Etiquetas: Desaparición forzada


Exigen esclarecimiento de desapariciones tras detención de policías (+Audio)

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Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 20 de febrero de 2018. Madres de desaparecidos exigen a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, que revele más lugares donde pudieran encontrarse los cuerpos u osamentas de sus hijos.

La integrante del Colectivo Familias Enlace Xalapa, Victoria Delgadillo, también pidió que se esclarezcan los casos de desaparición forzada en Veracruz.

“Lo único que nosotros queremos es que revelen los lugares donde podemos encontrar a nuestro familiar, para ya tener una paz y un descanso por todos nuestros familiares que no sabemos dónde están”.

Lo anterior, tras la vinculación a proceso de 16 policías y tres exaltos mandos: Arturo Bermúdez Zurita, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Readaptación Social; y Roberto González Meza, extitular de la Fuerza Civil, por su presunta participación en la desaparición de 15 personas.

“Para todos los compañeros que necesitan ser apoyados por todos los colectivos para que se esclarezcan sus casos. Tenemos la fe y la confianza de que sean encontradas las personas que hemos estado buscando durante tantos años en esta lucha”.

Cabe recordar que el Colectivo Solecito, el Colectivo por la Paz, Colectivo Familiares Enlace Xalapa y otros protestaron mientras se llevaban a cabo las audiencias en salas de juicios orales, con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, de los policías y exmandos policiales involucrados en desapariciones forzadas.

“Llevamos varios casos, pero estamos en apoyo de todos los colectivos y de todas las familias de desaparecidos”.

Victoria Delgadillo consideró que policías estatales y elementos de la Fuerza Civil participaron en diversos casos de secuestros y levantones, que acompaña el Colectivo Familiares Enlace Xalapa.

“Sí tenemos casos, pero estamos en apoyo a todos las familias, que en sus casos tienen que ver con las personas que están imputando”, añadió.

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Asegura Montano mantener vínculos estrechos con Segob por casos de desaparición forzada

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 18 de febrero de 2018. El delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, José Alejandro Montano Guzmán, aseveró que mantiene una vinculación estrecha para atender la demanda de los familiares de personas desaparecidas en Veracruz.

El funcionario federal, cuestionado en torno a la exigencia de integrantes de colectivos de estos familiares para buscar nuevamente restos en las instalaciones del ahora Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, dijo que al gobierno Federal le corresponde llevar a cabo las reuniones de los colectivos y autoridades en la entidad.

En ese sentido, dijo se estableció una próxima reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la indicación de la Segob a nivel federal es atender y tender los puentes necesarios para hacer lo necesario a fin de terminar con la angustia de los familiares.

“Son temas jurídicos, temas que tienen que verse en las instancias correspondientes (la búsqueda de cuerpos en la Academia), pero se tendrá que ver en su momento, tendrán que analizarlo la Fiscalía (General del Estado), la Procuraduría (General de la República). Mi área es la vinculación, es turnar y conciliar y que encuentran la ventana para impulsar las solicitudes”.

Refirió que la petición que hacen los familiares de desaparecidos tras lo dado a conocer en la audiencia de vinculación de 19 exelementos de la SSP, incluidos tres mandos superiores, por testigos protegidos.

Montano Guzmán sostuvo que la reunión con autoridades federales y estatales con colectivos de desaparecidos se hace cada seis meses y la última se hizo en enero, por lo que están trabajando el seguimiento a los acuerdos.

Por otra parte, dijo que en breve se sostendrán reuniones con la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), con la finalidad de que se fortalezcan las vías de comunicación en la entidad previó a la temporada de Semana Santa y la festividad de Cumbre Tajín.

Y es que, dijo, se deben de impulsar compromisos en coordinación con el estado que puedan favorecer el libre tránsito de los veracruzanos y los propios turistas, pues se han percatado de que hay gran cantidad baches en estas carreteras.

“Se ha dialogado también con la delegada de la Secretaría de Economía para establecer una comunicación a la vez con la Secretaría de Turismo federal y se pueda implementar un programa de promoción turística a nivel nacional para los destinos de playa, religioso y la zona norte para Cumbre Tajín”.

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Fiscalía exime a 4 delatores

Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 14 de febrero de 2018. Cuatro de policías de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), señalados por desaparición forzada, testificaron en contra de exaltos mandos y fueron eximidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la audiencia de vinculación a proceso, que concluyó después de las cinco de la madrugada del miércoles, los servidores públicos otorgaron información para investigar la presunta participación del extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita; el exdirector de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado; el director de Fuerza Civil, Roberto González Meza; y otros 16 elementos.

La jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, dictó auto de vinculación a proceso contra los 19 imputados por la presunta desaparición de 15 personas.

La FGE, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, prefirió no ejercer acción penal contra sus testigos, pese a que la Ley General de Desaparición Forzada -entró en vigor el 16 de enero de 2018- no contempla dicha situación.

El fiscal especializado Eduardo Coronel Gamboa justificó que los beneficios fueron concedidos a los cuatro testigos en diciembre del año pasado.

Las cuatro declaraciones permitieron proceder legalmente contra 19 de los 31 presuntos implicados en las 15 desapariciones forzadas.

La Jueza de Control autorizó cuatro de los seis meses que solicitó la Fiscalía de Veracruz para la investigación complementaria.

Lo anterior, con base en la causa penal 22/2018, donde se plantea que los policías y exmandos policiales ejercían una estrategia ilegal para la detención, tortura, interrogatorios y desaparición de personas presuntamente vinculadas con grupos de la delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado presentó 89 datos de prueba para acreditar la posible comisión del delito en agravio de 15 personas, entre ellos cuatro menores de edad.

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Continúan en su cargo funcionarias implicadas en desaparición de Gemma Mávil

Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 12 de febrero de 2018. Las servidoras públicas implicadas en la desaparición de Gemma Mávil continúan en funciones, pese a que enfrentan la causa penal 08/2017, denunció Pedro Mávil, padre de la joven de 29 años, quien fue secuestrada el 03 de mayo de 2011.

El entrevistado indicó que se trata de Susan García García y Patricia Guadalupe Ramírez Ramírez, quienes se desempeñan como oficial secretario de la Procuraduría General de la República (PGR) y perito forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), respectivamente.

Ambas laboraron en el área de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General del Estado, a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, cuando su hija desapareció.

El afectado cree que esas mujeres están involucradas en la inhumación del cuerpo de Gemma.

“Se le pidió a la jueza medidas cautelares para que en un momento dado se tomara en cuenta que ellas siguen activas, desempeñando sus labores o sus actividades como servidores públicos, una en el ámbito federal y la otra en el fuero común”.

Por la posible implicación de las funcionarias, Pedro Mávil pidió al juez de control, Luis Roberto Juárez López que sea aplicada la justicia de manera imparcial en el caso.

El pasado jueves 08 de febrero se llevó a cabo la segunda audiencia en la sala 2 de juicios orales, con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

Por primera vez, estuvieron presentes las dos imputadas, quienes pudieron comparecer ante el Juez de Control.

“Se les exigieron medidas cautelares, pero eso todavía está en proceso”, añadió el papá de la víctima, cuyo cuerpo presuntamente había sido inhumado en una fosa común del panteón Palo Verde, pero no fue así.

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Sin disposición FGE para frenar desapariciones forzadas en Veracruz

Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 20 de diciembre de 2017. La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, carece de disposición para atender de manera contundente el problema de las desapariciones forzadas y el alarmante número de restos humanos encontrado en fosas clandestinas.

Así lo expresó la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Mayra Ledesma Arronte, quien añadió que el problema es complejo en Veracruz, uno de los estados de la República Mexicana considerado como un foco rojo por el hallazgo de cementerios ilegales.

La entrevistada consideró que la FGE no está consciente o se niega a reconocer la magnitud de dicha situación.

“El problema es mucho más grande que solamente pedir reactivos de ADN (para identificar cuerpos)”.

Y es que en 43 municipios de la entidad veracruzanas han sido encontradas fosas ilegales, mejor conocidas como narcofosas.

“Esa es una parte del problema. El otro problema son las fosas comunes, que han tenido un mal manejo por parte de los gobiernos anteriores y que este gobierno no ha logrado tampoco resolver, no sabemos la cantidad de gente que está en las fosas comunes, no hay un registro, no se ha llevado con responsabilidad”, expresó la académica.

Ledesma Arronte comentó que la Fiscalía de Veracruz carece de recurso humano capacitado para realizar exhumaciones e identificar el cuerpo de personas desaparecidas.

“Para hacer de manera correcta las muestras de ADN tiene que de ser una acción coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR) y con los colectivos, tiene que haber transparencia en la manera como participan todos los involucrados”, remató.

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Publican decreto por el que se expide la ley contra la desaparición

  • El objetivo es prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en el tema
  • Crearán el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

México, 17 de noviembre/Notimex. La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, expedida el pasado jueves por el presidente Enrique Peña Nieto.

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En documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se señala que “la presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional”.

Refiere que esta ley tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como esclarecer los hechos.

Además prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley.

También establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones.

Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas; y garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero.

Así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

Otro objetivo de la citada legislación es crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

El artículo 3 de ley indica que “la aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias”.

Agrega que esta ley se interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro persona.

En el documento se señala que el decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Explica que a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a esta ley.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en esta Ley, continuarán aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.

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Recibe Peña Nieto a familiares de desaparecidos en Los Pinos

  • El Presidente mencionó que la promulgación de esta Ley es un gran paso
  • Las víctimas reconocieron los avances en la materia

Redacción/en Contacto Digital. Ciudad de México, 17 de noviembre de 2017. El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a familiares de desaparecidos y a representantes de organizaciones y colectivos, en el marco de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

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El titular del Ejecutivo Federal reconoció que la desaparición de una persona es una de las experiencias más dolorosas que alguien pueda sufrir y se solidarizó con todos aquellos que han padecido esa tragedia. También expresó que estamos ante hechos que causan sufrimiento en las víctimas y en sus familiares, que lastiman a nuestra sociedad, y que el Estado tiene la obligación de intervenir para brindar justicia.

El Presidente de la República mencionó que la promulgación de esta Ley es un paso de gran trascendencia, que brinda herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares. Asimismo, reconoció a los familiares de las víctimas y a los representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, por el empuje, la energía y el esfuerzo que han puesto para crear esta nueva Ley.

Señaló que: “Sin embargo, nunca se había establecido un marco legal ni un conjunto de instituciones públicas dedicadas específicamente a dar una respuesta integral, con todos los instrumentos del Estado, a este grave problema”.

Por su parte, las familias de desaparecidos reconocieron los avances en la nueva Ley, resultado de años de trabajo y del compromiso de familiares de víctimas y colectivos de la sociedad civil. Además, plantearon la importante necesidad de una pronta creación y consolidación de los órganos establecidos en la legislación, así como de asegurar que se reconozca y se mantenga su participación en la implementación de la Ley.

Durante su intervención, Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció el esfuerzo del gobierno mexicano y su voluntad para aprobar la Ley, y afirmó que “este es un gran día a favor de los Derechos Humanos en México”.

En el evento, participaron el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Senadora Angélica de la Peña Gómez; y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Al finalizar, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos firmó y promulgó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La nueva legislación distribuye competencias y establece la forma de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, responsable de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas. Además, establece una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Nacional Ciudadano, que será un órgano de consulta y participación integrado por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como Fiscalías especializadas en los órdenes federal y local.

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Peña Nieto promulga ley contra la desaparición forzada

  • Habrá una pena de entre 40 y 60 años de prisión
  • El Presidente se reunió con con familiares de desaparecidos y colectivos

Ciudad de México, 16 de noviembre/AlMomentoMX. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la nueva Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual establece penas de entre 40 y 60 años de prisión para los funcionarios que priven de la libertad a una persona y se nieguen a informar su destino o paradero.

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Durante el evento, realizado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario afirmó que este nuevo marco legal pone fin a décadas en que no se había querido reconocer un problema que ataca a la sociedad, establece una base sólida para sistematizar un esquema de búsqueda de desaparecidos y pugna por hacer justicia a las víctimas de desapariciones forzadas.

Previamente, el Presidente de la República se había reunido con familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones y colectivos y reconoció el Estado tiene la obligación de intervenir para brindar justicia.

Aseguró que habrá un plazo de 60 días para realizar un conjunto de acciones que sistematizará la instrumentación de esta legislación, entre ellas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda que conducirá las acciones, y la conformación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre algunas de las principales medidas que se desprenden de la legislación.

El jefe del Ejecutivo reconoció que la desaparición de un hijo, un hermano, un padre, es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una persona, por ello, patentizó su solidaridad con los familiares de las víctimas a quien también les expresó que tienen el legítimo derecho de que se les haga justicia.

Afirmó que con la promulgación de esta ley habrá un antes y un después en el tema de las desapariciones forzadas, aunque admitió que el marco legal es apenas un primer paso al que deberán seguir un conjunto de acciones que hagan efectiva su aplicación.

Peña Nieto señaló que pedirá a los congresos y gobiernos estatales que instrumenten las acciones corresponsables en el plano local, pues el enfrentar el problema de las desapariciones involucra a los tres niveles de gobierno.

Reiteró que la construcción de este nuevo marco legal que regirá en materia de desapariciones forzadas no hubiera podido concretarse sin el impulso que dieron las organizaciones sociales, y destacó que su aportación fue fundamental para elaborar una legislación que fue aprobada en el Congreso por todas las fuerzas políticas sin excepción.

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó esta ley, luego de dos años de debate. La ley establece la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

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Desechan ‘desaparición forzada en flagrancia’ en caso Tierra Blanca

  • En 2016, cinco jóvenes fueron 'levantados' por policías
  • El fallo puede ser impugnado

Redacción/en Contacto Digital. Xalapa, Ver., 18 de octubre de 2017. En el caso de los policías ligados a la desaparición de jóvenes en Tierra Blanca, un tribunal federal dejó sin efecto la formal prisión contra los elementos.

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Fue el pasado 2016 cuando los gendarmes se vieron implicados en el asesinato de los cinco jóvenes en el rancho El Limón.

La resolución, cabe señalar, no implica la liberación de los acusados quienes en videos, se aprecia cómo se llevan a los muchachos mismo que no volvieron a ser vistos con vida.

Cabe señalar que aunque el delito de desaparición forzada en flagrancia no se acreditó, por las imágenes presentadas como evidencia, sí se les podría acusar por desaparición forzada por consumación además de que el fallo puede ser impugnado por la defensa de los acusados o por familiares de las víctimas.

Con información de Milenio

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Siguen las denuncias por desaparición: Presidenta de la CEDH

  • Namiko Matzumoto informó sobre 40 quejas más
  • Se reúne con integrantes de colectivos

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 13 de octubre de 2017. A una semana de haber hecho pública la recomendación general por desaparición forzada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 40 quejas más de familiares de personas desaparecidas, informó la presidenta de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez. 

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Entrevistada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, previo a la reunión con integrantes de colectivos de familiares desaparecidos en la entidad, refirió que se ha establecido una mayor confianza en la comisión a su cargo. 

“Mira ha habido una respuesta en ese sentido, en los últimos días, para acá hemos recibido 40 quejas más que involucran desaparecidos. Generalmente tiene que ver con los derechos de la víctima, pero respecto de esas que recién fueron interpuestas, tampoco puedo adelantar, porque tenemos que empezar con el proceso de integración, solicitar informes y todo encaminado a acreditar si hubo o no violación de derechos humanos”. 

Consideró que hay que esperar para acreditar la mala actuación de alguna autoridad sobre estos nuevos casos. 

La presidenta de Derechos Humanos en Veracruz no descartó la posibilidad de que el número de quejas aumente, tras la emisión de la recomendación general , por lo que se invita a la población que sienta que se están vulnerando los derechos acuda a la Comisión. 

SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUEJA POR DESALOJO DE COXQUIHUI

En otro orden de ideas, Namiko Matzumoto informó que no hay ante la Comisión una queja oficial que se haya presentado por el desalojo por elementos de Fuerza Civil de personas que bloquearon la carretera en el municipio de Coxquihui para exigir atención médica por un brote de enfermedad respiratoria en la comunidad Ojite de Matamoros. 

“Oficialmente no hay queja, nosotros enviamos al delegado de Papantla, dando seguimiento, se puso a disposición de las partes por si querían presentar una queja, hasta este momento, pero estamos en posibilidad de recibirlas.  

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