó su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que acepte ayuda de emergencia

“Reiteramos el llamado que hemos hecho a las autoridades venezolanas para el ingreso de asistencia humanitaria que ayude a aliviar la grave crisis que sufre el pueblo venezolano”, señaló el diplomático mexicano.

Igualmente pidió al gobierno de Venezuela a dotar de manera urgente a sus ciudadanos de documentación de identidad.

Por su parte, la delegación estadunidense llamó al gobierno de Maduro a permitir “incondicionalmente” la ayuda internacional e hizo notar que la administración de Donald Trump ha aportado 46 millones de dólares en apoyo a los venezolanos más vulnerables.

No obstante, señaló que la ayuda por sí sola no puede resolver la situación y que se requieren reformas económicas, el regreso al respeto de los derechos humanos y de las libertades, así como elecciones libres con supervisión internacional.

Estados Unidos hizo un “urgente llamado” a Venezuela a aceptar una visita de la CIDH.

La víspera, 11 países latinoamericanos emitieron en Quito, Ecuador, una declaración en la que piden establecer un programa regional especial para garantizar una migración ordenada y segura desde Venezuela.

La “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región”, emitida tras dos días de deliberaciones, pidió establecer un programa regional especial con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El texto fue suscrito este martes por altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

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CIDH presenta balance sobre avances de investigaciones en Ayotzinapa

México, 03 de septiembre/Notimex. Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron un informe sobre el balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa, ante estudiantes y padres de familia de la escuela Normal, en Guerrero.

Los integrantes de la CIDH reiteraron su rechazo a las investigaciones efectuadas por el gobierno federal, las que, dijeron, requieren una investigación independiente, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Durante el informe estuvieron presentes Esmeralda Erosemena, relatora para México de la CIDH; Luis Ernesto Vargas, comisionado de la CIDH, Pablo Abrao, secretario Ejecutivo de la CIDH; Jan Jarb, representante en México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, y Luis Raúl González Pérez, Comisionado Nacional para los Derechos Humanos.

La CIDH exigió al Estado mexicano una investigación imparcial, así como la creación de la comisión de la verdad, y confían que durante la próxima administración que está por iniciar se abra la posibilidad de que las víctimas puedan tener acceso a la justicia.

Luis Ernesto Vargas anunció que han sido enviadas cerca de 150 preguntas al Estado Mexicano para que responda tres aspectos que son la búsqueda, la investigación criminal y la visitaduría de la PGR.

De acuerdo a la CIDH, en sus argumentos, sospecha de una reunión previa en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, de Guerrero, poco antes del ataque en el municipio de Iguala, Guerrero, que derivó en la desaparición de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Los integrantes de la CIDH dijeron que no aceptarán el resultado de la las autoridades federales y piden que se lleve a cabo una investigación alterna con la comisión de la verdad y que sea el próximo gobierno quien de la oportunidad a los padres de familia de conocer la verdad sobre la desaparición de sus hijos.

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Se contabilizan 322 muertos en protestas en Nicaragua: CIDH

Washington, 24 de agosto/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó hoy en 322 la cifra de muertos en Nicaragua en el contexto de las protestas sociales iniciadas el pasado 18 de abril y la subsecuente campaña de represión del gobierno.

Aunque el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la CIDH, reportó una disminución de acciones violentas y del uso de la fuerza letal para reprimir acciones de protesta, dijo que continúa la persistencia de la estigmatización y criminalización de las mismas.

Hizo notar en particular la persistencia de dificultades para que los nicaragüenses acusados accedan a la debida defensa y el debido proceso, así como violaciones a los derechos humanos de los detenidos y sus familias.

En un reporte actualizado dado difundido este viernes, el MESENI, indicó que de las 322 víctimas fatales registradas en los pasados cinco meses, 21 fueron policías y 23 más niñas, niños y adolescentes.

Esa cifra contrasta con el último reporte consolidado ofrecido a la CIDH por el gobierno nicaragüense, que colocó el saldo en 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio.

En su desglose, el gobierno del presidente Daniel Ortega informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”; y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas”, derivadas de la actividad delictiva común.

Indicó asimismo que otras fueron “manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, y difamar”, al Estado, aunque no presentó un listado de las personas fallecidas.

Frente a estas inconsistencias, la CIDH, reiteró igualmente la necesidad de que el gobierno garantice el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de cotejarlas y verificarlas.

El MESENI dijo que con base en información que ha recibido, ha podido determinar que cientos de personas estarían detenidas, e insistió en la necesidad de que las autoridades del gobierno proporcione las cifras oficiales y la información detallada sobre las personas detenidas.

La CIDH también reiteró su llamado al gobierno a avanzar investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes de personas manifestantes como consecuencia de la represión, y todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde abril. 

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Celebran medidas en favor de infantes separados de familias en EUA

México, 20 de agosto/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar medidas cautelares en favor de la niñez migrante separada de sus familias, a fin de protegerla de tratos crueles e inhumanos derivado de la actual política migratoria en ese país.

El número de niñas y niños migrantes que serían beneficiarios de estas medidas cautelares ascendería, al día de hoy, a 572, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que celebró la decisión del organismo internacional.

En un comunicado, resaltó que el otorgamiento de esas medidas es producto de la alianza de seis ombudsperson de la región, quienes por primera vez y marcando un precedente importante para el trabajo coordinado de las instituciones nacionales de Derechos Humanos se unieron para solicitar esta acción.

Así el 16 de agosto la CIDH ordenó a los Estados Unidos adoptar medidas necesarias para la protección a los derechos de la vida familiar, la integración personal y a la identidad de los beneficiarios propuestos.

Particularmente “asegurando que esos derechos sean protegidos a través de la reunificación de las niñas y niños con sus familiares o sus padres biológicos y en apoyo del interés superior de los niños”.

De igual forma, le solicitó adoptar las medidas necesarias mientras se lleva a cabo la reunificación, para inmediatamente garantizar la comunicación libre y regular, apropiada entre los beneficiarios y sus familiares conforme a su mejor interés.

Asimismo con el objetivo de proteger sus derechos, deberá proporcionar servicios médicos y asistencia psicológica entre otras medidas que puedan ser necesarias, como la asistencia consular.

Además de la CNDH de México, impulsaron esta iniciativa la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.

También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, lo cual ha traído como resultado que la Comisión Interamericana ordene las medidas de protección solicitadas.

“Con estas medidas cautelares se busca proteger los derechos humanos que resultan imprescindibles para que las niñas y niños disfruten de una calidad de vida apropiada, como son sus derechos a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal”, aclaró la CIDH.

Estos derechos humanos deben ser protegidos especialmente ante la situación inhumana en que se encuentran la niñez migrante, luego de haber sido separados de sus familias como consecuencia de la política de “tolerancia cero” implementada por el gobierno norteamericano.

Más aún tomando en consideración que las crueles condiciones en que se encuentran podrían generarles afectaciones a su integridad física y psicológica, añadió.

La CIDH solicitó que el Gobierno de los Estados Unidos le informe en un período de 10 días acerca de la adopción de las medidas cautelares y actualizar periódicamente esta información.

 

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Aplaza OEA sesión para discutir nueva resolución sobre Nicaragua

Washington, 02 de agosto/Notimex. La sesión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir la situación en Nicaragua fue aplazada para esta tarde, mientras se negocia una nueva resolución presentada por siete países.

La sesión estaba prevista a iniciar a las 10:00 horas locales (14:00 GMT), pero una docena de países solicitaron que se aplazara hasta las 14:30 mientras se continúa la discusión de la iniciativa propuesta por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú.

La nueva iniciativa propone la creación de una Comisión Especial para Nicaragua que estaría compuesta por un representante de cada grupo regional y otros Estados miembros de la OEA.

Poco antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 317 el número de muertos por la violencia política en Nicaragua y denunció prácticas de persecución judicial y criminalización contra opositores al régimen del presidente Daniel Ortega.

La cifra de muertes reportada desde el pasado 18 de abril y recabada en el terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), incluye 23 niños, niñas y adolescentes, así como 21 policías.

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CIDH eleva a 317 el número de muertos por violencia en Nicaragua

Washington, 02 de agosto/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó hoy a 317 el número de muertos por la violencia en Nicaragua, iniciada en abril pasado, y denunció prácticas de persecución judicial y criminalización contra opositores al régimen.

La cifra de muertes reportada desde el pasado 18 de abril y recabada en el terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), incluye 23 niños, niñas y adolescentes, así como 21 policías.

La comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró a través de un comunicado que la Comisión condenó todos los asesinatos, e instó al gobierno de Nicaragua a investigar “con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes”.

“El Estado (nicaragüense) debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, apuntó.

En su informe, el MESENI afirmó que constató y documentó una mayor represión y operativos desplegados por la Policía Nacional y grupos parapoliciales para eliminar barricadas a través de todo el país, en el marco de la llamada operación por la paz.

Indicó que tras el levantamiento de esas barricada mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado “numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad”.

El comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, dijo que la CIDH ha tenido conocimiento del aumento “vertiginoso” de estas detenciones sin las garantías del debido proceso.

“Hacemos un llamado urgente al Estado (nicaragüense) a asegurar el estricto cumplimiento de la ley, y demás garantías procesales de todos las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia”, enfatizó.

La comisión demandó que el gobierno de Nicaragua cese la criminalización de quienes participan en manifestaciones pacíficas, “y se abstenga de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales”.

Asimismo, externó su preocupación por la falta de respuesta por parte de las autoridades a las peticiones de la CIDH para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos en el contexto de la actual crisis.

Las protestas en Nicaragua comenzaron el 18 de abril pasado en contra de las reformas al sistema del seguro social impulsadas por el presidente Daniel Ortega, hasta el momento han dejado cientos de muertos, unos dos mil 800 heridos y 595 desaparecidos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

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Eleva CIDH a 295 la cifras de muertos en Nicaragua

Washington, 25 de julio/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 295 la cifra de personas que han sido asesinadas en el marco de la violencia derivada de la represión del gobierno y fuerzas parapoliciacas en Nicaragua.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abräu, mostró a través de su cuenta en Twitter cómo la nueva cifra representa un aumento de más de 300 por ciento respecto a los 76 decesos que se contabilizaron durante la visita que realizó en mayo pasado.

En su informe ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentado el pasado 11 de julio, la comisión colocó la cifra en 264, anotando entonces que entre los muertos figuraban policías, aunque la mayoría eran civiles.

El gobierno de Nicaragua, que se refiere a los manifestantes como terroristas, rechazó el informe por considerarlo “apurado, prejuiciado y carente de objetividad”, y ha rehusado a ofrecer una cifra de muertos, haciendo énfasis en los asesinatos de policías y simpatizantes sandinistas.

En su informe, la CIDH señaló que durante su visita de trabajo pudo determinar que “la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y que siguió un patrón común, caracterizado por: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluyendo el uso de la fuerza letal de manera deliberada y sistemática”.

La violencia se desató desde el pasado 18 de abril, cuando el gobierno reprimió a decenas de civiles que salieron a la calle en Managua para protestar por una nueva ley de pensiones, que eventualmente fue cancelada.

La semana pasada, 21 países votaron en el Consejo Permanente a favor de una resolución con la que la OEA condenó la represión ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega en contra de los manifestantes.

La OEA se pronunció igualmente a favor de que haya cambios en el calendario electoral, y posibilitar con ello comicios presidenciales adelantados, aunque en una entrevista el lunes Ortega lo descartó, al asegurar que ello generaría inestabilidad en su país.

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Holanda suspende ayuda a Nicaragua por violación de los Derechos Humanos

Ámsterdam, 21 de julio/Notimex. Holanda suspendió temporalmente la construcción de un hospital en la zona norcaribe de Nicaragua, valorado en 21.5 millones de dólares, debido a “las graves violaciones de derechos humanos cometidos por oficiales del gobierno y grupos parapoliciales”.

En un comunicado, el gobierno del Reino de los Países Bajos expresó preocupación por “la violencia, represión, detenciones arbitrarias y la falta de libertades fundamentales en Nicaragua que ha venido sucediendo desde el 18 de abril”, cuando iniciaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

“Debido a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por oficiales del gobierno y grupos parapoliciales, el gobierno del Reino de los Países Bajos ha suspendido la cooperación con el gobierno de Nicaragua con respecto a la construcción del Hospital en Bilwi”, señaló el documento publicado en su página web.

“La contribución holandesa de 18.4 millones de euros (unos 21.5 millones de dólares) se suspende durante dos meses”, precisó el comunicado.

En mayo de 2017, Holanda donó a Nicaragua 18.4 millones de euros para la construcción y el equipamiento de un nuevo hospital en el municipio de Bilwi o Puerto Cabezas, en el Caribe norte.

Los recursos permitirán cofinanciar y equipar el reemplazo del “Hospital Regional Nuevo Amanecer”, localizado en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN).

La decisión también se tomó “debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes en Nicaragua”, acotó.

Durante las protestas, que han dejado al menos 351 muertos y más de dos mil heridos, muchos jóvenes baleados fueron rechazados en los hospitales públicos y varios de ellos murieron por esa razón, según denuncias publicadas en la prensa local.

En las redes sociales también han circulado numerosas fotografías de camionetas donadas por el gobierno de Holanda trasladando a policías y paramilitares armados.

Asimismo, instó al gobierno nicaragüense a implementar las 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “incluida la investigación de las denuncias de obstrucción a la asistencia médica, el cese inmediato de la violencia y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.

También saludó el trabajo de un grupo de expertos formado por la CIDH para investigar las violaciones a los derechos humanos, y abogó por “la importancia del proceso de diálogo nacional y del cumplimiento de los acuerdos establecidos bajo este marco”.

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Reporta CIDH 264 muertos e intensificación de represión en Nicaragua

Washington, 11 de julio/Notimex. La mayoría de los países en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) renovó hoy su llamado a Nicaragua para poner fin a la represión y ejecuciones extrajudiciales ante el agravamiento de la crisis que ha dejado, según la CIDH, 264 muertos.

Sin embargo, el llamado fue ignorado por el gobierno nicaragüense, que rechazó de nueva cuenta un informe actualizado presentado ante este órgano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al calificarlo de “apurado, prejuiciado y carente de objetividad”.

“Nicaragua no acepta, no puede aceptar el informe de la CIDH. Rechazamos al informe”, dijo en Washington el canciller nicaragüense, Denis Moncada, quien aseguró que se requiere tiempo para realizar un reporte objetivo y apegado.

En un discurso de más de 20 minutos, Moncada presentó su versión de la situación que se vive en la nación centroamericana desde el inicio de las protestas callejeras, el 18 de abril pasado, en contra de la ley de reforma del sistema de seguridad social.

Moncada caracterizó las manifestaciones como un “embate terrorista con el fin de realizar un golpe de Estado” y leyó una larga lista de muertos y heridos, y propiedades destruidas en días recientes en las comunidades de Jinotepe y Diriamba.

Aunque en una audiencia realizada el mes pasado, Moncada reconoció la existencia de 143 muertos, este miércoles los nombres de las víctimas que leyó fueron en su mayoría de policías o militantes del partido gobernante FSLN, indicando que la información que presentaba era “veraz y objetiva”.

Sin embargo, omitió toda referencia a los miembros de la Conferencia Episcopal Nicaragüenses, incluyendo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Baéz, que fueron agredidos el lunes pasado por paramilitares en Diriamba.

Durante la presentación de su informe actualizado, el secretario general de la CIDH, Paulo Abräu, dijo que el agravamiento de la situación resulta preocupante, al hacer notar que la cifra actual de muertos, es casi tres veces más alta que la que les fue reportado en su visita a Nicaragua en mayo pasado.

De acuerdo con el reporte, la cifra de personas muertas de todos los bandos, se ubica ahora en 264, además de mil 800 heridos, aunque de acuerdo con organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil el número de fatalidades asciende ya a 351.

Abräu denunció además una “diversificación y profundización” de la represión, incluyendo la invasión de tierras, y dijo que se requiere un mayor pronunciamiento internacional sobre la situación.

La CIDH “hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exige al Estado nicaragüense poner fin inmediato a la represión y detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando”, dijo.

El embajador de Mexico, Jorge Lomónaco, consideró que el agravamiento de la situación requiere urgente atención, y recordó que los Estados miembros de la OEA tienen un papel que jugar en la solución de esa crisis.

Tras lamentar el aumento de muertos y heridos y la falta de avances en el diálogo nacional, indicó que el gobierno de su país se sumaba al llamado de la CIDH y la ONU “para que todas las acciones de levantamiento de focos de violencia y operativos de la policía nacional, sigan estrictamente un enfoque de derechos humanos”.

Por su parte, el embajador estadunidense Carlos Trujillo señaló que el incremento en la violenta represión ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, tiene como propósito su preservación en el poder.

“Los violadores de derechos humanos deben rendir cuentas, y como Estados miembros, debes apoyar los esfuerzos de la comisión en este sentido”, dijo Trujillo durante su intervención.

Mientras que la delegación de Venezuela, al igual que Nicaragua, rechazó el informe de la CIDH por ser parcializado, carente de objetividad, “el cual sólo tiene como objetivo validar las acciones delictivas cometidas por grupos violentos en Nicaragua”.

En su turno, la representación de Chile calificó la situación en el país centroamericano como “una vergüenza para la democracia regional y nos obliga a reiterar el llamado al gobierno de Nicaragua a tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir su Constitución política, que estipula que sólo puede haber dos instituciones armadas en el país: la policía y el ejército”.

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Nombra CIDH a grupo que investigará violencia en Nicaragua

Washington, 02 de julio/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la composición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvará en las investigaciones sobre la violencia en Nicaragua, en el marco de las protestas sociales desatadas en abril pasado.

El grupo estará compuesto por el exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra, y la jurista peruana Sofía Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones de Perú, para la elaboración del Registro Único de Víctimas.

El equipo también integra a Pablo Parenti, exfiscal argentino de la unidad especializado para casos de apropiación de niños durante la dictadura militar, así como la jurista y exfiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien también fue parte del GIEI para el caso mexicano de Ayotzinapa.

El GIEI analizará las técnicas de las líneas de investigación abiertas, incluido el agotamiento correcto de algunas, y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, y asegurarse de que las figuras legales usadas encuadren en posibles ilícitos y sus responsables.

La comisión explicó que el grupo tendrá garantías de autonomía e independencia, así como de acceso a los expedientes de investigaciones y de seguridad para realizar su trabajo.

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes será de seis meses y podrá extenderse por acuerdo de las partes involucradas: el gobierno, la sociedad civil representada en la mesa de diálogo y la propia CIDH.

A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que fue instalado en Nicaragua el 24 de junio, la comisión dará seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

El -Mesenida seguimiento de la implementación de las recomendaciones de las observaciones preliminares del grupo de la CIDH, que realizó una visita a Nicaragua en abril pasado, y el cual fue origen al informe que presentó dos semanas atrás ante el Consejo Permanente.

En ese informe, que fue repudiado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, la CIDH denunció la existencia de un patrón desmedido de uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden para reprimir las protestas sociales que tienen lugar en aquella nación centroamericana, que ha dejado más de 200 muertos.

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