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Condena CNDH ataque a migrantes en Veracruz

Yhadira Paredes.Xalapa, Ver. 09 Diciembre 2018. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió el pronto esclarecimiento del ataque a un autobús donde viajaban migrantes centroamericanos por Veracruz, donde una mujer guatemalteca resultó muerta. 

A través de un comunicado publicado en su página oficial la CNDH exigió una investigación exhaustiva, profesional y efectiva a las autoridades federales y estatales. 

Además, condenó de manera enérgica la agresión del sábado por la madrigada en la comunidad Ojo de Agua, en el municipio de Juan Rodríguez Clara contra un grupo de personas migrantes procedente de Guatemala, donde también tres personas más resultaron lesionadas, entre ellas un niño de tres años de edad. 

Llama la atención, dice le documento, que no son los primeros hechos en que pierden la vida personas migrantes en la zona sur del estado de Veracruz, por lo que se hace necesario que las autoridades federales y locales implementen las acciones correspondientes para evitar que en esa región se establezcan las acciones y salvaguardas a toda persona que transite por ese territorio. 

Informó que se tuvo comunicación con personal de la Comision Estatal y con el consulado de Guatemala en Veracruz para dar el acompañamiento que requieran las victimas y sus familiares. 

“Así como proporcionarles contención emocional y brindarles el apoyo necesario para que a las personas heridas se les otorgue la atención médica que requieran y a los familiares de la persona fallecida se les den las facilidades para que su cuerpo sea retornado a su lugar de origen, así como a las personas menores de edad”, finalizó. 

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Derechos Humanos presenta estudio dedicado a la justicia transicional

México, 06 de diciembre/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Estudio para Elaborar una Propuesta de Política Pública en materia de Justicia Transicional, para que se conozcan los alcances y principios que la rigen y para que, en su caso, las decisiones que se adopten sean las más apropiadas y efectivas.

El documento, puesto a disposición de la sociedad y de los representantes del Poder Ejecutivo federal, aborda un amplio espectro de temáticas que gravitan en torno de ese tema que ha sido objeto de discusión y reflexión en distintos foros y cuyos primeros intentos de implementación se concretaron con el establecimiento de la Comisión de la Verdad para el Caso Iguala.

Desarrollado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a iniciativa del organismo nacional, el estudio busca coadyuvar a la comprensión de la complejidad del entorno de violencia en el país y explicar “las alternativas, dilemas y problemas relacionados con el eventual diseño, implementación y evaluación de una política de justicia transicional”.

Al informar lo anterior, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que los mecanismos de justicia transicional son la vía para llegar a la paz, a la verdad, a la justicia, a la atención a las víctimas, a la reconciliación y a superar situaciones críticas de vulneración a los derechos humanos.

“La afectación al entramado social que sustenta una convivencia pacífica no pueden significar una renuncia a la legalidad, menoscabo de la institucionalidad democrática o establecimiento de instancias que estén por encima de la ley y de los derechos de las personas, que busquen la aplicación de una justicia discrecional o sesgada, sin rendir cuentas de sus actos, vulnerando garantías de defensa y debido proceso”, añadió.

Suponer que esos mecanismos sean sustitutivos o estén por encima de las instituciones o instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia es un punto de partida erróneo que no podemos permitir que se presente, aseguró González Pérez.

De acuerdo a un comunicado, el texto aborda un amplio espectro de temáticas y su primera parte está enfocada a la explicación del concepto de justicia transicional y a la exposición de diversas experiencias que ha arrojado la implementación de los mecanismos transicionales en otros sistemas y latitudes.

La segunda parte tiene que ver con el desarrollo expositivo de las herramientas o mecanismos que forman parte de la justicia transicional, las cuales, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, se encuentran orientadas al establecimiento del Estado de Derecho.

Además, a la reconciliación de una sociedad que ha atravesado o atraviesa por conflictos de violencia y de múltiples vulneraciones a los derechos humanos de sus miembros.

Luis Raúl González Pérez destacó la necesidad de dar oportunidad para que se opere toda vía que lleve a la verdad, a la reconciliación, la paz y a la justicia en el entorno problemático que se enfrenta, y señaló que la CNDH encomendó al CIDE la elaboración de ese estudio para emprender la ruta de la justicia transicional en México.

El director General del CIDE, Sergio López Ayllón, quien coordinó el estudio, señaló que es pertinente considerar el uso de un enfoque de justicia transicional para contribuir a atender las consecuencias de la violencia de gran escala que ha vivido el país desde 2006.

Enumeró varios elementos que en el estudio se recomienda considerar, entre otros: poner en marcha un proceso de justicia transicional en México dentro del marco constitucional y legal vigente.

Además, crear un mecanismo rector interinstitucional, con un mandato amplio sobre la política de justicia transicional en todo el país y un órgano independiente de supervisión, seguimiento y evaluación de medidas de reparación.

La consejera del Consejo Consultivo de la CNDH, Mariclare Acosta Urquidi, dijo que la justicia transicional no sustituye a las autoridades.

Asimismo, celebró que la CNDH y el CIDE hayan unido esfuerzos para poner a las órdenes de la nación este repertorio de información y conocimientos sobre la violencia que no ha podido ser resuelta por los mecanismos tradicionales de justicia.

El estudio, mencionó, abrió algunos resquicios para que se pudieran visibilizar casos paradigmáticos, y lamentó que México implementó programas que no fueron capaces de revertir la situación.

El consejero de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Jacobo Dayán, señaló que la violencia en México es un proceso transicional atípico y que este estudio dará sustento sólido como un abanico de opciones para analizar cada situación.

Indicó que lo primero que se deberá hacer es conocer el universo real de víctimas y consideró  que este documento, que sobresale por ser muy sólido, unificará criterios del tema entre los partidos políticos y el gobierno.

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Derechos Humanos no avala la ‘verdad histórica’ del caso Iguala

México, 03 de diciembre/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su compromiso con las víctimas y la obtención de la verdad en todos los asuntos, y aclaró que la recomendación 15VG/2018 sobre el caso Iguala “no avala la denominada teoría de la verdad histórica” y su presentación no responde a cálculos políticos.

En un comunicado, donde fija su postura respecto a los comentarios surgidos por la presentación (la semana pasada) de la recomendación 15VG/2018, precisó que la presentación del documento “estuvo determinada por la falta de información confiable”.

“La CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, argumentó.

La verdad en el Caso Iguala, desde el punto de vista de la comisión, no admite adjetivos que condicionen su contenido y, por tanto, todo debe sustentarse en evidencia objetiva y verificada y no en opiniones.

Tras insistir en que no respalda la teoría de la “verdad histórica”, “sostiene que las críticas y cuestionamientos contra esa u otras teorías” no pueden implicar que las posteriores investigaciones descarten cualquier teoría.

En el caso Iguala, la prioridad es determinar el paradero y destino de los estudiantes, y pidió que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos recuperados tanto en el basurero de Cocula como en el Río San Juan en poder de la Procuraduría General de la República (PGR).

Cualquier irregularidad u omisión que se comprobara cometieron las autoridades, implicaría delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación que deberán desahogarse con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos.

“El examen de los restos óseos encontrados es un elemento que podrá definir con certeza el destino de los estudiantes que, hasta ahora, se consideran desaparecidos, así como clasificar debidamente los delitos por los que se persiga y juzgue a los responsables”.

El organismo destacó que la investigación exhaustiva, multidisciplinaria e integral consta de más de un millón de hojas, en mil 255 tomos y 165 anexos; y como parte de las diligencias su personal realizó 672 entrevistas, 500 acciones de atención a víctimas 223 intervenciones periciales y dos mil 927 revisiones periciales.

También se revisaron mil 128 tomos correspondientes a 41 expedientes penales y judiciales, realizó 724 visitas de campo, y formuló mil 890 requerimientos de información a autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno.

Aunque no se ha llegado a la verdad, indicó, cualquier instancia que trabaje en ello tendrá como guía y orientación para una investigación objetiva e integral, esta recomendación.

“En este sentido (la Comisión) da la bienvenida al establecimiento de la Comisión de la Verdad que ha anunciado el gobierno de la República y reitera su disposición para colaborar con ella desde su autonomía y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales”. 

 
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Gobierno federal acepta recomendación de CNDH sobre el caso Iguala

México, 29 de noviembre/Notimex. El Gobierno de la República asumirá en sus términos la Recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala, por lo que dejó encaminadas a las áreas a las que está dirigida, la forma en que se tiene que proceder en las instituciones, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Ello, al resaltar que en el documento recomendatorio hay la plena certeza de que “por lo menos 19 cuerpos de jóvenes normalistas de Ayotzinapa fueron quemados e incinerados en ese basurero (de Cocula)”.

Además, porque “existe evidencia forense de otros restos óseos (huesos) que no han pasado por el examen pericial que se debe realizar para saber si también son parte de ese grupo de 43 jóvenes o si pertenecen a otras personas, dado que ese basurero se usaba para incinerar cadáveres”.

Al presentar Aplicación Móvil para consultar el Diario Oficial de la Federación (DOF), comentó que el análisis acucioso de la recomendación permitirá a los mexicanos arribar a la justicia auténtica, aquella a la que están “todos los gobiernos obligados a cumplir y todos los mexicanos comprometidos en hacer valer”.

Navarrete Prida precisó que en el documento presentado la víspera sobre uno de los casos más lamentables que se ha dado en los últimos años en México, que fue la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, se emiten una serie de recomendaciones a distintas áreas del Ejecutivo federal.

“Hay respuesta sobre esto y es la siguiente: El gobierno de la República respeta absolutamente el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su importante función constitucional, lo importante que resulta para la defensa de la dignidad humana el que haya una institución que se encargue de velar por esos derechos”.

En consecuencia, añadió el responsable de la política interna del país, “las recomendaciones que emite la CNDH se aceptan, se asumen y sirven claramente de indicador hacia dónde se debe profundizar en una investigación, que en este caso no será la excepción, que es Ayotzinapa”.

Resaltó que fue el jefe del Ejecutivo federal quien le instruyó a dar la respuesta oficial. “Aquí platicamos de un tema (de derechos humanos) que quiero platicar frente a ustedes y que fue una decisión, que me ha instruido dar por convicción el presidente de México (Enrique Peña Nieto) en este momento y en este acto ante todos ustedes”.

El secretario expuso que en el caso de la recomendación de la CNDH, el gobierno federal, del presidente Enrique peña Nieto, acepta en sus términos la recomendación y deja encaminado a las áreas a las que va dirigida la forma en que se tiene que proceder en las instituciones”.

Mencionó que en cinco años el gobierno federal cumplió con 45 recomendaciones que formuló el organismo nacional y sólo en este año, “hemos dado por cumplidas 37 y (…) se dará cumplimiento a unas más claramente para certificar lo que estamos haciendo”.

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Analizar restos hallados en vertedero y río en caso Iguala, llama CNDH

México, 28 de noviembre/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a diversas autoridades federales y locales indagar los 93 restos óseos encontrados en el Vertedero de Cocula y en el Río San Juan, en Iguala, Guerrero, para determinar si corresponden a alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa o a personas diversas.

La CNDH advirtió que los hechos ocurridos en Iguala son muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas y acusó que la verdad “ha sido una de las víctimas” en dicho caso.

El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José T. Larrieta Carrasco, dijo que la confirmación de los restos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, dos de los normalistas desaparecidos, muestra que hay una liga entre el Vertedero de Cocula y la bolsa recuperada en el Río San Juan.

El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez expuso que se subestimó una bolsa recuperada en el Río San Juan, que contenía tres porciones petrosas, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que deberían ser sometidos a pruebas de ADN.

Ello a fin de determinar si corresponden o no a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, indicó al reconocer que durante las pesquisas enfrentaron serios obstáculos de algunas autoridades, no así de las Fuerzas Armadas.

“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos, a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos”, anotó.

A pregunta expresa luego de más de nueve horas que duró la presentación de la recomendación, apuntó que “más allá de verdades históricas, aquí (en la investigación de la CNDH) hay elementos que nos permiten articular (los hechos) para encontrar la verdad, que ha sido una de las víctimas”, en aras de hacer justicia y que no queden hechos de impunidad.

Comentó que los familiares recibieron la indagatoria con “recelo y desde luego estaremos entregando completamente la recomendación a los familiares. Conocen en lo general -hasta dónde pudimos avanzar- pero desde luego me gustaría que conocieran el detalle del contenido”.

Durante la presentación de la Recomendación 15VG/2018 sobre Violaciones Graves de Derechos Humanos en el caso Iguala, se informó que la CNDH integró 72 expedientes de queja, cuatro derivados de posible maltrato en la detención, 11 por posible detención arbitraria y 57 por la posible comisión de actos de tortura.

En tanto se solicitó la exhumación y la necropsia dadas las deficiencias realizadas por el estado de Morelos, a fin de determinar si la muerte de una persona fue provocada o no por tortura.

El informe -de un millón de hojas y mil 255 tomos que comprende la investigación realizada- propone que sea el Instituto de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Innsbruck la institución que continúe realizando el análisis genético de los elementos óseos y odontológicos propuesto.

Igualmente por ser la instancia sugerida por el EAAF -equipo pericial habilitado en el caso a petición de los padres y familiares de los normalistas desaparecidos- para esos fines.

“Para esclarecer todos los sucesos que pudieran darse en el escenario del Vertedero de Cocula, la PGR tendría que llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones, desde luego las pertinentes para establecer la probable responsabilidad de todos los partícipes”, resalta el documento.

Y, sobre todo, agotar el estudio científico de la totalidad de las evidencias recabadas en el Vertedero de Cocula, donde hay indicios de que sí hubo fuego en la fecha relacionada con los lamentables hechos, y a dónde habrían sido llevados al menos entre 23 y 28 estudiantes.

“Sólo a partir de los contenidos del expediente y de evidencias técnico científicas podrán obtenerse elementos útiles para determinar en definitiva si los normalistas fueron incinerados o no y, en su caso, el número de ellos”, planteó Larrieta Carrasco.

Solicitó asimismo a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar quién es el “Patrón”, dado que según las evidencias sería la persona que tomó las decisiones que cambiaron el rumbo del destino de los normalistas ocurridos el 26 y 27 de noviembre de 2014.

“La PGR debe investigar quién es, de dónde surgen esas declaraciones primarias que lo ubican” el día de los hechos, agregó.

El documento refiere que los elementos de la Policía Municipal de Cocula que estuvieron involucrados en los hechos contaban con Certificado de Control de Confianza emitido por el Centro Estatal de Evaluación, a pesar de que con anterioridad se habían separado de Ejército Mexicano de manera ilícita y no habían resuelto su situación jurídica.

Se destaca que los hechos ocurridos en Iguala son muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas, como se evidenció en los municipios Iguala, Cocula y Huitzuco. Tan es así que elementos de los dos primeros entregaron a los normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos.

La recomendación refiere que del total de las 43 llamadas telefónicas registradas en el C-4 aquélla noche 26 se realizaron para denunciar hechos que, después se sabría, eran perpetrados en contra de los estudiantes, mientras que 17 se realizaron por los sucesos acontecidos en el escenario del crucero de Santa Teresa.

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Consultar a pueblos indígenas sobre Tren Maya, plantea Derechos Humanos

México, 23 de noviembre/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó al próximo gobierno consultar a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, como el proyecto del Tren Maya.

Consideró que dicho proyecto debe orientarse a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los indígenas, por lo que llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a promover su agenda gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por México.

Lo anterior, con especial énfasis en lo que se refiere en a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, respecto al proyecto, indicó la CNDH en un comunicado.

El organismo consideró que un proyecto de esa naturaleza debe considerar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte.

Además, advirtió que debe considerar aspectos de desarrollo sustentable, que permitan el uso y aprovechamiento de recursos naturales por las generaciones actuales y futuras, equilibrando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Por lo anterior, el organismo autónomo exhortó a quienes impulsan dicho proyecto dar a conocer ampliamente su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas, pues “una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales”.

La CNDH planteó que el documento debe detallar de manera clara y sencilla los alcances y pormenores del proyecto, así como señalar con precisión las implicaciones que se puedan derivar en materia de derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas involucrados.

Puntualizó que se debe incluir a este sector de la población, para tomar decisiones informadas y respaldadas por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, no solo los referidos a la consulta previa, sino todos aquellos que apliquen a partir del principio pro persona, como parte de sus derechos individuales y colectivos.

Igualmente, consideró que no se debe perder de vista que el respeto a los derechos humanos es parte sustantiva de toda democracia, por lo que es necesario incluir los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y su desarrollo sustentable.

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Derechos Humanos insta a revisar propuesta sobre Guardia Nacional

México, 22 de noviembre/Notimex. El pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió revisar la propuesta contenida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que busca asignar las tareas de seguridad pública a una institución de carácter militar, como lo sería la Guardia Nacional.

Al manifestar su preocupación por dicha propuesta, señaló: “La presencia de las Fuerzas Armadas no se debe ver, bajo ningún concepto, como opción permanente y esencial para recuperar la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos que la sociedad reclama; tampoco será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción, exclusión y desigualdad que enfrentamos”.

Mediante un comunicado, consideró que la creación de la Guardia Nacional se propone en contravención a la Constitución, principios, recomendaciones y criterios de instancias internacionales y declaraciones previas del propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y miembros de su equipo.

La CNDH enfatizó la necesidad de que se fortalezcan las instituciones civiles en la materia, reduciendo la participación de elementos de nuestra Fuerzas Armadas en cuanto sea posible.

El organismo llamó para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, se revise el apartado correspondiente al “Plan de Seguridad Pública”.

Ello, para que contemple una estrategia integral y razonada que, sin desconocer el trascendente papel de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias.

También para que contemple el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles federales, locales y municipales para que asuman la seguridad pública y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias.

El Consejo Consultivo consideró que pretender desvincular a la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas no cambia en los hechos la realidad de que estará integrada mayoritariamente por personal del Ejército y de la Marina.

El Pleno del Consejo Consultivo de la CNDH reconoció la contribución y sacrificios de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la grave situación de violencia e inseguridad en diversas regiones del país, y consideró que, “si bien se explica y justifica por la necesidad de reaccionar ante situaciones críticas, también ha demostrado lo limitado de sus alcances y efectos”.

La presencia de las Fuerzas Armadas no ha podido, por sí misma, prevenir o atender los miles de casos de homicidios y personas desaparecidas, además de que han ocurrido muchos casos de violaciones a los derechos humanos, remarcó.

Puntualizó que tanto los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, como organizaciones civiles, académicos y expertos en seguridad que se pronunciaron contra la Ley de Seguridad Interior, recientemente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, evidenciaron la necesidad de un replanteamiento general e integral de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, restringiendo lo más posible la participación de las Fuerzas Armadas y buscando fortalecer y desarrollar a las instituciones civiles como encargadas de la seguridad pública.

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Guardia Nacional contraviene la Constitución, opina visitador de CNDH

México, 20 de noviembre/Notimex. El Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López opinó que las acciones de carácter reactivo sustentadas en el uso de la fuerza, como la creación de una Guardia Nacional, contraviene lo previsto en la Constitución.

También contraviene los principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho ámbito.

Al participar en el Seminario Verdad, Memoria y Justicia en Contextos de Violencia Criminal, dijo que México requiere acciones urgentes en los que la  reflexión y el intercambio plural e informado de ideas y experiencias permitan generar insumos para alcanzar soluciones frente a los grandes desafíos que enfrenta el país para la no violencia, la paz y la vigencia de los derechos humanos.

En este marco, el funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que México necesita más y mejor seguridad, “pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho”.

Esto es, que las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, y que los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias ni discrecionales. Nuestro país no debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática, enfatizó. 

Para Guadarrama López dejar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta.

En México no solo requerimos pacificar, sino desarrollar una cultura de paz, para lo cual deben generarse las condiciones para que su construcción sea posible, lo que implica una institucionalidad fuerte, hacer vigente el Estado de Derecho, y lograr una estructura burocrática profesional y eficiente.

También reconocer y respetar los derechos de las personas, garantizar la transparencia y el acceso a la información, lograr una sociedad con niveles altos de educación, promover la solidaridad y la cohesión social, así como generar esquemas que disminuyan las desigualdades y la exclusión.

Se requiere una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz, y la actual coyuntura abre la oportunidad de escuchar a las víctimas, atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos, al igual que los de todas las demás personas, recalcó.

Explicó que contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores no es algo optativo o negociable, sino una realidad ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales y acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.

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Derechos Humanos protege y asesora a caravanas de migrantes

México, 13 de noviembre/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que continúa con sus actividades de protección de derechos humanos, acompañamiento y otorgamiento de asesoría jurídica e información a las personas en contexto de movilidad que integran las tres caravanas de personas migrantes en su trayecto hacia la frontera norte de nuestro país.

Asimismo, verifica el cumplimiento de las diversas medidas cautelares emitidas a autoridades federales, estatales y municipales para que se les otorgue asistencia médica, alimentación, agua potable y acceso al traslado humanitario, principalmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y quienes viven con alguna discapacidad.

Así lo señaló el quinto visitador general de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, durante un encuentro con el embajador de Honduras, Alden Rivera Montes, en el que explicó las principales acciones desarrolladas por este organismo para proteger los derechos de las personas en contexto de movilidad que integran las tres caravanas, para lo que se han emitido 14 medidas cautelares y se investigan 19 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En la reunión efectuada en el albergue para personas migrantes instalado en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Irapuato, detalló que desde el ingreso de la Caminata Migrante a territorio nacional se han realizado acciones para proteger los derechos de las personas migrantes y diversas gestiones para que se les otorgue atención humanitaria.

Acompañado por el procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, José Raúl Montero, y el director del Programa de Atención a Migrantes de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, Jesús Quintana, explicó que las medidas cautelares emitidas hasta el momento tienen como finalidad que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para que no se cometan daños de imposible reparación contra las personas migrantes.

Además de que se les proporcione alimento, asistencia médica y acceso al traslado humanitario, principalmente para quienes están en situación de vulnerabilidad.

Ante personal de la Embajada de Honduras en México y especialistas en derechos humanos de ese país, Corzo Sosa resaltó el trabajo realizado por organismos no gubernamentales, instituciones religiosas y la sociedad mexicana, que han mostrado solidaridad con los integrantes de las tres caravanas al proporcionarles agua potable, ropa, calzado y alimentación.

En cuanto a la labor de la CNDH, indicó que un equipo de visitadores adjuntos y personal de salud adscritos a la Quinta Visitaduría General ofrecen asesoría jurídica y realizan gestiones ante las autoridades para que tengan un trato digno.

Enfatizó la atención médica a una mujer que dio a luz en el estado de Oaxaca y el acompañamiento a dos autobuses de personas migrantes pertenecientes a la comunidad LGBTTTI que ya están en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Refirió las acciones de protección en el Estado de México en favor de una persona de 16 años de edad, quien viajaba sin compañía de un adulto, a fin de que no se vulneraran sus derechos y contara con la asistencia del sistema de protección de la niñez y la adolescencia.

Indicó que se han redoblado los esfuerzos para que quienes decidan retornar a su país de origen de forma voluntaria puedan efectuar el trámite administrativo sin necesidad de ser ingresados en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

En su oportunidad, el embajador de Honduras reconoció el trabajo realizado por la comisión para proteger los derechos de quienes integran las tres caravanas de personas migrantes y enfatizó la necesidad de que dichas personas cuenten con información sobre las rutas para continuar su viaje hacia Estados Unidos, los peligros a los que se enfrentan, así como los trámites para ingresar a territorio estadounidense.

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CNDH pide a autoridades esclarecer homicidio de hija de diputada federal

México, 08 de noviembre/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades a llevar a cabo una investigación pronta, objetiva e integral sobre el homicidio de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel Palma, del Distrito 14 de Veracruz.

Ello “a efecto de que los responsables respondan de sus actos conforme a derecho proceda y se evite que dicho homicidio quede en la impunidad”, subrayó el organismo en un comunicado.

Asimismo pidió a las autoridades correspondientes que se otorguen las debidas medidas de protección a la legisladora y a sus familiares, y se les ofrezca la contención emocional que sea necesaria.

La CNDH condenó el homicidio de la hija de Carmen Medel Palma, a quien expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad, así como a sus familiares y a los integrantes de la LXIV Legislatura.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observará con atención el desarrollo de la investigación correspondiente, puntualizó.

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