Etiquetas: Desapariciones forzadas


Suficientes recursos para atender desapariciones forzadas en el país

México, 23 de abril/Notimex. En México hay recursos económicos, técnicos y humanos suficientes para atender los casos de desaparición forzada, si bien hacen falta mejores mecanismos de coordinación entre autoridades y poner en marcha el Registro Nacional de Personas Desparecidas.

Así lo señaló el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, quien señaló que si bien la ley en la materia exige una serie de pasos que podrán cumplirse hacia mediados de 2019, la búsqueda de los desparecidos continúa.

Durante la presentación del Manual para la aplicación de la Ley General sobre Desaparición de Personas y el Protocolo de Homologado de Búsqueda, elaborado por I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, señaló que es necesario crear el Registro y el Programa Nacional de Búsqueda.

Todos esos objetivos deben estar cumplidos alrededor de agosto de 2019, si bien mientras tanto el gobierno federal continúa con la búsqueda de los desaparecidos en todo el país, aunque hace falta mejorar los mecanismos de comunicación y conjuntar los esfuerzos bajo un mismo eje.

Cabrera Alfaro recordó que tanto el gobierno federal como los de los estados cuentan con financiamiento para este tema, al igual que apoyo de diversas agencias internacionales, por lo cual existen recursos suficientes.

Durante el acto, celebrado en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el director general de I(dh)eas y uno de los autores del documento, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, indicó que las cifras más recientes señalan que hay 34 mil 764 personas desaparecidas en México.

Propuso crear un registro nacional de fosas y otro forense de identificación, al aclarar que el manual que se presenta busca facilitar la aplicación de la norma en la materia y el protocolo homologado, para que las autoridades en todo el país actúen igual siempre y se facilite la localización de las personas.

Durante la presentación del documento, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, destacó que este problema no sólo afecta a las víctimas y sus familias, sino a la sociedad en su conjunto.

Sobre la situación que priva en la Ciudad de México, tanto en la presentación como en entrevista posterior dijo que si bien el tema no ha llegado a ciertos niveles “si no nos cuidamos tendremos esa misma situación”, por lo que exhortó a la Asamblea Legislativa integre una comisión de víctimas para atender este problema de manera eficaz.

Refirió que la comisión a su cargo tiene activas seis quejas por desaparición forzada, tres de ellas de este año, si bien desde 2013 a la fecha se acumulan 75, de las cuales la gran mayoría ya se han resuelto con la aparición de las personas.

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Colectivos buscan que se juzgue a Luis Ángel Bravo; diputado asegura que se hará en su momento

Isabel Ortega. Xalapa, Ver., 07 de abril de 2018. En el momento procesal correcto, se llamará a comparecer a X o Y, afirmó el diputado local presidente de la comisión de Procuración de Justicia, José Luis Enriquez Ambell, en clara referencia a Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal general del Estado.

En entrevista, el panista aseguró que no se pueden adelantar juicios, y corresponde al Fiscal del Estado, Jorge Winckler, dar cauce y fincar responsabilidad a todos los responsables en las omisiones detectadas en el caso de personas desaparecidas.

Recientemente se dio la detención del exdirector general de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Gilberto Aguirre de la Garza y la exdelegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquia, quienes fueron detenidos acusados por la desaparición de cuerpos en 2016.

Grupos de colectivos han pedido que se finque responsabilidad al Fiscal de la administración de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo, por las omisiones que se han detectado, y es que en su período se perdieron las muestras de ADN que se tomaron a las familias de desaparecidos, con las que se tendría que crear el banco de datos.

Al cuestionar al panista por la nula acción contra el exfiscal, comentó “el tiempo de la transparencia, el tiempo del combate a la corrupción de manera cierta y real en Veracruz ha llegado”.

Consideró que nadie esta a salvo de ser llamado a cuentas de parte de la autoridad encargada de la procuración de justicia.

Evitó opinar si se ha retrasado la investigación contra Luis Ángel Bravo a poco más de un año de que dejó el cargo, en especial cuando gente como Arturo Bermúdez, extitular de la SSP o el exgobernador Javier Duarte ya están en la cárcel.

Enríquez Ambell aseguró que el trabajo de la fiscal obedece a un cauce legal y no a la agenda política, por lo que la acción en contra de los responsables de omisiones en investigaciones ministeriales no se debe “politizar” o “partidizar”.

“La normatividad habla de lo que es. Si las averiguaciones y la integración de expedientes que se están haciendo, demanda que deba de citarse a X o Y, a Juan o a Pedro, así va a hacerse. Tiene la obligación la Fiscalía General”.

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Vinculación a proceso de Bermúdez es un primer paso para hacer justicia: Díaz Genao (+Audio)

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Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 14 de febrero de 2018. La vinculación a proceso de los tres exmandos policíacos y 16 policías operativos por el delito de desaparición forzada, es apenas un paso de todo el camino que se debe seguir para hacer justicia a los desaparecidos en Veracruz, aseveró la integrante del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao.

En entrevista, consideró que es urgente que se revise todas las corporaciones policiacas luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) diera cuenta de que parte de esta estaba involucrada en la desaparición forzada de cuando menos 15 personas.

“No hay justificación para que todo esto haya sucedido y que todavía sigan sucediendo estas cosas, porque todavía hay casos cometidos por elementos de las fuerzas del orden”.

Y es que, señaló que se ha demostrado que los exámenes de control que practican a los elementos policiacos no han sido suficientemente confiables.

“El paso que se da ahora es muy importante también, pero son pasos en el camino para que se consiga la justicia, todavía falta mucho, eso nos queda muy claro”.

Sin embargo, lamentó que para armar la investigación en contra de 31 personas, de las cuales 19 están detenidas y 12 prófugas, entre ellos José Nabor Nava Holguín, se haya absuelto a cuatro elementos de las fuerzas especiales que ahora están bajo el amparo de testigos protegidos por parte de la Fiscalía.

Esto era una muy mala noticia, puesto que todos los hombres que estuvieron involucrados en la desaparición forzada de personas tienen un grado de responsabilidad y deben de rendir cuentas.

Finalmente, afirmó que es muy desafortunado todo lo que está pasando en Veracruz, en donde no se ha actuado con la fuerza y la voluntad necesaria para aplicar justicia por estos delitos de lesa humanidad.

“Ha sido una agresión sistemática y continua hacia un sector especifico de la población que son los jóvenes que ha causado terror y sufrimiento, todo lo que un libro de texto indica lo que es un delito de lesa humanidad lo cubre Veracruz, por lo que estamos documentando y en su momento se llevará a instancias internacionales”, concluyó.

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Crecen desapariciones forzadas en Amatlán (+Audio)

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Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 13 de febrero de 2018. Las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en la entidad veracruzana, denunció Pedro Manuel Mávil Martínez, padre de Gemma Mávil Hernández, secuestrada hace seis años.

El entrevistado detalló que en la comunidad de Potrero Viejo, municipio de Amatlán de los Reyes, han repuntado las desapariciones durante este año.

“Ustedes se han dado perfectamente cuenta, no es necesario que lo diga yo, ustedes son testigos más que nadie de que esto no tiene un stop, esto lamentablemente va en crecimiento, entonces hay la necesidad de implementar medidas públicas para un ¡ya basta!”. 

Don Pedro se sumó a las protestas que orquestaron colectivos de familiares de desaparecidos afuera de las salas de juicios orales con sede en el penal de Pacho Viejo. 

Lo anterior, durante la tercera audiencia ante la juez de control, Alma Aleida Sosa, donde son señalados 16 policías, exaltos mandos y exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por su presunta participación en desapariciones forzadas.

Allí, consideró que el problema debe atenderse de fondo por parte de los tres niveles de Gobierno, federal, estatal y municipal. 

“Se debe garantizar la seguridad, no sólo y sencillamente con que intervenga la Marina, el Ejército, vamos a tener el concepto de que ya vamos a tener seguridad, no, esto va más allá, lamentablemente, es toda una estructura que está corrompida”. 

Reveló que más de diez de personas fueron víctimas de desapariciones forzadas en Potrero Viejo. 

“Hacemos un extenso llamado al Gobernador, que ahora que ya están en proceso de vinculación los elementos, tenga la posibilidad de darnos información sobre dónde están nuestros familiares, nuestros desaparecidos”, apuntó.

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Fiscalía carece de pruebas para juzgar a expolicías detenidos: familiares (+Audio)

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Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 13 de febrero de 2018. La Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene pruebas para juzgar a los 16 policías presuntamente implicados en desapariciones forzadas, refutaron familiares de los imputados mientras protestaban afuera de las salas de juicios orales, con sede en el penal de Pacho Viejo. 

Las personas se mostraron inconformes, debido a que se les negó el acceso a la tercera audiencia ante la juez de control, Alma Aleida Sosa, donde la Fiscalía de Veracruz los señala por su posible participación en 15 desapariciones durante 2013. 

Lo anterior, en complicidad con el director de Fuerza Civil, Roberto “N”; el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo “N”; y el exdirector de Prevención y Readaptación Social, Óscar “N”. 

De acuerdo con Angélica Ixmatlahua, hija de uno de los policías imputados, existen irregularidades en las investigaciones realizadas por la FGE, a cargo de Jorge Winckler Ortiz. 

“No es posible que el gobierno esté actuando así , no es posible que en vez de que haga una investigación correcta, que se busquen los hechos, todo esto que pasa, que lo hagan bien y no que agarren a gente inocente. Agarran a gente que lo único que estaba haciendo es trabajar. Los detienen, les ponen las esposas, los traen a Xalapa, los traen a los juzgados y les dicen: tú eres culpable porque yo lo digo”. 

La entrevistada consideró que la FGE carece de pruebas para acusar a los elementos de la SSP. 

“La Fiscalía no tiene nada de pruebas, nuestra gente es inocente, es gente humilde, trabajadora y no solamente te lo digo yo porque soy familiar de ellos, te lo decimos todos, todos los que estamos aquí”. 

Ramón González Meza, hermano del exdirector de Fuerza Civil, Roberto “N”, solicitó a representantes de los medios de comunicación un espacio para dar a conocer su postura. Insinuó que los reporteros solo daban apertura a los familiares de desaparecidos. 

“Todos exigimos justicia, todos exigimos justicia”, exclamó el también exelemento de la Fuerza Civil.

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A Nabor Nava no lo quieren encontrar: madres de desaparecidos (+Audio)

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Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 09 de febrero de 2018. José Nabor Nava Holguín, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es muy fregón o no lo quieren encontrar, increpó la representante del Colectivo por la Paz, Sara González Rodríguez.

La activista mencionó que todavía hay 12 expolicías y exmandos policiales que están prófugos y deben ser detenidos por la autoridad ministerial.

“Faltan 12, que andan prófugos, igual debe ofrecer un millón de pesos por cada cabeza y vivos, que los traigan vivos para juzgarlos, porque muertos no sirven ni para barbacoa”.

La entrevistada indicó que el Gobierno del estado debe otorgar una recompensa de un millón de pesos no sólo por Nabor Nava, sino por todos los policías involucrados en desapariciones forzadas.

“Una de dos, es muy fregón para esconderse o no lo quieren encontrar, porque desgraciadamente la colusión impera en nuestro estado y es lo más preocupante, de que agarran a unos cuantos, pero dónde están los demás, cómo es posible que no los encuentren, claro que deben saber dónde están”.

Por otra parte, refirió que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa también debe ser juzgado por el delito de desaparición forzada, aunque ya se encuentre en el Reclusorio Norte, Ciudad de México, por los delitos de enriquecimiento ilícito y vínculos con la delincuencia organizada.

“Obviamente él estaba enterado y sabía lo que andaba haciendo Bermúdez y cuando Bermúdez se va dejan a Nava y siempre dijimos porque dejan a otra rata igual que él, igual de asquerosa, porque es garrafal lo que están haciendo con el estado, cómo es posible que se atrevan a dejar gente que es la mano derecha de un delincuente y que sabían perfectamente bien lo que la mano izquierda hacía”.

Las madres de desaparecidos pidieron que Duarte de Ochoa sea juzgado como cualquier delincuente.

“Que no se le dé favoritismo en nada, igual con los que están adentro (penal de Pacho Viejo), porque todos son culpables, mentira que no, tienen que soltar la lengua, con un ejemplar que haya donde deberás se esté aplicando la ley como nos dice la ley, van a ver que todos van a soltar la lengua y todos van a caer como dominó”, finalizó.

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Las desapariciones forzadas de Bermúdez Zurita

Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 08 de febrero de 2018. “Mi hijo no andaba en malos pasos”, asegura Pedro García Luna con un nudo en la garganta. 

Daniel García Gutiérrez había sido arrestado la noche del miércoles 7 de febrero por su presunta participación en desapariciones forzadas. 

Durante 48 meses se desempeñó como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Inició cuando Arturo Bermúdez Zurita estaba al frente de la corporación y Javier Duarte de Ochoa era gobernador de Veracruz. Ambos exfuncionarios están tras las rejas. 

Junto con el joven de 26 años cayeron otros 16 policías en activo y el exdirector general de Fuerza Civil, Roberto González Meza, por seguimiento a la causa penal 22/2018. 

Su padre casi llora cuando recuerda que durante su vida ha tratado de inculcarle valores y principios a sus nueve hijos. Tres de ellos, policías, quienes siguieron sus mismos pasos.

Don Pedro ha dedicado 48 años a la SSP. Actualmente, es velador del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX). Tiene 68 años. 

Su rostro está cansado. Las arrugas exhiben el desgaste físico que ha sufrido por décadas de trabajo como uniformado. 

“Yo les he platicado en tantos años que tengo de trabajo, les he dicho: miren hijos, el trabajo se trata así y así, no meterse en otras cosas, por eso aunque sea poco sueldo, uno lo va haciendo pedazos para que uno mismo vaya sacando adelante a la familia”, cuenta el adulto mayor. 

A Daniel lo vinculan con Bermúdez Zurita, González Meza y el exdirector de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, alias Mesié, por desapariciones forzadas en el pasado gobierno priista. 

Se habla de 22 órdenes de aprehensión en contra de varios exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.

Don Pedro se enteró de la detención de Daniel por delitos de alto impacto, gracias a que otro de sus hijos, el taxista, le avisó. 

“Apenas anoche (miércoles), mi hijo el que anda de taxista, me avisó: papi, tú crees que detuvieron a Daniel. Le dije: ¿y ahora por qué?. Dice: pues lo están calumniando, que por mala persona, secuestros”. 

Después de su preparación en la Academia de Policía, localizada en El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, el aprehendido fue escolta de la entonces alcaldesa de Cosamaloapan, Adriana Maass Michel, durante toda la administración -la mujer ha sido señalada por desfalco financiero-.

Al culminar la administración municipal, en diciembre de 2017, el ya titular de la SSP, Jaime Téllez Marie, le instruyó que cumpliera rondines en Perote y Martínez de la Torre. 

Después lo volvió a llamar para enviarlo como comisionado de Policía Municipal en el puerto de Veracruz, misma que está en proceso de consolidación.

“Lo mandaron a traer con engaños, para que firmara el oficio y lo mandaran. Lo malo fue que lo mandaron a traer por engaños para que lo detuvieran. Me había dicho que lo iban a mandar como comandante municipal”, expresa don Pedro. 

Otro de sus hijos es cocinero de la SSP en el puerto de Veracruz y, uno más, elemento de la Policía Estatal en el municipio de Orizaba, zona centro del estado. 

“ELLOS SE LLEVARON A MI HIJO”

Uno o varios de los policías recientemente aprehendidos pudieron haber participado en la desaparición de Hugo Murrieta Sánchez. 

Al menos así lo considera su madre Carmen Sánchez Tlapa, quien llora por su joven hijo, cuando recuerda aquel gris día en Coatepec. 

Eran las cuatro de la tarde del 16 de abril de 2013. Elementos de la Policía Estatal patrullaban las calles del Pueblo Mágico. 

El muchacho, de entonces 23 años, conducía el taxi, con número económico 505, sobre la calle Arteaga esquina Miguel Rebolledo, a unos metros del Palacio Municipal y la Comandancia de Policía. 

De pronto, tres camionetas de la Policía Estatal lo interceptaron. Los oficiales lo bajaron de la unidad y lo subieron a una patrulla. Desde entonces, no se sabe nada de él. 

Carmen se plantó afuera de las salas de juicios orales, en el penal de Pacho Viejo, con una lona donde aparece el rostro de su hijo. 

Lo anterior, durante el receso de la audiencia inicial contra los 16 policías en activo y los tres exfuncionarios de la SSP arrestados recientemente por su presunta participación en desapariciones forzadas.

Integrantes del Colectivo por la Paz y el Colectivo Enlaces Xalapa la acompañaron en el lugar. 

“Tengo entendido que los que están aquí (en audiencia) fueron los que se lo llevaron (a su hijo). Hubo mucha gente que vio a policías cuando se lo llevaban, porque fue en el centro de Coatepec, se dieron cuenta cuando subieron a mi hijo a la patrulla, se lo llevaron con todo y coche”, subraya. 

La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso. Los testimonios fueron documentados de manera oficial. Iniciaron las investigaciones. 

Y es que, en su momento, Carmen interpuso la denuncia 288/2013 ante la Agencia del Ministerio Público de Coatepec.

De acuerdo con una publicación de La Jornada en línea, con fecha del 3 de agosto de 2015, las pruebas testimoniales y el rastreo de llamadas señalaron a 12 elementos de la SSP. 

Uno de ellos, José Alberto Polo Ladrón de Guevaran, declaró a la PGR. “En esos días (cuando desapareció Hugo Murrieta) elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, con base en El Lencero, estaban entrando a Coatepec, hacían desorden y luego les echaban la culpa a ellos (a los agentes estatales)”. 

FUERZAS ESPECIALES DE SECUESTRO 

El mismo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares reveló el modo de operación de la estructura de Arturo Bermúdez Zurita para la desaparición forzada. 

Todo inicia por instrucción de Bermúdez, mejor conocido como Capitán Tormenta, y la implementación del Grupo Fuerza de Reacción. 

Posteriormente, entra en funciones la Subdirección de Operaciones a cargo de José Manuel Martínez Sánchez, también nombrado Capitán Martínez, y se notifica al comandante de la División de Policía Encargada de los Grupos, Arturo Paredes Guevara. 

“Grupo Fuerza de Reacción: detener sospechosos y personas previamente identificadas como integrantes de la delincuencia organizada. Encargado: Mario Durán García”, se lee en el esquema difundido por el gobierno de Veracruz. 

En el siguiente paso, Juan Fernando Santamaría elabora bitácoras e informes de las detenciones, mismos que son entregados a Arturo Paredes Guevara y Mario García Durán, con copia a José Óscar Sánchez Tirado. 

Los dos primeros mencionados tomaban la decisión de liberarlos o trasladarlos al Cuartel de San José, a cargo de Sánchez Tirado o José Nabor Nava Olguín, último titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el duartismo. 

Los levantados eran interrogados para tomar la decisión de liberarlos o trasladarlos con Roberto González Meza, coordinador del Grupo Fuerza Especial (Fieles).

El también Exdirector General de la Fuerza Civil estaba a cargo de la revisión de teléfonos, interrogatorios, tortura y violación. Se obtenía información, se planteaban nuevos objetivos y se ejecutaba a las víctimas. 

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, se trata de 31 exservidores públicos señalados por su presunta participación en dicho delito de lesa humanidad contra 15 personas de diversos puntos del estado; sin embargo, existen 202 expedientes de casos por el mismo motivo. 

Ya fueron arrestados 19 exfuncionarios y policías en activo. No obstante, aún están prófugos 12, entre ellos Nabor Nava. 

Entre los que andan de huida también están Manuel Alejandro Trujillo Rivera, Roberto Carlos López Flores, Claudio Álvarez Ramos, Luciano Esquivel Martínez, Martín Castillo Hernández, Iván de Jesús Antonio Cruz, Norberto Sánchez Benítez, Alberto Campa Domínguez, William López de los Santos y Cristopher Pérez Reyes.

Entre los detenidos se encuentran Benigno Neftalí Rivera, Cirilo Hernández Ceballos, José Oscar Rodríguez Franco, Miguel Jiménez López, Silvano Martínez Rivera, Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua, Óscar Paul Mendoza, Francisco Martínez Santiago, Crescenciano Domínguez, Daniel García Gutiérrez, José López Cervantes, Carlos Baxin Ortiz, Evaristo Sánchez Alarcón, Dario Arroyo Elizondo, Domingo Santiago Santiago y Francisco Méndez Flores. 

70% DE DESAPARICIONES, EJECUTADAS POR UNIFORMADOS 

El 70 por ciento de las desapariciones forzadas en Veracruz fueron ejercidas por elementos de las diferentes corporaciones policiacas, tanto federales como estatales, durante el duartismo.

Sara González Rodríguez, representante del Colectivo por la Paz, fue una de las valientes madres de desparecidos que protestaron afuera del penal. 

Ella confirmó que dicho porcentaje se puede constatar en los expedientes de la Fiscalía General del Estado por desapariciones de personas. 

“Según consta en expedientes, un 70 por ciento es desaparición forzada por parte de elementos”, subraya. 

A su juicio, en crímenes han participado elementos de la extinta policía intermunicipal, Policía Estatal, Fuerza Civil, Gendarmería, Secretaría de Marina-Armada de México y del Ejército Mexicano. 

“Son todos, en algunos de los casos, participaron tres corporaciones juntas (en desapariciones forzadas)”. 

Recuerda que en los retenes anteriormente instalados en la zona de la avenida Chedraui Caram, rumbo a El Castillo, municipio de Xalapa, fueron levantadas tres personas. 

“Es el caso de la señora Moctezuma Ramírez, ahí estuvieron inmiscuidos todos ellos, porque en estaban los famosos retenes que ponían rumbo al Castillo, en el retén que estaba exactamente en la avenida Chedraui Caram, ahí estaban según la última llamada de teléfono y ahí los detuvieron para según revisarlos, su clásico modus operandi”.

Las madres de desaparecidos colocaron lonas en la reja perimetral de las salas de juicios orales, con los rostros de sus hijos, en exigencia de que los policías detenidos digan “qué hicieron con los desparecidos”. 

POLICÍAS, PRESOS POLÍTICOS, ACUSAN 

Los familiares de los policías detenidos externaron su inconformidad, durante la mañana del jueves. 

“Este gobierno quiere ganar unas elecciones. Esto es político, señores. Esto no es legal, aquí no hay respeto a los derechos humanos”, gritó Violeta Ceballos Díaz, pareja de Roberto González Meza, exdirector general de Fuerza Civil -uno de los detenidos en el transcurso del miércoles y el jueves-. 

La mujer, de unos 30 años, ocupó un cargo administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando Arturo Bermúdez Zurita estaba al frente de la corporación. 

Molesta por la detención de su marido, enfatizó a representantes de los medios de comunicación que González Meza era inocente, toda vez que posee una “gran calidad moral”.

“Conozco a esa persona, yo trabajé con él, es mi pareja, las cuestiones morales que la gente quiere emitir, eso es problema de quien quiera verlo. Yo sé bien el trabajo que se hizo en ese gobierno (sexenio de Javier Duarte de Ochoa), desde 2010 yo ingresé a la Secretaría de Seguridad Pública, he estado en diferentes organismos y sé el trabajo que han hecho mis compañeros y mis jefes que están aquí”.

El acceso a las salas de juicios orales fue abarrotado por familiares de los detenidos. También afuera del penal se observaba movimiento. 

Patrullas de la Policía Estatal y Fuerza Civil habían sido atravesadas para impedir el tránsito vehicular en la zona, toda vez que los aprehendidos eran traslados para su audiencia inicial ante la Juez de Control, Alma Aleida Sosa. 

“Voy a poner una queja a derechos humanos y en cuanto me dé cuenta seguiré poniendo quejas ante la comisión estatal de derechos humanos, porque esto no es justo, es una cuestión política”, insistía Violeta. 

Después de las diez de la noche del miércoles arribó al penal de Pacho Viejo el Exdirector General de Fuerza Civil, en calidad de detenido. 

A las dos de la madrugada del jueves fueron trasladados 13 policías y a las siete de la mañana otros tres elementos. 

La audiencia de imputación inició después de las 12 horas. A las 13 horas con 20 minutos la Juez de Control decretó un receso de tres horas para que los abogados de los señalados analizaran el expediente. 

La sesión se reanudó casi a las cinco de la tarde y, a las ocho de la noche, no había concluido. 

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Colectivo ‘Solecito’ prevé más desapariciones en 2018

Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 11 de enero de 2018. El Colectivo Solecito prevé un mayor número de desapariciones forzadas durante este 2018, al tratarse de un año electoral. 

De acuerdo con Lucía de los Ángeles Díaz Genao, vocera del colectivo, las instituciones y los partidos políticos solo se concentrarán en ganar votos y podrían dejar de lado sus responsabilidades. 

“Es bastante ominoso, un mal presagio, porque en un año electoral está todo enfocado hacia ganar los puestos y no van a contener la violencia más que cosméticamente, solamente van a hacer creer que la contienen, pero la violencia va a seguir porque no se le está dando solución”, añade Díaz Genao. 

La activista exhortó a la población a cuidarse para no ser una víctima más de la violencia, pues en años electorales tiende a incrementar la incidencia delictiva. 

“Mi llamamiento sería a la ciudadanía para que se cuide muchísimo, porque si no nos cuidaban antes, ahora menos, y este es un año que en el tema de derechos humanos no creo que avancemos mucho”. 

Cabe recordar que el Colectivo Solecito contribuyó a la localización de 145 fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe, puerto de Veracruz. 

Allí, se encontraron 281 restos de personas en calidad de desaparecidas, mencionó la activista. 

En el último año, periodo en que Jorge Winckler Ortiz ha estado al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), 60 personas se sumaron al Colectivo Solecito por la desaparición de algún familiar.

En un comunicado oficial, Jorge Winckler revela que con la labor de la Policía Científica y los colectivos se lograron 30 identificaciones positivas en fosas clandestinas. 

Sin embargo, Díaz Genao adelantó que el Colectivo Solecito prepara una serie de acciones para que Winckler Ortiz sea removido del cargo. 

“Winckler hace el trabajo sucio, es difícil quitar a una persona que te está haciendo todo el trabajo sucio, ¿a quién pones?, es complicado”, culminó. 

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Garantizan apoyo a personas inscritas en Registro Nacional de Víctimas

  • Renavi cuenta al 25 de agosto, con 938 casos de desaparición forzada
  • CEAV llam a legisladores a aprobar Ley General en la materia

México, 30 de agosto/Notimex. El Registro Nacional de Víctimas (Renavi) cuenta al 25 de agosto, con 938 casos de desaparición forzada, cuyas víctimas indirectas tienen garantizado el apoyo de las medidas de atención que les otorga la Ley General en la Materia.

Al informar lo anterior, el titular de la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, llamó a los legisladores a aprobar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, indicó que la aprobación de dicha ley sin duda, “proveerá al Estado de herramientas sólidas para hacer frente a esta problemática”.

Rochín del Rincón reconoció el esfuerzo de los familiares de las personas desaparecidas al no cejar en la búsqueda incansable de sus seres queridos.

“Para estas madres, padres, amigos y familiares, la búsqueda y la incertidumbre son la realidad cotidiana”, anotó el secretario ejecutivo de la CEAV mediante un comunicado.

Recordó que el 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El organismo expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, así como por los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas.

Además, por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

En este contexto, Rochín del Rincón consideró imperativo asumir la responsabilidad de trabajar con las víctimas de esa grave violación de derechos humanos.

Recordó que para ello, la CEAV brinda medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral a las víctimas indirectas de desaparición y desaparición forzada, con el objetivo de ayudarles a alcanzar la justicia, la verdad y la reparación integral.

“Atender a las víctimas de desaparición y desaparición forzada es tratar de compartir con ellas el más terrible de los sufrimientos. Acompañarlas, es regenerar el tejido de una sociedad que les ha fallado, y aspirar, mediante acciones, a un mejor futuro”, concluyó.

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Quejas contra FGE por dilación en investigar desapariciones, al alza

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 08 de mayo de 2017. En el último año se han recibido alrededor de 100 quejas de familiares de personas desaparecidas ante la Dirección de Atención a Mujeres, Grupos Vulnerables y Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sobre todo en contra de la Fiscalía  General del Estado (FGE) por la dilación en la integración de las carpetas de investigación. 

Así lo dio a conocer la titular del área, Inés Argentina López Hernández, entrevistada en el marco de la toma de muestras de ADN que se llevó a cabo en la Iglesia María Madre de esta capital este lunes. 

Luego de informar que la CEDH a través de esta Dirección brinda acompañamiento victimológico a todas las personas que se toman pruebas de ADN, la mayoría gran parte de ellas integrantes de  colectivos de familiares de personas desaparecidas que ya tienen queja en la Comisión. 

Detalló que este es un acuerdo que se tiene con Policía Científica, Secretaría de Gobierno y colectivos. 

“Tenemos aproximadamente un poco de más de 100 quejas y ya casi la mayoría de las quejas están turnadas para resolverse. Son de todo, la mayoría en contra de la Fiscalía General por aquello de las carpetas, manifiestan dilación en la carpeta de investigación. Estamos hablando de hace un año para acá, pero las desapariciones son de años anteriores”.

Además hay quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, Ayuntamientos, pero sobre todo en contra de la Fiscalía por las carpetas de investigación. 

La CEDH  brinda todo el acompañamiento victimológico que ellos requieran, a la Fiscalía, algunas personas no les queda claro el trámite legal, cualquier necesidad que tengan en materia de víctimas se les apoya.

Finalmente, reconoció que a comparación de otros años se le ha incrementado, ha subido, al menos en la atención de atención a mujeres hemos tenido un aumento por concepto de desaparición.

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