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Grave la situación de los derechos humanos en Nicaragua, advierte la CIDH

Washington, 23 de mayo/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo hoy haber encontrado en Nicaragua una situación más grave de la que había anticipado y dejó en claro que buscará volver a la nación centroamerican a la brevedad posible ante el clima de incertidumbre actual.

“Lamentablemente, la visión nuestra antes de llegar a Nicaragua era distinta de lo que vimos y efectivamente después de estar ahí casi cinco días, nos vamos con una visión bastante más grave de lo que pensábamos”, dijo la comisionada Antonia Urrejola.

La también Relatora para Nicaragua de la comisión dijo que esta valoración derivó de la información y los testimonios recabados durante la visita que efectuaron la semana pasada, que contrastó con la situación que esperaban encontrar.

En conferencia de prensa vía video desde Chile, junto con el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, ambos funcionarios calificaron la visita como un éxito, destacando en particular el que no se hayan producidos nuevas muertes.

Hasta el momento existe un saldo de 76 personas muertas como resultado de las manifestaciones producidas en el país desde el pasado 18 de abril, cifra que ha sido reconocida por el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Abrau dijo que esta cifra es general e incluye tanto a manifestantes como agentes de las fuerzas de la ley y a personas que perdieron la vida en situaciones derivadas del clima anterior de violencia, por lo que habría que esperar a la elaboración de un informe más preciso para conocer la situación a fondo.

Consideró que el reconocimiento por parte del gobierno de este saldo fatal constituyó de alguna suerte un punto de inflexión que evidenció un relajamiento de su postura inicial.

“Hay un resultado práctico de la visita, no sabemos si es temporal, pero creemos que parece indicar un punto de inflexión. Ahora hay que aguardar como avanzan en los próximos días para verificar si se confirma o no esta impresión”, dijo.

Consideró que los resultados prácticos de la visita incluyen además la suspensión de la violencia y completar un listado preliminar sobre las personas que requieren de medidas cautelares.

Dio a conocer que el martes pasado la CIDH otorgó dos medidas cautelares a estudiantes y familiares de víctimas, aunque la cifra podría aumentar a partir de las “maletas” de información que fueron recabadas.

Explicó que la urgencia con las que fueron otorgadas las medidas respondió a situaciones documentadas de amenazas contra la vida de estas personas, riegos a su integridad y posibles daños irreparables.

Abrau dijo que la Comisión espera volver pronto a territorio nicaragüense, aunque el gobierno del país centroamericano dio su anuencia sólo para esta visita.

“La CIDH ya está insistiendo para entrar. Nosotros entramos declarando que era una visita preliminar para dejar claro que queríamos regresar. Salimos estableciendo como condición la aprobación de un plan de seguimiento, con un cronograma de nuevas visitas y la mesa de diálogo aprobó”, dijo.

El directivo apuntó que aunque se puede ser optimista sobre ese curso de acción, “todo va a depender de qué es lo que va a pasar en los próximos días, del tipo de postura que el Estado nicaragüense va a adoptar”.

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Necesarias sanciones para quienes intenten ‘curar’ orientación sexual

México, 16 de mayo/Notimex. Tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas, forzadas o con coerción, son algunas formas que en la actualidad aún se utilizan para pretender “corregir” la orientación sexual e identidad de género.

En un comunicado, el Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México explicó que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son dimensiones íntimas y privadas de la personalidad, por lo que además son parte esencial del proyecto de vida de las personas.

Detalló que desde 1990, en la edición 43 de la Asamblea Mundial de la Salud, se resolvió eliminar a la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, por lo que diversos organismos, instituciones y organizaciones civiles firmaron un pronunciamiento para denunciar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

De acuerdo con los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, los Estados garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica los considere como trastornos de la salud que requieren tratamiento, curación o supresión.

A su vez, organismos de protección de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano insisten desde hace un tiempo en la necesidad de que los Estados garanticen los derechos a las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI).

Ello, mediante la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la protección a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica.

Además de la derogación de cualquier legislación que criminalice la homosexualidad, la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, así como la salvaguarda de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para estas personas.

También explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la falta de reconocimiento de la identidad de género podría derivar en violaciones de otros derechos humanos; en ese sentido ejemplificó torturas, malos tratos en centros de salud o de detención, violencia sexual, denegación del derecho de acceso a la salud, discriminación, exclusión y bullying.

Así, el organismo local detalló que en concordancia con lo anterior y en línea con la declaración de Ciudad Amigable LGBTTTI, se han emprendido diversas acciones enfocadas en eliminar la falsa creencia de mirar a la homosexualidad y a la transexualidad como trastornos que deben de ser curados.

Además, refirió que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió el año pasado un pronunciamiento que señala a las terapias de conversión como una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Ello, aunado a que con la Secretaría de Salud federal y especialistas se expidió el “Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)”, así como Guías de Atención Específicas.

Lo anterior, expuso, para garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a los servicios de salud de las personas LGBTTTI en los establecimientos que componen el Sistema Nacional de Salud.

“El Protocolo es claro en señalar que ninguna actividad vinculada a la prestación de servicios de salud deberá considerar como patología la orientación sexual, identidad y/o expresión de género y las variaciones intersexuales”, sostuvo.

Así, hizo ver la importancia de impulsar sanciones claras y firmes para profesionales de la salud, terapeutas e instituciones académicas que impartan o promuevan tales prácticas fraudulentas que violan los derechos humanos de estas personas.

El pronunciamiento pretende alertar sobre los peligros que conlleva la promoción y realización de esfuerzos que pretendan “corregir” la orientación sexual y/o identidad de género de las personas.

El documento fue signado por el Copred, Conapred, las secretarías de Salud y Educación de la Ciudad de México, así como el Instituto Politécnico Nacional, las universidades Insurgentes y Pedagógica Nacional, entre otras.

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Tras un mes de protestas y 50 muertos inicia diálogo en Nicaragua

Managua, 16 de mayo/Notimex. A dos días de que se cumpla un mes de que la reforma a la seguridad social desató una ola de protestas que suma ya al menos 50 muertos, el gobierno y la sociedad de Nicaragua inician este miércoles el diálogo nacional que es visto con escepticismo.

El Seminario de Nuestra Señora de Fátima en Managua albergará el encuentro a partir de las 10:00 horas (16:00 GMT), donde la expectación es comprobar si asiste el presidente Daniel Ortega.

La presencia del mandatario fue anunciada por su esposa, vocera y vicepresidenta Rosario Murillo, al tiempo que calificó a la cita de “evento histórico”.

Por la parte gubernamental también se espera a Bayardo Arce, asesor para Asuntos Económicos de Ortega. Edwin Castro, diputado y jefe de la bancada parlamentaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

También Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN). Álvaro Baltodano, delegado presidencial para las inversiones. Marcia Ramírez, ministra de la Familia. Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, y Gilda Bolt, vicecanciller de la República.

Por la sociedad civil acudirán representantes del movimiento estudiantil, de organizaciones civiles y del sector empresarial.

La Iglesia católica estará presente como mediadora y testigo, y aunque dijo que carece de soluciones específicas, espera que el diálogo aborde el tema de la institucionalidad para allanar el camino hacia la democratización de Nicaragua.

“A través de la buena voluntad de las partes, la escucha atenta y las propuestas que se hagan, esperamos llegar a acuerdos importantes que se traduzcan en decisiones concretas”, dijo al anunciar el diálogo.

La reunión iniciará con el anuncio de que a las puertas del semanario habrá manifestantes antigubernamentales, lo que hace temer enfrentamientos con elementos de la Policía Nacional.

Los trabajos también comenzarán con la sombra de la violencia en varios puntos del país centroamericano entre manifestantes y fuerzas del orden en la víspera del diálogo.

La plataforma de Redes y Movimientos Sociales respaldó el diálogo nacional, pero exigió el cese de la violencia institucional, y demandó que haya transmisión en vivo a fin de evitar cualquier acuerdo a espaldas del pueblo.

De acuerdo al diario La Prensa, la reunión iniciará con una oración, luego Ortega dará un discurso breve seguido de otra oración a cargo de Bosco Vivas, obispo de León, por la víctimas de la represión.

“Después los participantes en el diálogo compartirán un convivio con Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la programación establecida”, añade el rotativo.

El 16 de abril el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) aumentó las contribuciones de patrones y obreros y redujo beneficios para estabilizar al sistema de pensiones del país centroamericano afectado por un millonario déficit.

Dos días después comenzaron las protestas mayoritariamente a cargo de estudiantes, y cuatro días después ya sumaban 25 los fallecidos en los enfrentamientos con la policía, además de bloqueo de calles y saqueos.

Entre los fallecidos en esa primera etapa se encontró el periodista Miguel Ángel Gahona, quien murió de un disparo al parecer hecho por un francotirador en la ciudad de Bluefields.

El 21 de abril Ortega aceptó dialogar con el sector empresarial pero sin la participación de otros sectores, además denunció que las protestas son alentadas por grupos opositores financiados desde sectores extremistas de Estados Unidos.

Según el mandatario en esa fecha, pretenden “sembrar el terror, sembrar la inseguridad”.

José Pallais, exdiputado nicaragüense, jurista y opositor por el Frente Amplio por la Democracia (FAD), dijo a la radio francesa que “esta represión supera incluso la de la época de los Somoza”.

En tanto, se espera que se anuncie la fecha de la llegada de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invitada por el gobierno de Ortega pero reclamada desde días atrás por varios grupos sociales.

Esta invitación es la única condición que ha cumplido el gobierno nicaragüense de las cuatro presentadas por la Conferencia Episcopal, y sigue a tres solicitudes de la propia CIDH para visitar Nicaragua.

Por su parte, las principales cámaras empresariales nicaragüenses estimaron que este mes de protestas cuestan ya a la economía del país 1.6 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), unos 233 millones de dólares.

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Acepta Nicaragua visita de una misión de la Comisión de Derechos Humanos

Washington, 14 de mayo/Notimex. El gobierno de Nicaragua aceptó que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el territorio nacional para observar la situación que priva en este ámbito ante las recientes represiones de manifestantes.

El anuncio fue hecho este lunes por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, después de que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, le comunicó por escrito la anuencia del gobierno del presidente Daniel Ortega para la visita.

Anunció Almagro en su cuenta de Twitter:

Almagro acompañó su mensaje con la imagen de la carta que Moncada le dirigió con fecha del domingo 13 de para informarle de la decisión de su gobierno, además de la que envió por separado al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

La semana pasada Abrao hizo una nueva solicitud el gobierno del presidente Daniel Ortega para permitir una visita ‘in loco’ a la nación centroamericana, ante la persistente violencia callejera y la represión de manifestantes por parte de autoridades.

De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), más de medio centenar de personas han muerto hasta el sábado a través del país, que en adición a choques entre manifestantes y fuerza del gobierno, ha registrado también saqueos.

Nicaragua cumplió tres semanas de una crisis derivada de las protestas que se dieron como respuesta a una serie de reformas a la seguridad social y que persiste pese a la decisión del gobierno de dar marcha atrás.

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México reafirma compromiso para esclarecer caso Iguala

México, 08 de mayo/Notimex. El gobierno mexicano reafirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su compromiso con el esclarecimiento del caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y con la sanción a los responsables.

Al respecto, una representación mexicana de alto nivel destacó dicho compromiso, al participar en el 168 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, informó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.

La dependencia detalló que en el marco de referido encuentro, el gobierno mexicano subrayó algunos de los avances en la investigación y las acciones de búsqueda, dentro del cronograma de trabajo acordado con la propia comisión.

También, se hizo una revisión de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en cuanto a las investigaciones que se realizan en torno a este caso.

Funcionarios mexicanos destacaron nuevas consignaciones de presuntos responsables, así como los resultados de las gestiones de la Procuraduría General de la República (PGR), para unificar las distintas causas penales ante un solo juzgado y asegurar así su atención integral.

La representación también hizo referencia al documento de observaciones del Gobierno al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Al respecto, se subrayó que tales observaciones buscan aclarar cuestiones sustantivas sobre presuntas irregularidades en la investigación, e insistió en que, como lo señaló este lunes, son conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones.

El contenido de tales observaciones es un documento público y resulta relevante para la labor de la CIDH en el marco del mecanismo de seguimiento.

“Con su participación en la audiencia ante la CIDH, el Gobierno de la República reitera su determinación de agotar todos los esfuerzos a su alcance, para garantizar el acceso a la justicia y atender las demandas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y de la sociedad mexicana”.

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Gobierno ofrece agotar todas las líneas de investigación en caso Iguala

México, 07 de mayo/Notimex. El Gobierno de la República ofreció agotar todas las líneas de investigación en el caso Iguala y continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de llegar a conclusiones este año.

La misión permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra hizo entrega este lunes a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de un documento con las observaciones del gobierno de la República sobre el contenido de un informe sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa.

La respuesta de las autoridades mexicanas señala que la publicación del informe internacional no atendió a lo dispuesto en el acuerdo entre ambas partes sobre la continuidad de sus actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de publicar ese texto incumple el convenio, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

La Cancillería detalló que dicha publicación también desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, para permitir dar un cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado en torno al asunto.

El Gobierno mexicano ofrece en su respuesta información sobre algunos de los temas contenidos en el informe, en especial sobre las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al caso Iguala.

La respuesta también fue entregada este lunes al mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH, en el marco del 168 periodo de sesiones, que se celebra en Santo Domingo, República Dominicana.

Asimismo, el documento indica las acciones de la Visitaduría General de la PGR para investigar y fincar responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades en algunas diligencias, conforme al marco legal aplicable y en pleno ejercicio de su autonomía técnica, señaló.

En las observaciones, el Gobierno de México reiteró a la ONU-DH que los asuntos se encuentran bajo investigación, por lo que las conclusiones del informe difundo resultaron prematuras y podrían afectar el resultado.

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Estados Unidos cortaría financiamiento a la CIDH, revela senador

Washington, 10 de abril/Notimex. El Congreso de Estados Unidos trabaja para eliminar los recursos económicos que el gobierno aporta a la “injerencista” Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló el senador republicano por Utah, Mike Lee.

Consideró que el aporte que su país hace al máximo tribunal hemisférico en esa materia es injustificable y recordó que Estados Unidos tampoco ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos que firmó en junio de 1977.

“Nosotros nunca permitiríamos que una organización tuviera tanta influencia sobre nuestro sistema político. Sin embargo le damos millones de dólares a la corte cada año para que los influencie a ustedes”, señaló el legislador en un mensaje difundido por la organización conservadora Soberanía y Democracia.

El amago fue consecuencia de un histórico fallo de la Corte, que en enero pasado instruyó a los 20 países latinoamericanos que han reconocido su competencia contenciosa, a reconocer y garantizar los derechos que se deriven del vínculo entre personas del mismo sexo.

Lee dijo que tanto él como sus colegas en el Congreso “estamos trabajando fuertemente para que nuestro gobierno deje de financiar a la corte”, sin que esté claro si se trata de una iniciativa bipartidista o empujada sólo por republicanos.

“A la vez, me siento muy alentado con que los ciudadanos de los países de America Latina estén empezando a dar la batalla en contra de las injerencias de la corte”, agregó.

Durante la pasada Asamblea General celebrada en junio del 2017 en México, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó un incremento al presupuesto regular del sistema interamericano de derechos humanos, que asciende ahora a 18.2 millones de dólares.

De estos, unos 11.2 millones de dólares serán para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 6.9 millones de dólares para la Corte, que tiene su sede en San José, Costa Rica.

Sin embargo, ambas instituciones dependen fuertemente de las aportaciones voluntarias que hacen los países miembros y los estados observadores, y donde Estados Unidos se coloca como uno de los principales financiadores.

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Pide CIDH a EUA conmutar ejecución a reo enfermo para evitar sufrimiento

Washington, 19 de marzo/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy a Estados Unidos detener la ejecución de un hombre condenado a muerte por asesinato, debido a que sufre una rara enfermedad que podría hacerlo sangrar al someterlo a la inyección letal.

La CIDH dijo que la ejecución podría causar “un sufrimiento excesivo” a Russell Bucklew, de 49 años, quien ha estado más de 20 años en el corredor de la muerte en Misuri, lo que excede el tiempo que tribunales internacionales y nacionales han caracterizado “como tratamiento cruel, inhumano y degradante”.

El organismo hemisférico recomendó que la pena sea conmutada, que Bucklew sea trasladado del corredor de la muerte a prisión y que el Estado garantice que sus condiciones de detención sean compatibles con su dignidad humana.

Instó además al Estado a asegurar el cumplimiento de todas las recomendaciones y reparar así la violación de los derechos fundamentales de Bucklew, cuya ejecución está prevista para este martes, como castigo por el asesinato de un hombre en 1997, cometido frente al hijo de seis años de la víctima.

La CIDH dijo que de llevar adelante la ejecución, el estado de Misuri “estaría cometiendo una seria e irreparable violación de los derechos básicos a la vida y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, reconocidos en los artículos I y XXVI de la Declaración Americana”.

Buckwell padece una condición conocida como hemangioma cavernoso, que le produce tumores benignos de los vasos sanguíneos, caracterizados por la aparición de un gran número de vasos normales y anormales sobre la piel u otros órganos internos.

Los abogados del condenado han indicado que el hombre podría morir ahogado en su propia sangre debido al riesgo de que algunos de esos tumores, denominados neoplasias, revienten cuando se le suministren las inyecciones letales.

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CNDH pide apoyo internacional para proteger a ‘dreamers’

México, 05 de marzo/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró de vital importancia que el Congreso de Estados Unidos continúe con la discusión que le lleve a aprobar una legislación que proteja los derechos fundamentales de los dreamers.

Ello, sin condicionar su protección a la emisión de medidas tendentes a violar o desproteger los derechos básicos de otros migrantes y/o a fomentar la discriminación, xenofobia, intolerancia y odio contra las personas en contexto de migración.

En ese contexto, el ombusman nacional, Luis Raúl González Pérez, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llame a los legisladores estadunidenses para que continúen el debate que les lleve a aprobar una legislación que regularice el estatus migratorio de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El objetivo es salvaguardar sus derechos humanos al no condicionar dicha regularización a la aprobación de medidas que fortalezcan la seguridad fronteriza ni a destinar fondos para la construcción de un muro en la zona limítrofe con México.

También, que no establezca obstáculos legales para la reunificación familiar, ofrezca a los dreamers estatus migratorio condicional después de un tiempo razonable de estancia en Estados Unidos.

Además, que les ofrezca la residencia legal permanente después de haber cumplido los requisitos legales establecidos, mismos que deberán ser razonables y tener en cuenta sus circunstancias de entrada, la duración de su estancia y consideraciones relacionadas con su situación familiar.

González Pérez remitió a la CIDH un documento para la Audiencia temática sobre la situación de derechos humanos de personas afectadas por la cancelación de los Programas TPS (Estatuto de Protección Temporal) y DACA en Estados Unidos.

Destacó las contribuciones que los beneficiarios de dicho programa han aportado por años a la sociedad de Estados Unidos y la necesidad de que el Congreso regularice su situación migratoria mediante la aprobación de una ley que garantice sus derechos humanos.

La Audiencia se celebró el 27 de febrero pasado por la CIDH en el marco de su 167 Periodo de Sesiones, que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia.

La CNDH expresó su confianza en que la intervención de la CIDH ante Estados Unidos contribuirá a la certeza de la situación migratoria y protección de los derechos humanos de los dreamers.

De igual forma, reiteró su disposición para colaborar con dicho organismo internacional para el cumplimiento de los objetivos señalados.

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Abordan caso Ayotzinapa y Ley de Seguridad en Corte Interamericana

México, 02 de marzo/Notimex. Una delegación de alto nivel del Gobierno de México participó en dos audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el caso Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior.

Representantes del Gobierno de México reiteraron ante familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus representantes la determinación de arribar a conclusiones en las investigaciones este mismo año.

Una delegación de alto nivel del gobierno mexicano participó en dos audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar ese caso y la Ley de Seguridad Interior.

En la sede de la Corte en Bogotá, Colombia, los representantes mexicanos expusieron que es “deber de la presente administración de procurar la justicia, conocer la verdad, deslindar responsabilidades y dar las respuestas que legítimamente demandan las víctimas y la sociedad mexicana”.

En el marco del 167 período extraordinario de sesiones de la CIDH, el Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General República (PGR) compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado con las partes y avances relevantes.

Destacó que en las últimas semanas se ha allegado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales en un esquema de organización delictiva importante.

Ello, no obstante, deberá ser corroborado, incluso en el marco del diálogo con los representantes de las víctimas, detalló según un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y la PGR.

En la audiencia se refrendó el compromiso del gobierno mexicano por contar con planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes.

Por último se actualizó a la Comisión sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos.

“Se destacó que, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, no obstante que se continuarán realizando las diligencias que correspondan”, agregó el documento.

Además se subrayó que en esos casos existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.

En lo que toca a la audiencia sobre la Ley de Seguridad Interior se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de ésta, que además se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La ley busca establecer normas claras para la labor auxiliar de la Federación –y de las Fuerzas Armadas– para atender las amenazas a la seguridad interior, cuando su magnitud supere las capacidades efectivas de las autoridades civiles directamente responsables”, señaló la representación mexicana.

Ello, añadió, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos y con salvaguardas claras en materia de gradualidad, temporalidad y transparencia, como lo contempla la ley.

La delegación de alto nivel que representó al Estado mexicano fue encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas.

Además el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Rafael Avante Juárez, y la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra.

El Gobierno de la República sostuvo que con su participación en las sesiones hace patente su compromiso absoluto con los derechos humanos en el país y reitera su política de apertura y colaboración con la Comisión Interamericana y las organizaciones de la sociedad civil.

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