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Satisfecho catalán Puigdemont con la decisión de la Justicia alemana

Berlín, 12 julio/Notimex. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se declaró hoy satisfecho con la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que aprobó su deportación a España acusado del delito de malversación de fondos públicos, pero no el de rebelión.

En un mensaje de Twitter, Puigdemont señaló que “con la decisión del tribunal regional alemán la mentira principal del Estado quedó extinguida. La Justicia alemana rechaza que el referéndum para la indepedencia el 1 de octubre haya sido una rebelión”.

Si bien la Fiscalía de Schleswig-Holstein consideró desde un inicio que procedía la deportación de Puigdemont, el Tribunal Superior le permitió quedarse en suelo alemán porque consideró que los sucesos no llenaban la tipificación de ese delito. El político catalán se estableció en Berlín.

El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, uno de los 16 estados federados de Alemania, aprobó esta mañana la deportación del líder independendista catalán a Madrid como resultado de la revisión de malversación de fondos públicos de que fue acusado por el gobierno español.

El cargo de rebelión, sin embargo, no lo reconoció el tribunal alemán, y ahora el siguiente paso es que la Fiscalía de Scheswig-Holstein apruebe la deportación.

La Fiscalía regional demandó el pasado 1 de junio encarcelar a Puigdemont con vistas a la deportación, pero el Tribunal se negó.

El Tribunal argumentó que el político catalán, de 55 años, podía permanecer en libertad porque no había riesgo de fuga y además había cumplido con las condiciones que se la habían impuesto, como presentarse una vez a la semana ante la policía de ese estado del norte alemán.

Puigdemont fue detenido a finales de marzo pasado en una carretera de Schleswig-Holstein, por la que viajaba para regresar a Bélgica, donde tiene actualmente su vivienda. La captura se debió a una orden internacional de detención en su contra emitida por el anterior gobierno español de Mariano Rajoy.

El motivo de la disputa en torno a Puigdemont fue el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Puigdemont decidió que éste se llevara a cabo a pesar de que el gobierno español había declarado la ilegalidad del procedimiento.

Puigdemont utilizó para ello 1.6 millones de euros (1.86 millones de dólares) de fondos públicos.

Tras la decisión del tribunal regional alemán, el defensor legal de Puigdemont subrayó que sin el reconocimiento del cargo de rebelión, su cliente no podrá ser juzgado por ese delito en España.

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Tribunal reafirma acusación contra independentistas catalanes

Madrid, 09 de mayo/Notimex. El magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, reafirmó hoy la acusación contra 23 dirigentes independentistas catalanes, a los que mantiene el procesamiento por rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.

En una resolución emitida este miércoles, denegó los recursos de impugnación que contra el procesamiento interpusieron los acusados, y además reitera que sobre el delito de rebelión concurre el requisito de la violencia, y en el de malversación no hay contradicción con la inspección de la Hacienda pública.

Llarena resaltó que en cuanto a hechos de violencia se enumeran los preparativos y desarrollo de la consulta independentista del 01 de octubre, en la que destaca la movilización del 20 de septiembre contra las fuerzas de seguridad que trataban de impedir el referéndum.

Destacó que en ambos casos la violencia se “patentiza su concurrencia en los hechos que se enjuician en un comportamiento que va más allá de la legítima reivindicación de un posicionamiento político-ideológico”.

Como consecuencia del quebranto del ordenamiento jurídico, el juez recordó que cerca de tres mil empresas (con un volumen de facturación de 44 mil millones de euros), cambiaron su domicilio a lugares fuera de Cataluña.

Descartó que las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que afirmaba que no se usó dinero público para el referéndum del 1 de octubre afecten su investigación, ya que la documentación aportada confirma la malversación.

“La propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por el Ministerio de Hacienda detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime), determinados marcadores que sugerían lo que el auto de procesamiento sostiene”, apuntó.

Llarena enfatizó que hay pruebas sobre los costos de la publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos, la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería.

Asimismo, incluye referencias a los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales.

En tanto, como estaba previsto el gobierno español impugnó ante el Tribunal Constitucional la reforma de la llamada Ley de Presidencia, que aprobada el Parlamento de Cataluña el viernes, permitiría votar como presidente a un candidato ausente de la sesión de la cámara.

El ministro portavoz y de Educación del gobierno español Iñigo Méndez de Vigo informó que “la verdadera intención” de esa reforma es “permitir una investidura a distancia” de Carles Puigdemont.

En rueda de prensa tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que avaló la impugnación, aseguró que el líder independentista es “un prófugo de la justicia” sobre el que pesa “una orden europea de detención y entrega que está siendo estudiada por la justicia alemana”.

El Tribunal Constitucional inició este mismo miércoles una reunión en la que analiza el recurso presentado por el gobierno, y podría emitir una resolución al respecto.

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Vicepresidenta Sáenz de Santamaría asume presidencia de la Generalitat

  • Delegan en Soraya Sáenz las funciones de la presidencia de Cataluña
  • Los ministros de Rajoy se harán cargo de las 11 consejerías autonómicas

Madrid., 28 de octubre de 2017/Notimex. El mandatario del gobierno español, Mariano Rajoy, delegó en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, las funciones de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, según publicó este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Sáenz de Santamaría ha asumido la mayoría de competencias correspondientes al presidente y al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según los reales decretos publicados por el BOE, tras las destituciones de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los miembros del Govern, la vicepresidenta jugará un papel clave en la coordinación de la intervención del Ejecutivo en Cataluña.

Rajoy asumió las funciones y competencias que corresponden al presidente de la Generalitat previstas en el Estatuto de Autonomía dada la aplicación del artículo 155, pero delegó en Saénz de Santamaría esa responsabilidad, que ejercerá el mando en la región.

Además, los ministros del presidente Mariano Rajoy se harán cargo de las 11 consejerías autonómicas catalanas tras el cese de todos los consejeros.

Cada ministerio se ocupará de coordinar los trabajos de la consejería correspondiente de la Generalitat y el Consejo de Ministros servirá de punto de encuentro para tener una visión de conjunto.

“En todo caso las anteriores habilitaciones se realizarán con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la Autonomía de Cataluña”, subraya el decreto gubernamental publicado por el BOE.

También argumenta la necesidad de “garantizar el funcionamiento de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de sus organismos”.

El objetivo de la acción del gobierno es “ejercer las actuaciones necesarias para garantizar que la Administración y el conjunto de la Generalitat restaure y actúe conforme al Orden constitucional y legal vigente, asegurando la neutralidad institucional”.

La publicación del BOE incluye, además, la disolución del Parlamento de Cataluña, elegido el 27 de diciembre de 2015 y recoge la convocatoria de elecciones previstas para el próximo 21 de diciembre.

Las circunscripciones electorales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona elegirán, respectivamente, a 85, 17, 15 y 18 diputados.

Asimismo, queda estipulado que la campaña electoral durará 15 días a partir del 5 de diciembre de 2017 a las 00.00 (hora local) y hasta el día 19 de ese mismo mes.

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Entran en vigor medidas de intervención de Cataluña

  • Senado aprobó aplicar el artículo 155 constitucional con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención
  • Mariano Rajoy recordó que primera medida que quiere aplicar es cese de Carles Puigdemont

Madrid, 27 de octubre/Notimex. El Boletín Oficial del Estado (BOE) español publicó hoy en su versión digital la resolución del Senado de este país, que avala al gobierno de Mariano Rajoy para intervenir la comunidad de Cataluña, la cual declaró su independencia.

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El Senado aprobó aplicar el artículo 155 constitucional con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, para que el Ejecutivo español implemente a partir de este fin de semana y por primera vez en la historia este artículo desde su redacción en 1978.

En la sesión del Senado, Rajoy recordó que la primera medida que quiere aplicar es el cese del presiente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.

El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el gobierno de la nación, apuntó.

La segunda medida se refiere a que el Senado controle al Parlamento catalán, para que no pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento puede celebrar debate y votación de investidura.

Además las medidas propuestas incluyen el control de las finanzas, la policía catalana (Mossos d`Esquadra), los medios de comunicación públicos, la limitación de facultades del Parlamento catalán y posterior convocatoria de elecciones.

“Mi gobierno ha solicitado la aplicación del artículo 155 para restaurar la Ley, la democracia y la estabilidad en una Comunidad Autónoma cuyos dirigentes han desterrado la Constitución, maltratado la convivencia, planteado un abierto desafío a la unidad territorial”, dijo Rajoy.

Afirmó que los dirigentes independentistas han “fomentado una grave incertidumbre económica que está forzando la salida de empresas y entidades financieras hacia otras regiones españolas”.

“Ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración. No contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña. No para suspender la autonomía de Cataluña, sino para consolidarla”, aseguró.

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Afronta Cataluña intervención de gobierno si mantiene independencia

  • Dirigente nacionalista deberá responder al gobierno de España si confirma la proclamación
  • Requerimiento emitido este miércoles es el inicio de la activación del artículo 155 de la Constitución

Madrid, 11 de octubre/Notimex. La región autónoma de Cataluña afronta la posibilidad de una intervención del Estado español en los próximos días, que incluiría medidas como el estado de excepción, en caso de que se mantenga el proyecto independentista del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

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Tras anunciar la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña en el pleno del martes, y suspenderla de inmediato, el dirigente nacionalista deberá responder al gobierno de España si confirma la proclamación de un Estado independiente.

El requerimiento emitido este miércoles es el inicio de la activación del artículo 155 de la Constitución española, y en caso de no recibir una respuesta y una rectificación de Puigdemont, permitirá al gobierno del presidente Mariano Rajoy intervenir la administración local catalana.

El mandatario español aseguró que dependerá del tipo de respuesta del dirigente catalán si se aplica la disposición constitucional, que desde su redacción en 1978 no se ha utilizado contra ninguna comunidad autónoma.

El requerimiento concede a Puigdemont cinco días, que vencerían el 16 de octubre, para que responda si él o alguna autoridad ha declarado la independencia, y aclare si se aplicará la declaración, y tiene como plazo el día 19 para rectificar y revocar su decisión.

El siguiente paso, en ausencia de rectificación, sería que el Senado de España, donde el gobernante Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, apruebe las medidas y plazos que le proponga el Ejecutivo para instrumentar la intervención en el gobierno catalán.

El texto constitucional no especifica las medidas para su aplicación ni precisa una suspensión de la autonomía, y se entiende que se trata de un control de decisiones ejercidas desde Madrid para el funcionamiento de las instituciones y servicios públicos que de ella dependan.

Tras la aprobación se notifica al gobierno y Parlamento de Cataluña y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (que puede ser en su versión digital el mismo día de la votación en el Senado) entra en vigor la medida.

El presidente Rajoy también tiene encima de la mesa la posibilidad de aplicar el artículo 166 constitucional, que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

A diferencia del artículo 155, que no tiene una ley orgánica, los tres escenarirequerimiento emitido este miércoles es el inicio de la activación del artículo 155 de la Constituciónos del artículo 166 cuentan con desde 1981 con una ley que regula los supuestos a aplicar “por circunstancias excepcionales”, y que para este caso sería aplicado mediante aprobación del Congreso de los Diputados.

La última vez que se declaró un estado de alarma fue en 2010, dictado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que personal militar supliera a los controladores aéreos que se declararon en huelga.

El estado de alarma se declara en todo o parte del territorio nacional cuando acontezcan catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud.

Asimismo crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, situaciones de desabastecimiento y paralización de los servicios esenciales como consecuencia de huelgas o conflictos colectivos.

El estado de alarma no supone, en principio, efecto alguno sobre la vigencia de los derechos fundamentales, puesto que su declaración implica sólo una puesta de todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado, incluidos los cuerpos policiales.

El estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados.

Para este caso, el gobierno debe presentar al Congreso de los Diputados la previa autorización en la que se determinen sus efectos, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita y la relación de medidas que quepan en relación con ellos, su ámbito territorial y duración.

La medida permite a la autoridad gubernativa “proceder a la detención por un máximo de 10 días de toda persona de la que existan sospechas fundadas de que va a provocar alteraciones del orden público”.

El estado de sitio se declara “cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse con otros medios”.

La medida es “sólo aplicable cuando se estime la insuficiencia de otros medios, permite la máxima restricción de derechos fundamentales, todos los que pueden suspenderse en el estado de excepción, así como una militarización de la situación de anormalidad”.

De acuerdo con el diario El País, el Ejército español realiza movimientos de tropas y equipamiento en Cataluña con el fin de apoyar a la Guardia Civil y la Policía Nacional, en caso de que el gobierno se lo ordene.

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