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Reporta CIDH 264 muertos e intensificación de represión en Nicaragua

Washington, 11 de julio/Notimex. La mayoría de los países en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) renovó hoy su llamado a Nicaragua para poner fin a la represión y ejecuciones extrajudiciales ante el agravamiento de la crisis que ha dejado, según la CIDH, 264 muertos.

Sin embargo, el llamado fue ignorado por el gobierno nicaragüense, que rechazó de nueva cuenta un informe actualizado presentado ante este órgano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al calificarlo de “apurado, prejuiciado y carente de objetividad”.

“Nicaragua no acepta, no puede aceptar el informe de la CIDH. Rechazamos al informe”, dijo en Washington el canciller nicaragüense, Denis Moncada, quien aseguró que se requiere tiempo para realizar un reporte objetivo y apegado.

En un discurso de más de 20 minutos, Moncada presentó su versión de la situación que se vive en la nación centroamericana desde el inicio de las protestas callejeras, el 18 de abril pasado, en contra de la ley de reforma del sistema de seguridad social.

Moncada caracterizó las manifestaciones como un “embate terrorista con el fin de realizar un golpe de Estado” y leyó una larga lista de muertos y heridos, y propiedades destruidas en días recientes en las comunidades de Jinotepe y Diriamba.

Aunque en una audiencia realizada el mes pasado, Moncada reconoció la existencia de 143 muertos, este miércoles los nombres de las víctimas que leyó fueron en su mayoría de policías o militantes del partido gobernante FSLN, indicando que la información que presentaba era “veraz y objetiva”.

Sin embargo, omitió toda referencia a los miembros de la Conferencia Episcopal Nicaragüenses, incluyendo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Baéz, que fueron agredidos el lunes pasado por paramilitares en Diriamba.

Durante la presentación de su informe actualizado, el secretario general de la CIDH, Paulo Abräu, dijo que el agravamiento de la situación resulta preocupante, al hacer notar que la cifra actual de muertos, es casi tres veces más alta que la que les fue reportado en su visita a Nicaragua en mayo pasado.

De acuerdo con el reporte, la cifra de personas muertas de todos los bandos, se ubica ahora en 264, además de mil 800 heridos, aunque de acuerdo con organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil el número de fatalidades asciende ya a 351.

Abräu denunció además una “diversificación y profundización” de la represión, incluyendo la invasión de tierras, y dijo que se requiere un mayor pronunciamiento internacional sobre la situación.

La CIDH “hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exige al Estado nicaragüense poner fin inmediato a la represión y detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando”, dijo.

El embajador de Mexico, Jorge Lomónaco, consideró que el agravamiento de la situación requiere urgente atención, y recordó que los Estados miembros de la OEA tienen un papel que jugar en la solución de esa crisis.

Tras lamentar el aumento de muertos y heridos y la falta de avances en el diálogo nacional, indicó que el gobierno de su país se sumaba al llamado de la CIDH y la ONU “para que todas las acciones de levantamiento de focos de violencia y operativos de la policía nacional, sigan estrictamente un enfoque de derechos humanos”.

Por su parte, el embajador estadunidense Carlos Trujillo señaló que el incremento en la violenta represión ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, tiene como propósito su preservación en el poder.

“Los violadores de derechos humanos deben rendir cuentas, y como Estados miembros, debes apoyar los esfuerzos de la comisión en este sentido”, dijo Trujillo durante su intervención.

Mientras que la delegación de Venezuela, al igual que Nicaragua, rechazó el informe de la CIDH por ser parcializado, carente de objetividad, “el cual sólo tiene como objetivo validar las acciones delictivas cometidas por grupos violentos en Nicaragua”.

En su turno, la representación de Chile calificó la situación en el país centroamericano como “una vergüenza para la democracia regional y nos obliga a reiterar el llamado al gobierno de Nicaragua a tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir su Constitución política, que estipula que sólo puede haber dos instituciones armadas en el país: la policía y el ejército”.

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Nombra CIDH a grupo que investigará violencia en Nicaragua

Washington, 02 de julio/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la composición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvará en las investigaciones sobre la violencia en Nicaragua, en el marco de las protestas sociales desatadas en abril pasado.

El grupo estará compuesto por el exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra, y la jurista peruana Sofía Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones de Perú, para la elaboración del Registro Único de Víctimas.

El equipo también integra a Pablo Parenti, exfiscal argentino de la unidad especializado para casos de apropiación de niños durante la dictadura militar, así como la jurista y exfiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien también fue parte del GIEI para el caso mexicano de Ayotzinapa.

El GIEI analizará las técnicas de las líneas de investigación abiertas, incluido el agotamiento correcto de algunas, y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, y asegurarse de que las figuras legales usadas encuadren en posibles ilícitos y sus responsables.

La comisión explicó que el grupo tendrá garantías de autonomía e independencia, así como de acceso a los expedientes de investigaciones y de seguridad para realizar su trabajo.

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes será de seis meses y podrá extenderse por acuerdo de las partes involucradas: el gobierno, la sociedad civil representada en la mesa de diálogo y la propia CIDH.

A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que fue instalado en Nicaragua el 24 de junio, la comisión dará seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

El -Mesenida seguimiento de la implementación de las recomendaciones de las observaciones preliminares del grupo de la CIDH, que realizó una visita a Nicaragua en abril pasado, y el cual fue origen al informe que presentó dos semanas atrás ante el Consejo Permanente.

En ese informe, que fue repudiado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, la CIDH denunció la existencia de un patrón desmedido de uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden para reprimir las protestas sociales que tienen lugar en aquella nación centroamericana, que ha dejado más de 200 muertos.

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México presentará ante la OEA resolución sobre separación de niños

Washington, 26 de junio/Notimex. El gobierno de México llevará a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el tema de los niños separados de familias migrantes detenidas en la frontera, informó hoy aquí el canciller Luis Videgaray.

“El gobierno de México habrá de presentar un proyecto de resolución en el Consejo Permanente sobre este gravísimo tema”, dijo a periodistas el secretario mexicano de Relaciones Exteriores al término de un encuentro privado que, junto con una delegación del Congreso de su país, sostuvo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La resolución será presentada el viernes próximo durante la reunión ordinaria del Consejo y, de acuerdo con Videgaray, se espera que el documento sea co-patrocinado por otros países de la región.

El propósito, explicó, es hacer “una condena formal a este acción cruel, inhumana e injustificada, en segundo lugar, mandatar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer visitas en sitio, y, conforme lo considere, adoptar las medidas correspondientes en el ámbito de sus facultades”.

Videgaray hizo notar que en adición a esta gestión ante la OEA, México está actuando en todo los frentes, foros e instancias multilaterales para exponer y dejar constancia de su rechazo y condena a esta acción derivada de la política de “tolerancia cero” de la administración estadunidense.

“El sistema Interamericano de derechos humanos juega un papel importante en este materia, y habremos de seguir trabajando para que esto sea adoptado de una manera rápida y eficaz”, dijo.

Señaló que de los 22 niños mexicanos que han sido afectados por esta práctica, la mayoría ya se reunió con sus padres, aunque dejó en claro que para su gobierno este no es un tema de números.

“Este es un tema de niños y niñas, puestos en una condición absolutamente inaceptable, separados de sus padres, en el cual son más de dos mil casos, en su mayoría de origen centroamericanos, que a los mexicanos y a las mexicanas nos preocupan tanto como los casos de niños mexicanos”, dijo.

En su encuentro con Almagro, la delegación mexicana reiteró su condena a estas separaciones, y su preocupación por los niños mantenidos separados, aún después de la orden ejecutiva firmada la semana pasada por el presidente Donald Trump para detener la criminalización de los inmigrantes detenidos al cruzar la frontera.

Videgaray no descartó la posibilidad de que su gobierno solicite la realización de una sesión extraordinaria del Consejo para tratar el tema, pero insistió que la situación hace apremiante abordarlo ya.

“La sesión (ordinaria) está ya convocada, y eso nos permitiría abordar el tema esta misma semana. Una sesión extraordinaria es también una posibilidad, pero seguramente tendría que ser en las semanas subsecuentes, y creemos que aquí hay una urgencia inminente”, precisó.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, quien encabezó la delegación de ambas cámaras, dejó en claro que el rechazo y la condena de México ante este práctica van más allá de las nacionalidades.

“Para México es inadmisible que esto suceda. Aún cuando los niños no sean mexicanos. Nos parece inadmisible que estas cosas se estén dando en un país, y es lo que venimos a platicar con nuestras contrapartes estadunidenses, y también aquí en la OEA”, expresó.

Previo a la cita con Almagro, la delegación se reunió con el senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta, y tiene previsto un encuentro con la lideresa de la fracción hispana en la Cámara de Representantes, Michelle Luján Grisham.

De igual manera, se entrevistará con el congresista republicano William Hurd, autor de una propuesta de ley sobre los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y con Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Interna del Senado.

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Agenda Migrante pide crear política específica para atender a niños

México, 19 de junio/Notimex. Es indispensable una política migratoria para atender a niños en la frontera norte, ya que de no hacerlo, estos menores de edad podrían convertirse en “carne de cañón” del crimen organizado, como los llamados “niños de circuito”, usados para traficar personas.

Así lo advirtió Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante, quien en entrevista con Notimex recordó que en julio próximo vence el plazo que impuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para mejorar la atención a este grupo poblacional.

Explicó que el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y el crecimiento de los flujos de menores no acompañados hacia aquel país, ha generado una verdadera crisis en la frontera Norte de México, que exige soluciones específicas.

Uno de los casos más graves, es el de los llamados “niños de circuito”, es decir, menores a los que recluta el crimen organizado por la fuerza o por voluntad, para llevar migrantes indocumentados a Estados Unidos.

Como son menores de edad no los pueden detener en el país del norte y estos niños van y vienen hasta 50 veces en un lapso de dos meses e, incluso, son sus propios padres quienes los ponen a disposición de la delincuencia organizada para esas actividades, puesto que cada viaje les deja de 200 a 300 dólares.

En cada una de las comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos se tienen identificados alrededor de 100 niños con estas características, a muchos de los cuales conocen por nombre y apellido las autoridades de ambos lados.

Además, los niños centroamericanos que viajan solos y no pueden entrar a Estados Unidos, también son forzados por los delincuentes para estas labores.

Ante ello, Rendón Cárdenas exigió la creación de una política pública en materia migratoria diferenciada para este sector de la población, que incluya albergues productivos con la adecuada atención psicológica y la empatía necesaria para atender a este sector altamente vulnerable.

Dijo que el gobierno del estado de Chihuahua está implementando una estrategia en este sentido, que podría ser tomada como modelo para otras entidades que comparten el problema.

Aseguró que podría servir para que el DIF, atienda la recomendación que en esta materia emitió la CIDH y cuyo cumplimiento está ordenado para julio próximo.

En todo caso, se trata de un tema complejo que debe atender a diversos grupos como los menores no acompañados, los niños que vienen de retorno aunque hayan nacido en Estados Unidos, mismos que son víctimas de la delincuencia organizada y quienes son entregados a ellos por sus propios padres.

Para ello se requiere de una política pública en materia migratoria, no sólo diferenciada, sino focalizada y con recursos etiquetados para hacer frente al problema.

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Comisión de Víctimas atenderá recomendaciones sobre caso Iguala

México, 07 de junio/Notimex. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) recalcó que atenderá las recomendaciones del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, pues las valoraciones sobre su trabajo sirven para mejorar los procesos de atención y evitar la revictimización.

Ante el reciente informe de balance del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la CEAV refrendó su compromiso hacia los jóvenes normalistas y sus familias.

El hecho de que el Mecanismo Especial valore positivamente la atención brindada a dos estudiantes y reconozca la atención médica especializada proporcionada a los familiares “nos alienta a continuar trabajando en mejorar nuestros procesos de atención y vinculación con instituciones como la Secretaría de Salud”, expuso en un comunicado.

En ese sentido, reiteró que continuará trabajando de la mano de las víctimas, organizaciones y sociedad en general, para que toda acción que se implemente se haga mediante una coordinación efectiva que incorpore un enfoque diferencial y especializado, y sea continua y consistente.

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CIDH denuncia que patrón de violencia en Nicaragua se ha intensificado

Washington, 06 de junio/Notimex. El patrón de violencia que vive Nicaragua desde abril tras las manifestaciones populares en respuesta a la nueva ley de seguridad social, se ha intensificado y diversificado, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Paulo Abräu, Secretario Ejecutivo de la CIDH dijo que el escalamiento de este patrón ha quedado de manifiesto en los 127 personas muertas desde el 18 de abril, 51 de ellas en las ultimas dos semanas, mil 200 heridos y casi medio millar de detenidos.

“No se trata exclusivamente de un escalonamiento de la violencia pero también del uso de nuevas formas, de nuevas prácticas represivas dentro del país. Parece qué hay una nueva frontera de la represión instalada en el país”, dijo.

Estas nuevas prácticas incluyen secuestró de jóvenes universitarios; incendio de medios de comunicación y edificios estatales; hostigamiento de adultos mayores; ataque contra refugiados y posible ataques con pesticidas.

A estas se suman el uso indiscriminado de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden y grupos paramilitares, incluyendo el uso de francotiradores; detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

En conferencia de prensa, junto con el líder estudiantil Fernando Sánchez y la viuda del periodista Eduardo Gaona, Abräs dijo que ante este escalamiento es posible que existan muchas personas que han optado por pasar a la clandestinidad para resguardarse.

Dijo que el conjunto de información recibida durante la visita de dos semanas que realizaron a Nicaragua, sumada a la que han continuado recibiendo conforma cada uno de los hechos que el informe preliminar de la comisión.

“Estos testimonios revelan para nosotros la confirmación del primer padrón de acciones represivas”, dijo.

Dio a conocer que además de presentar el informe final ante el Consejo Permanente de la OEA, la CIDH llevará varias acciones, que incluyen seleccionar los cuatros integrantes del Grupo Independientes de Expertos Internacionales (GIEI) para Nicaragua.

Asimismo, continuarán adelante otorgando medidas cautelares, como la que extendieron el martes a favor del sacerdote de Masaya, Edwin Eriberto Guzmán Calderón, y el defensor de derechos humanos, Alvaro Leyva Sánchez.

Fernando Sánchez, por su parte, denunció el clima de persecución que viven los líderes estudiantiles, y como eso ha obligado algunos cómo él a modificar sus hábitos, incluyendo dejar de momento sus casas.

“Nos persiguieron, nos tomaron fotos, videos, revelando datos personas de quienes veníamos a esto. Lo que nos espera regresando a Nicaragua”, advirtió.

Migueliuth Sandoval, esposa de Gaona, quien fue asesinado por un policía mientras hacía una transmisión en vivo para redes sociales de los hechos de violencia en la comunidad de Bluefields, denunció que la represión del gobierno contra los periodistas conlleva un mensaje de intimidación. Ese mensaje, dijo, es “o te callas o te mato”.

La comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, consideró  que la resolución sobre Nicaragua aprobada en la 48 Asamblea General de la OEA, “fue positiva” porque le dio visibilidad a la situación en la nación centroamericana.

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Reeligen a juez mexicano a Corte Interamericana de Derechos Humanos

Washington, 05 de junio/Notimex. El mexicano Eduardo Ferrer McGregor fue reelecto para servir un segundo periodo de seis años como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), juntos con otros dos juristas de Colombia y Uruguay.

La elección se produjo durante el segundo día de trabajos de la 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una apretada votación entre los cuatro aspirantes.

Los cancilleres y representantes de las 34 naciones reunidas en la sede general de la OEA eligieron también a los juristas Humberto Sierra Porto, de Colombia, y Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay.

McGregor obtuvo 21 votos de parte de los 22 estados que votaron, seguido por Pérez Manrique con 19, en tanto que Sierra Porto, quien también es ya juez de la Corte IDH, consiguió 16.

La abogada Nardi Elizabeth Suxo Iturri, exministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, quedó eliminada al alcanzar apenas siete votos.

Ferrer McGregor se desempeña actualmente como presidente de la CIDH, cargo al que fue electo en noviembre pasado, siendo el tercer mexicano en ocuparlo.

Antes lo hicieron los juristas Héctor Fix Zamudio, de 1990 a 1993, y Sergio García Ramírez, del 2004 al 2007.

Nacido en Tijuana, en el estado mexicano de Baja California en 1968, Ferrer McGregor fue electo como juez de la corte en 2013.

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PGR, aún sin notificación sobre fallo respecto a caso Iguala

México, 05 de junio/Notimex. La Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que no ha recibido notificación alguna sobre la resolución informada por el Poder Judicial de la Federación de los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 de un Tribunal Colegiado sobre el caso Iguala.

En un comunicado, la dependencia precisó sin embargo que “realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”.

Enfatizó que no se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del 19 Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo con el Artículo 21 de la Constitución, corresponde al Ministerio Público de la Federación.

Respecto a las acusaciones de tortura, la PGR, a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, abundó.

La PGR aseguró que continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

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Piden a la CIDH obligar a EUA a frenar separación de familias migrantes


Dallas, 01 de junio/Notimex.
Activistas humanitarios presentaron una “solicitud de emergencia” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  para que emita medidas cautelares que obliguen a Estados Unidos a frenar de inmediato la separación de familias de migrantes detenidos en la frontera.

La petición ante el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue interpuesta por el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, la Comisión de Mujeres Refugiadas, la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y el bufete García & García Abogados.

La solicitud coincide con los eventos programados para este viernes en todo Estados Unidos en el marco del denominado Día Nacional de Acción Families Belong Together.

El evento tiene como objetivo exigir que la administración del presidente Donald Trump mantenga unidas a las familias de inmigrantes y garantice la seguridad y una representación justa para todos los niños y jóvenes.

En la petición ante la CIDH, los grupos de derechos civiles representan a cinco padres y a sus hijos pequeños que fueron separados por funcionarios de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, en el sur de Texas.

El Proyecto de Derechos Civiles de Texas aseguró en un comunicado que la CBP y otras dependencias federales no han proporcionado a los padres ninguna información sobre el paradero de sus hijos.

“Como resultado, los padres están sufriendo un daño extremo (…) En muchos casos, a los padres no se les dijo que sus hijos estaban siendo secuestrados, incluyendo un caso en el que le dijeron a una madre que iban a llevar a su hija a bañarla, pero nunca le devolvieron a la bebé”, acotó la organización humanitaria.

“Ninguna democracia desarrollada en el mundo separa sistemáticamente a los niños de sus padres simplemente por ingresar al país”, dijo Efrén Olivares, director de Justicia Racial y Económica del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

Los grupos de derechos civiles solicitaron a la CIDH adoptar medidas “que obliguen a Estados Unidos a detener de inmediato la práctica de separar a las familias y reunir a los peticionarios con sus hijos”.

Explicaron que, de conformidad con el Reglamento de la CIDH, la Comisión puede adoptar medidas que obliguen a los Estados miembros a tomar acciones en casos de violaciones graves, urgentes y que representen un riesgo para los derechos humanos.

Los grupos de derechos civiles pidieron a la CIDH medidas cautelares para que  los cinco padres que representan se reúnan con sus hijos de inmediato y asegurarse de que ningún padre sea deportado del país sin que se le permita decidir si sus niños regresará con él a su nación de origen o permanecerán en Estados Unidos para buscar asilo.

Solicitaron además el cese inmediato a la práctica sistemática de enjuiciar a los padres y separar a los niños de sus progenitores en la frontera de Estados Unidos.

“La separación de las familias en la frontera por parte de agentes federales se ha convertido en la norma” con el procurador general de Estados Unidos, Jefferson Sessions, aseguraron los grupos humanitarios.

El 6 de abril pasado, Sessions anunció la adopción de una política llamada “tolerancia cero” en la frontera de Estados Unidos y México con respecto a los inmigrantes e incluso a los solicitantes de asilo que cruzan el país sin autorización.

“En McAllen, Texas, esta política de tolerancia cero se ha implementado de manera masiva, lo que ha conducido a que los niños sean separados de sus padres por periodos indefinidos y mantenidos en instalaciones bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos”, expusieron los grupos humanitarios.

Indicaron que las autoridades responsables de esta separación carecen de un sistema para que los niños se comuniquen con sus padres, que las partes sepan el paradero de sus familiares o para garantizar que los infantes se reúnan de manera segura y sin riesgo con sus progenitores.

 

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Nicaragua acepta comisión de la CIDH para investigar represión

Washington, 30 de mayo/Notimex. El gobierno de Nicaragua aceptó la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos de violencia en ese país que han dejado más de 80 muertos en casi dos meses.

El acuerdo firmado entre el canciller nicaragüense Denis Moncada y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, establece que el grupo, de cuatro personas a ser seleccionadas por este último, coadyuvará y apoyará las acciones iniciadas por ese gobierno para investigar esos hechos.

“Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión de crear el GIEI para Nicaragua tiene una importancia fundamental”, dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.

La también comisionada consideró que este paso representa una oportunidad para apoyar a las autoridades nicaragüenses “en su obligación de investigar los hechos de violencia cometidos en el marco de las protestas generalizadas en ese país”, en los últimos dos meses.

El acuerdo se da luego de la visita realizada del 17 al 21 de mayo pasado a la nación centroamericana por una delegación de la CIDH, encabezada por su secretario ejecutivo, Paulo Abrau.

De acuerdo con la Comisión, como parte de sus atribuciones, el grupo analizará técnicamente las líneas de investigación y formulará recomendaciones de acciones respecto a los distintos niveles de responsabilidad jurídica, además de analizar si se agotarán de manera correcta todas las líneas de investigación.

También analizará si se están empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los posibles ilícitos y sus responsables y, de ser el caso, recomendar las acciones que deben implementarse para garantizar que estos objetivos sean alcanzados.

Las autoridades nicaragüenses se comprometen a garantizar al grupo acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas por la fiscalía, además de acceso a información pública relacionada a los hechos, instalaciones, infraestructura, recursos y medios, y la seguridad necesaria para realizar su trabajo.

En el marco de su actuación, el grupo estará facultado para proponer a las autoridades nicaragüenses la adopción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores.

También analizará el desarrollo de un plan de atención a víctimas y familiares de los hechos ocurridos desde el 18 de abril pasado, apegado a estándares internacionales y mejores prácticas regionales.

El mandato del GIEI será de seis meses, y podrá extenderse bajo común acuerdo de las partes.

En Nicaragua se llevan a cabo manifestaciones, en su mayoría dirigidas por estudiantes, desde el pasado 18 de abril en protesta a las reformas del gobierno que aumentaron las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores y los empleadores, y recortaron los beneficios.

Hasta el 28 de mayo, al menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en medio de la respuesta del gobierno a las protestas.

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