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Transparencia, clave para certidumbre pública y social: comisionado

México, 18 de septiembre/Notimex. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), es un termómetro para dar certidumbre pública y social en el país, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas.

Al participar en la presentación del libro La Relevancia de la Información Pública para la Toma de Decisiones Económico-Sociales, consideró que este texto tiene una gran importancia para la evaluación científica y social de la economía y del desarrollo de políticas públicas.

A su vez, el comisionado Oscar Guerra Ford, quien fungió como moderador del evento, expuso que el instituto en su política editorial ha ido abriendo espacio a otro tipo de publicaciones.

Sostuvo que la transparencia y rendición de cuentas impacta el desarrollo de las políticas públicas que se instrumentan en el país, como es la política fiscal, en materia energética y de los programas de combate a la pobreza.

La importancia de la transparencia y el esfuerzo que se hace por la rendición de cuentas, subrayó, ha permitido que las políticas públicas operen de mejor manera en el país y beneficien realmente la población.

Recordó que el Banco de México fue uno de los primeros sujetos obligados por la ley a dar información a la población y a los sectores interesados, lo que genera confianza entre los inversionistas y empresarios, además de que contribuye a la estabilidad financiera.

En ese sentido, Guerra Ford consideró que uno de los sectores que debe transparentar su información en el sector energético, por la importancia que tiene en el desarrollo económico y social del país.

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Inai insta a dar información sobre ISR devuelto a entidades

México, 05 de septiembre/Notimex. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a dar a conocer a un solicitante montos que por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) fueron devueltos a estados y municipios en 2016, 2017 y 2018.

Indicó que la información deberá estar desglosada por año, nombres de ayuntamientos y entidades beneficiarias, fundamento legal bajo el cual se solicitó la devolución y los conceptos por los que se hicieron los reembolsos.

Al presentar el tema durante la sesión ordinaria del pleno del Inai, el comisionado Joel Salas Suárez consideró que ese tipo de información permitirá al SAT demostrar que las devoluciones de impuestos, a cualquier tipo de contribuyente, están debidamente justificadas.

Señaló que un particular solicitó al SAT los conceptos bajo los cuales se han hecho devoluciones de ISR a municipios y estados, cuáles son los montos restituidos, desglosados por conceptos para los años 2016, 2017 y 2018. 

En respuesta, el SAT declaró que la información está clasificada como confidencial, protegida por el secreto fiscal, ya que los contribuyentes tienen derecho a la confidencialidad de sus datos.

Salas Suárez determinó que los datos de las devoluciones de ISR efectuadas a municipios y entidades federativas corresponden a personas morales que ejercen recursos públicos.

Destacó que la información sobre la administración de los recursos económicos de los organismos públicos de los tres niveles de gobierno deben sujetarse al principio de máxima publicidad. Por ello, agregó, el agravio presentado por el particular es fundado.

En el análisis del caso se encontró que no se actualiza la reserva, toda vez que la información relativa a devoluciones del ISR hechas a entidades federativas y municipios corresponde a personas morales de derecho público y no es posible configurarles un derecho de protección a datos personales, explicó.

En ese sentido, continuó, resulta aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 de la Constitución, el cual menciona que la Federación, los estados, los municipios y ahora la Ciudad de México tienen el deber de transparentar la información relativa a la administración de recursos económicos.

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Transparencia invita a consulta para política anticorrupción

México, 05 de septiembre/Notimex. Como integrante del Comité Coordinador del sistema nacional anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) invitó a participar en la Consulta Pública para elaborar una propuesta de Política Nacional Anticorrupción.

En un comunicado, el INAI precisó que ese ejercicio ciudadano descansa en tres pilares clave: el Consejo Consultivo, que aportará los insumos e investigaciones que consideren relevantes sobre el tema; la Consulta Ciudadana que se lleva a cabo vía internet, del 31 de agosto al 2 de octubre, y los Foros Regionales, que se realizarán en ocho entidades del país. 

Recordó que ese ejercicio, convocado por la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana del sistema nacional anticorrupción, tiene la finalidad de integrar una propuesta de política que defina las pautas y estrategias de largo plazo de la política nacional anticorrupción.

La consulta ciudadana está disponible en http://bit.ly/consulta_anticorrupcion; consta de nueve preguntas que buscan captar la opinión y percepción de la población sobre el fenómeno de la corrupción, con el propósito de fortalecer la propuesta de política pública e identificar prioridades de acuerdo con la opinión de los ciudadanos.

En un comunicado, el INAI mencionó que el Consejo Consultivo de la Política Nacional Anticorrupción fue instalado el 31 de agosto, está integrado por representantes de organizaciones civiles, académicas y gubernamentales.

Los ocho foros regionales se efectuarán del 29 de octubre al 23 noviembre, en Sonora, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo y la propuesta será remitida al Comité Coordinador del sistema nacional anticorrupción a inicios del próximo año.

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Transparencia inicia transmisión de sesiones en lenguaje de señas

México, 29 de agosto/Notimex. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició la transmisión de sus sesiones en lenguaje de señas, con lo cual busca incluir a la comunidad con algún grado de discapacidad auditiva.

Durante la sesión pública ordinaria del pleno del INAI, la consejera Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que esta política institucional se alinea a los instrumentos internacionales y nacionales, así como a otros órganos del Estado mexicano que articulan acciones concretas para combatir la discriminación de la que son objetos estos grupos minoritarios, y también para atender sus necesidades.

Afirmó que las instituciones están obligadas por el Artículo 1o de la Constitución federal y los tratados internacionales, en adoptar todas las medidas para que las personas con algún grado de discapacidad auditiva puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir, y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás, y mediante cualquier forma de comunicación.

“En el caso de la protección de los derechos resguardados por el INAI, damos cumplimiento hacia una exigencia de la sociedad civil al ser incluyentes con las personas que necesitan comunicarse con un lenguaje de señas”, expuso.

De esta forma, la comisionada precisó que el INAI se une a otras instituciones que han incorporado la traducción de lenguas de señas, tal es el caso del Senado de la República y la Cámara de Diputados a través del Canal del Congreso, el Canal Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

“Es oportuno que se materialice la accesibilidad de los derechos que protege el INAI por medio de estos ejercicios inclusivos, por todo lo anterior un reconocimiento a las áreas que han participado abiertamente para poder lograr que a partir de hoy INAI pueda llevar a cabo en todas sus sesiones y de los principales eventos, la traducción a lengua de señas mexicana”, añadió.

 

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Consultarán a población para enriquecer plan de acceso a la información

México, 27 de agosto/Notimex. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), hará una consulta pública a partir de este lunes y hasta el 28 de septiembre, para enriquecer el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI).

En este mecanismo podrán participar organismos garantes locales de transparencia, sujetos obligados, académicos y expertos, así como el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la población en general.

El PlanDAI es una política pública que buscará construir una Red Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, mediante la integración de redes locales.

El objetivo es incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población, informó el Inai en un comunicado, al explicar que para lograr esto, se deberán formar y desplegar actores denominados “facilitadores del DAI”.

“Ellos son la figura central de la política pública, pues serán los encargados de la socialización de este derecho, es decir, se acercarán a la población objetivo con el propósito de cumplir con los compromisos y metas que cada estado plantee en un plan local de socialización”, resaltó el organismo de transparencia.

El PlanDAI, añadió, busca detonar estrategias que amplíen el alcance e impacto del derecho de acceso a la información, primordialmente en grupos sociales en situación vulnerable, así como propiciar el uso estratégico de la información para alcanzar objetivos que mejoren la calidad de vida de las personas.

“Con esto, no sólo se podrán mejorar las estadísticas relacionadas con el conocimiento del DAI”, precisó.

Detalló que sólo 50.6 por ciento de los mexicanos conoce de la existencia de leyes e instituciones que garantizan el derecho de acceso a la información, mientras que únicamente 5.6 por ciento ha realizado una solicitud de acceso a la información.

El Inai dejó claro que también se generarán capacidades en la población para que la información pública le sea de utilidad para su vida cotidiana.

Refirió que el PlanDAI es un esfuerzo de mediano y largo plazo que impulsará una nueva agenda de socialización de este derecho en México, puntualizó.

Así, los interesados podrán participar a través del sitio web http://proyectos.inai.org.mx/plandai/ en áreas de oportunidad en el proceso de construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información.

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Denuncian que CS de Gobierno estatal entregó información incompleta sobre contratos con medios

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 21 de agosto de 2018. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) entregó la información emanada por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz sobre convenios por publicidad institucional sin la calidad que requieren y sólo por cumplir con un ordenamiento de un juez federal.

Así lo dio a conocer la periodista y exaspirante a comisionada del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, quien en compañía de sus abogados y del investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias Hernández, denunció que finalmente y tras dos años de haber solicitado la información de convenios con medios de comunicación el día lunes le fue entregada por el IVAI.

Lamentó que la información, incompleta, fuera entregada sólo por cumplir con un ordenamiento de un juez federal, tras la interposición de un juicio de amparo y no por cumplir con el derecho de acceso a la información.

Rodríguez Lagunes recordó que se solicitó la información el 04 de agosto de 2016, en noviembre de ese mismo año el IVAI en la ponencia de la comisionada Yolli García Álvarez le da la razón y ordena a Comunicación Social que entregue los convenios, posteriormente en octubre de 2017 el mismo instituto le notifique que el asunto se iba a archivar.

“Por lo que se interpuso la demanda de amparo y en marzo de 2018 el juez federal nos da la razón y nos dice que se violentó nuestro derecho a la información y ordena al IVAI y a la Coordinación que entreguen los convenios de publicidad oficial”.

Y agregó, si ahora están entregando estos convenios es porque ganaron una demanda de amparo, no es porque el IVAI o la Coordinación actuaran con responsabilidad, fueron omisos y no aplicaron la ley.

La periodista indicó que ambas autoridades cumplieron sólo porque el juez lo ordenó, pero aclaró que no es una dádiva, es un derecho.

Finalmente, señaló que está por analizar la documentación que le entregaron en el IVAI el lunes, pero a simple vista está incompleta, “está a su disposición, sólo denme unos días para revisarlos”.

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Inai insta a PGR a buscar informes sobre el caso Colosio

México, 15 de agosto/Notimex. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) buscar y, en su caso, entregar en versión pública los informes de las investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio durante la gestión del procurador Diego Valadés.

En la sesión del pleno del Inai fue aprobado por unanimidad el proyecto de resolución del comisionado Carlos Bonnin, quien señaló que la máxima publicidad impulsa el derecho a la verdad de la sociedad y para tener la certeza de que se realizó una investigación efectiva.

Bonnin Erales agregó que la PGR informó al particular solicitante de dicha información que los cuatro tomos que integraban el informe de la investigación estaban disponibles en la página oficial del sujeto obligado y proporcionó las ligas electrónicas correspondiente para su consulta.

El inconforme presentó un recurso de revisión ante el Inai, manifestando que las ligas electrónicas no correspondían con lo solicitado, pues no contenían los informes producto de las indagatorias realizadas durante la gestión del entonces titular de la PGR.

Por otra parte, la comisionada Blanca Ibarra presentó un proyecto de resolución que revocó la respuesta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que dio a la solicitud de información relativa al contenido de la sección de matemáticas del Examen de Calidad y el Logro Educativo aplicado para tercer grado de secundaria en los años 2005, 2008 y 2012.

Indicó que en respuesta ese instituto proporcionó la dirección electrónica del explorador informático, es decir de la herramienta que permite consultar los contenidos y resultados de la Calidad y el Logro Educativo.

No obstante, el peticionario se inconformó debido a que el sitio web sólo ofrece ejemplos de los reactivos del examen y no su totalidad, como lo solicitó originalmente.

En su exposición, destacó que se verificó que en el explorador mencionado por el INEE no está disponible el contenido completo de los instrumentos de evaluación y no se pudo acceder a todos los reactivos que los integran, pues solamente son muestras.

En consecuencia, la respuesta notificada al peticionario únicamente atendía una parte de la información solicitada, por lo que se revocó la respuesta del INEE e instruyó al instituto a realizar una búsqueda exhaustiva en las áreas competentes, a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información.

Asimismo, el Inai aprobó el proyecto de resolución en el que se ordena a los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) informar a cuáles instituciones del sector público ha vendido vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

Además poner en conocimiento cuántas por institución, su precio por pieza, tipo de compra, número de contrato o factura entre los meses de enero y marzo de 2018.

En el análisis de su proyecto, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas dijo que conocer sobre la venta y el precio permite la rendición de cuentas y transparenta el actuar del sujeto obligado.

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Salud debe informar sobre protección de datos en casos de control de VIH-sida

México, 14 de agosto/Notimex. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), recomendó a la Secretaría de Salud (SS) buscar y dar a conocer el documento de seguridad que establece las medidas para la protección de los datos personales de los pacientes en materia de prevención y control de VIH-sida.

Al presentar el asunto ante el pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que el interés público de dar a conocer el documento de seguridad radica en brindar certidumbre a los particulares sobre el tratamiento y resguardo adecuado de los datos que obran en los archivos de las instituciones de salud.

“Estos instrumentos permiten a los particulares (pacientes) tener la certeza de que las instituciones gubernamentales cuentan con un sistema de gestión diseñado para reducir cualquier riesgo o inhibir la obtención ilícita de los datos personales que resguardan”, afirmó.

Ibarra Cadena subrayó que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), este tipo de información es de carácter sensible y su protección debe ser especial, puesto que su difusión puede ocasionar la vulneración de otros derechos humanos como el honor, la dignidad y el libre desarrollo profesional.

“Lo anterior adquiere relevancia social, si consideramos que el Registro Nacional de casos de Sida, actualizado al primer trimestre de este año, reporta que existen 196 mil 227 personas que han notificado padecer esa enfermedad, cuyos derechos pueden ser afectados ante la omisión de establecer mecanismos de seguridad en materia de protección de datos personales”, expuso.

El caso se originó cuando una particular solicitó el documento de seguridad de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, de la Ssa (Cenaprece), y del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida).

En respuesta, la Secretaría de Salud otorgó un documento de seguridad; sin embargo, el Cenaprece y el Censida manifestaron que no generan ese tipo de documentos, ya que no cuentan con sistemas propios que manejen datos personales.

Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el Inai, en el que manifestó que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que las instituciones públicas deben de contar con dicho documento.

En alegatos, la Secretaría de Salud señaló que debido a la vacatio legis (lapso de tiempo que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor) no tenía la obligación normativa de contar con el documento de interés del particular, ya que se encontraba transcurriendo el plazo para que sus áreas administrativas expidan o modifiquen la normativa interna.

Del análisis del asunto se desprende que la Ssa y todas las dependencias o entidades que tengan acceso a los sistemas de datos personales deben contar con un documento de seguridad, pues dicha obligación quedó establecida en los lineamientos de protección de datos personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 30 de septiembre de 2005.

Para Ibarra Cadena, la información solicitada es de suma relevancia, ya que el debido resguardo de datos en estos casos evita la discriminación por razones de salud.

Por unanimidad, el pleno del Inai determinó modificar la respuesta e instruyó a la Secretaría de Salud realizar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir al Comité de Transparencia y la Dirección General de Tecnologías de la Información, a fin de satisfacer el derecho de acceso.

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Recibió INE dos mil 297 solicitudes de acceso a la Información

Mexico, 13 de agosto/Notimex. El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió dos mil 297 solicitudes de acceso a la información y 195 para pedir datos personales a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El Reporte de los Recursos de Revisión y Análisis Cualitativo de las Resoluciones del Inai en el primer semestre del año señala que se atendió más de 95 por ciento de esas solicitudes.

La secretaria técnica del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, Cecilia Suara, informó a los consejeros Marco Antonio Baños, presidente de esa instancia, Adriana Favela, Dania Paola Ravel y Claudia Zavala, que del 1 de enero al 30 de julio pasados fueron atendidas dos mil 297 solicitudes de Acceso a la Información, de las cuales fueron impugnada 36, entre esas respuestas dos recursos se acumularon, por lo tanto quedaron 34, que representan 1.5 por ciento del total mencionado.

“A la fecha de corte, el Inai notificó 34 recursos, el INE recibió 36, pero dos fueron acumulados, de los cuales 19 han sido resueltos y 15 están en trámite”, expuso en reunión de trabajo.

Precisó que hubo siete confirmaciones, ocho modificaciones, una revocación y tres sobre seguimientos, lo que da un total de 19.

El porcentaje de impugnación se mantiene por debajo de dos por ciento; no obstante, se apuntó que subsiste la tenencia de resoluciones en las que se modifican o revocan las respuestas del INE, por lo que se trabaja en ese sentido.

Por ejemplo, indicó que entre las recomendaciones derivadas de los recursos están mejorar el análisis de las solicitudes para realizar turnos efectivos; requerir a los solicitantes mayores elementos para atender en forma óptima sus solicitudes y sin errores de interpretación, entre otras.

Con relación a las solicitudes de datos personales durante el periodo que se reporta, el INE atendió 195, de las cuales fue impugnada una, lo que representa 0.5 por ciento del total.

A la fecha, el Inai notificó un recurso que ya fue resuelto y determinación del pleno de ese organismo modificó la respuesta del INE.

La recomendación fue en este caso describir todas las gestiones de búsqueda de los datos que se revisan en las áreas competentes.

Baños Martínez explicó que esa solicitud tuvo la complejidad de ser información que requería el titular de la información, que afirmaba haber trabajado en ese organismo cuando el IFE todavía no existía, en la Comisión Electoral, y hubo que hacer muchas gestiones para encontrar la información lo que no se pudo.

Lo que el Inai recomendó al respecto fue que el INE detallara en la respuesta cada una de las gestiones que se hicieron al interior del instituto para lograr la respuesta que se emitió.

En la reunión, las consejeras Claudia Zavala, Dania Paola Ravel y Adriana Favela coincidieron en la necesidad de instrumentar mecanismos para dar respuesta certera a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales, incluso propusieron crear un formato que contengan los puntos elementales para responder a la información requerida en las distintas áreas del instituto.

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Ordenan al ISSSTE informar sobre inversiones de su fondo de pensiones

México, 13 de agosto/Notimex. Por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) debe dar a conocer las inversiones realizadas en la constructora ICA desde 2015 hasta marzo de 2018.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que el pleno respaldó la resolución presentada por el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Ante sus pares, el comisionado explicó que un particular solicitó al ISSSTE la información sobre los montos invertidos dentro de la sociedad de inversión de fondos para el retiro (Siefore) Básica 2 del Pensionissste, en la empresa ICA, incluyendo el rendimiento obtenido y la situación de la inversión en el lapso de 2015 al 15 de marzo de 2018.

En respuesta, el ISSSTE negó la información, bajo el argumento de que ésta se encuentra protegida por los secretos comercial y bursátil, pues su difusión pondría en riesgo la posición de ICA como emisora del mercado de valores.

No obstante, el ISSSTE informó que las inversiones realizadas por su fondo de pensiones están a disposición del público en el portal electrónico del instituto.

Ante ello, el solicitante presentó el recurso de inconformidad RRA 3225/18, y en la etapa de alegatos, el ISSSTE reiteró su respuesta.

Ante el pleno, el comisionado Monterrey Chepov destacó la importancia de esta información, por tratarse de recursos de fondos de pensiones.

Recordó que existe preocupación sobre la inversión que se realiza en las administradoras de fondos para el retiro (Afores), porque en agosto de 2016, la constructora ICA anunció su concurso mercantil, con plan de reestructura, por la insolvencia de sus adeudos incluyendo inversiones de las cuentas individuales de trabajadores.

El comisionado explicó que al revisar el portal electrónico del ISSSTE, se encontró un comunicado del 20 de marzo de 2018, donde se habla de la inversión de su fondo de pensiones en ICA, por un monto de 0.2 por ciento del total de los activos administrados, inversión originada en agosto de 2015.

También señaló que es obligación de las empresas que cotizan en bolsa, hacer pública su información trimestral y anual.

Debido a estos dos elementos, la solicitud no encuadra en lo previsto por la Ley de Mercado de Valores como información privilegiada y, por lo tanto, el ISSSTE debido entregar la información solicitada.

Ante ello, el pleno del Inai ordenó al ISSSTE dar respuesta plena a lo solicitado respecto a los montos invertidos en la Siefore Básica 2 del Pensionissste.

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