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Condena OEA represión del gobierno de Ortega y pide cambios electorales

Washington, 18 de julio/Notimex. La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó hoy la represión de las fuerzas policiacas y paramilitares contra manifestantes en Nicaragua, así como los ataques contra representantes de la Iglesia Católica en el país centroamericano.

En una resolución aprobada por 21 países del Consejo Permanente, la OEA se pronunció igualmente a favor de que haya cambios en el calendario electoral para posibilitar elecciones presidenciales adelantadas.

Además, urgió al gobierno del presidente Daniel Ortega y todas los actores involucrados a participar “activamente y de buena fe” en el diálogo nacional como un mecanismo para la búsqueda de una solución pacifica a la crisis.

La resolución fue repudiada por el gobierno nicaragüense en voz de su canciller, Denis Moncada, quien presentó otro proyecto de resolución que exculpaba a su gobierno de toda acción violenta.

“Desconocemos desde ya cualquier resolución condenatoria contra el gobierno de Nicaragua por ser ilegal, ilegitima, injusta y carente de objetividad, carente de espíritu constructivo con un país que forma parte de la comunidad de América Latina”, destacó.

Moncada denunció que el Consejo Permanente ha perdido este carácter y se ha convertido en un tribunal, “una santa inquisición medieval” que ha optado por condenar a un gobierno, que -aseguró- es hoy blanco de un intento de golpe de estado “suave”.

“El Consejo Permanente está cometiendo una injusticia y un desacierto politico y diplomático”, expuso.

El también embajador de Nicaragua ante la OEA presentó un video de 10 minutos con imágenes de cuerpos quemados en la calle, torturas en contra presuntos simpatizantes sandinistas, y denuncias contras miembros de la Iglesia católica, con el propósito de “ilustrar” a los embajadores de la situación en su país.

También ofreció un proyecto de resolución, en gran medida exculpatorio de su gobierno, que fue derrotado con el voto de 20 países, en tanto que ocho más optaron por abstenerse, logrando sólo el respaldo tres, incluyendo la propia Nicaragua.

La resolución adoptada por el Consejo condenó los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

La instancia de la OEA exhortó al gobierno nicaragüense a considerar todas las opciones para implementar las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral del organismo, “y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente” en el marco del diálogo nacional.

Manifestó igualmente su apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los actos de violencia, al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), así como la iniciativa para fortalecer las instituciones democráticas ofrecida por la Secretaría General de la OEA.

Solicitó el apoyo a la CIDH, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al secretario general de la OEA y la Unión Europea, para que acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad.

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A 39 años de su esperanzadora victoria el sandinismo vive su peor crisis

Managua, 18 de abril/Notimex. La Revolución Sandinista celebrará los 39 años de la victoria que en su momento generó esperanza, pero ahora los festejos serán en medio de la violencia contra sectores que le han dado su apoyo.

La crisis del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) toma cuerpo en Monimbó (cerca del agua) un barrio indígena de origen prehispánico y cuya beligerancia inició cuando sus habitantes alimentaron el sistema de encomiendas.

Muchos de sus habitantes formaron parte de los 90 mil indígenas que murieron en solo 24 años a manos de conquistadores españoles en la actual provincia de Masaya, donde se ubica, recuerda el sitio http://www.manfut.org

Siglos después fue uno de los lugares destacados contra el gobierno de Anastasio Somoza, quien gobernó Nicaragua de 1967 a 1972 y luego de 1974 a 1979, último miembro de la dinastía Somoza que encabezó su padre y dirigió el país desde 1934.

El primer levantamiento en ese barrio de la ciudad de Masaya contra Somoza ocurrió el 26 de febrero de 1978, y enfrentaron a la Guardia somocista con no menos de 50 lugareños muertos, en una estimación pues nunca hubo un recuento oficial de víctimas.

Pero Monimbó es doblemente significativo para el presidente Daniel Ortega, pues ahí murió en la refriega su hermano menor Camilo Ortega Saavedra, recuerda el diario La Prensa.

De ese barrio son también originarias las bombas de contacto que empleó el FSLN contra la Guardia Nacional, diseñadas por el indígena Asunción Armengol Ortiz.

Casi cuatro décadas después Moninbó ha vuelto a ser escenario de un levantamiento pero ahora contra la policía, los militares y las fuerzas parapoliciales del presidente Ortega, el mismo que encabezó la victoria sandinista hace 39 años.

Recuentos de medios nicaragüenses señalan que en las protestas que empezaron a mediados de abril pasado tras el alza de cuotas a la seguridad social, ya anulado, este barrio estuvo atrincherado 90 días, exactamente desde el pasado 20 de abril.

Este martes 17 de julio Monimbó fue tomado por grupos de paramilitares y policías en su intento número 19, tras al menos siete horas de ataque, que dejaron cuatro muertos, tres de ellos civiles, y varios heridos, indica El Nuevo Diario.

La cifra se suma a los 35 decesos que los levantamientos ya habían dejado, y son parte de los alrededor de 350 muertos que por las protestas se han registrado en Nicaragua desde mediados de abril.

El asalto a Nominbó formó parte de la más amplia Operación limpieza, iniciado por las fuerzas orteguistas para eliminar todas las barricadas (tranques) puestas por la población como protesta.

“La voz de nuestro presidente y la vicepresidenta de ir limpiando estos tranques a nivel nacional, y esa petición de la población de Monimbó, que es nuestro Monimbó, que sigue siendo nuestro, y nuestra Masaya, vamos a cumplirla al costo que sea”, declaró el general Ramón Avellán antes del ataque.

La policía atacó a los manifestantes pese a los llamados a detenerse de organizaciones de derechos humanos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y funcionarios estadounidenses, precisío El Nuevo Diario.

La recuperación de este barrio se dio en vísperas de que este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analice la situación en el país centroamericano.

Se debatirá una resolución de condena a la violencia impulsada por 13 países de la región, y que de acuerdo al exembajador nicaragüense José Luis Velásquez, ya alcanzó los 21 votos necesarios para su aprobación.

Este jueves 19 de julio, el FSLN debe celebrar el aniversario 39 de su victoria sobre el somocismo, y de acuerdo con la vicepresidenta Rosario Murillo, se arribará a la simbólica fecha “reconstruyendo la paz que nos quisieron arrebatar”.

Este 19 de julio aseguramos el compromiso enorme como gobierno nicaragüense de que, como un inmenso desafío y de la mano de Dios, vamos a lograr otra vez levantarnos. Y de manera generosa y con decisión, lucharemos para restablecer la paz y los caminos de encuentro y reconciliación, señaló de acuerdo con La Voz del Sandinismo.

La también esposa del presidente Ortega aseveró que “nuestro país supo triunfar sobre una perniciosa dictadura y buscar la paz, garantías y derechos para todos en una Nicaragua victoriosa que también hoy nos encuentra luchando por la paz”.

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Parapoliciales oficialistas toman ciudad nicaragüense de Masaya

Managua, 18 de julio/Notimex. Al cabo de un bombardeo de más de siete horas que tuvo como blanco la comunidad indígena de Monimbó, comandos parapoliciales vinculados al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega tomaron la ciudad de Masaya, con un saldo de tres personas muertas.

Informes de El Nuevo Diario, que citó a pobladores de Masaya, indicaron que hombres vestidos con camisetas azules ejecutaron la denominada operación limpieza, para retirar los bloqueos instalados desde abril, en protesta contra la represión y para exigir la salida de Ortega del poder.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) confirmó la muerte de al menos tres personas durante el ataque, entre ellas un policía, un menor de 15 años y una mujer en la acera de su casa.

La ANPDH apuntó que el número de víctimas podría ser mayor, pero aún no es posible ingresar a la ciudad debido a que permanece cercada por las “fuerzas combinadas” del gobierno.

Pobladores de Masaya y del barrio Monimbó denunciaron que parapolicías, armados, encapuchados y con camisetas azules, llegaron a bordo de camionetas doble cabina en las primeras horas de este martes, lo que provocó alarma entre la población.

En tanto, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se adhirió en un mensaje de Twitter al llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evitar la represión en Masaya.

La CIDH instó a “evitar la ofensiva represiva en Masaya. Recordamos al Estado de Nicaragua que ya existe un marco para detener la violencia y abrir canales de diálogo que eviten más pérdidas de vidas”.

Fuentes extraoficiales dijeron que más de mil hombres armados con ametralladoras entraron disparando a mansalva en Masaya, una ciudad con 100 mil habitantes, ubicada 30 kilómetros al sur de Managua, a bordo de 37 camionetas, y cerraron el acceso a la ciudad, según imágenes subidas por pobladores en las redes sociales.

A su vez, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, dijo que “ante el acoso armado que en este momento está sufriendo la ciudad de Masaya, exhorto a la población de esta amada ciudad a resguardarse en sus hogares o lugares seguros para evitar una muerte más”.

Pidió de igual forma al resto dela población mantenerse en oración permanente, “rogando al Dios de la vida que nos proteja y a nuestra Señora de la Asunción que cuide y cubra con su manto a todos sus hijos”.

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Comercio, educación, turismo los sectores más afectados en Nicaragua

Managua, 17 de julio/Notimex. El comercio, la educación y el turismo son los sectores más afectados por la actual crisis política en Nicaragua, en una situación que parece estar estancada, lo que aumentará los costos.

La crisis comenzó con cambios a las aportaciones de la seguridad social, que fueron rechazadas mayoritariamente.

Para los trabajadores su aportación a las jubilaciones pasaba del 6.25 por ciento del salario al siete por ciento, mientras que los patrones pagarían 22.5 por ciento desde el 19 por ciento.

Además, los ya jubilados verían reducida su pensión en cinco por ciento, porcentaje que se destinaría al seguro social.

Las modificaciones, que se aseguraba capitalizarían al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) al menos por una década, fueron rechazadas y tras una ola de protestas que cobró al menos 10 vidas, fueron canceladas.

Sin embargo, despertaron la inconformidad que se ha acumulado contra el actual régimen del presidente Daniel Ortega y derivaron en la demanda de adelantar los comicios presidenciales, lo que ha rechazado el mandatario.

Sin embargo, las protestas que ya suman 300 decesos, se estima que han derivado en que 82 mil visitates extranjeros hayan cancelado sus estancias en el país centroamericano en el periodo de abril y junio.

Esa caída significa 41.4 por ciento de pasajeros extranjeros en relación a los paseantes que llegaron en 2017, señaló un reporte del diario La Prensa.

En junio solamenta la caída llegó al 68.6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado en lo que se refiere a pasajeros internacionales.

René Hausser, presidente de la Cámara Nicaragüense de Restaurantes (Canires), señaló que desde que inició la crisis hasta la fecha han cerrado 700 restaurantes de los dos mil 500 que tienen registrados.

“La reducción en las ventas de los restaurantes en abril fue de 15 millones de dólares, en mayo de 25 millones de dólares y en junio 35 millones de dólares”, precisó.

“En total hemos perdido 75 millones de dólares desde que inició el problema”, sostuvo Hausser, quien asegura que este mes las pérdidas serán mayores.

En el sector educativo se estima que los días de clase perdidos ya son 40, y este lunes se observó que al regreso a clases tras el periodo vacacional, pocos alumnos acudieron a las aulas.

De acuerdo con la ley nicaragüense, el año lectivo debe sumar 200 días, pero es claro que no se cumplirá, por lo que expertos en educación esperan que el ministerio de Educación elabore y aplique un plan que enfrente ese problema.

El asesor presidencial para todas las modalidades educativas, Salvador Vanegas, aseguró que el 92 por ciento de los centros educativos “funcionan con normalidad”.

“Sin embargo, docentes y padres de familia consultados por El Nuevo Diario aseguraron que, al menos en Managua, no ha habido clases en secundaria desde mayo y que en primaria la inasistencia en los últimos meses es alta”.

En tanto, la afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) cayó en 60 mil 401 afiliados entre diciembre y mayo pasado, con el 71 por ciento de esa pérdidaa entre marzo y mayo pasados.

Por sectores el más afectado es el comercio con pérdida de 36 mil 370 empleos entre diciembre y mayo.

En diciembre las personas empleadas en el sector comercial eran 184 mil 966, pero en mayo sumaban 148 mil 596.

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OEA hará nuevo análisis de la situación en Nicaragua

Washington, 16 de julio/Notimex. La Organización de Estados Americanos (OEA) sesionará de nuevo mañana martes para analizar la situación en Nicaragua, donde la gubernamental operación limpieza dejó 10 muertos este domingo.

La sesión del organismo interamericano fue anunciada en un tuit por el embajador estadunidense Carlos Trujillo, quien aseguró que el gobierno del presidente Daniel Ortega está usando “maras sandinistas” para reprimir.

Estados Unidos llamará a cuentas a los violadores de los derechos humanos, señaló también el diplomático.

El pasado viernes en reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que condena la violencia y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

El documento sólo fue registrado y será considerado en próximas sesiones.

Mientras, la situación en Nicaragua sigue deteriorándose y este domingo al menos 10 personas murieron en la ciudad de Masaya, incluida una niña de entre 10 a 11 años de edad, debido a la acción policial y de paramilitares.

El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, puntualizó que hay otras personas que se encuentran heridas pero no pueden ser atendidas, además de que 10 elementos antimotines fueron retenidos por la población.

La situación en Masaya ocurrió luego de que el pasado viernes Ortega había acudido a esa ciudad, aunque solo pudo llegar a la delegacion de policía, según reportes del diario La Prensa.

Mientras tanto el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseveró que en Nicaragua se vive una “represión brutal” desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron las protestas.

Puntualizó que ha habido “todo tipo de atrocidades” cometidas por la policía y por “hampones armados, lumpen”, paramilitares protegidos por la policía.

Vivanco anunció que promoverá una campaña para que Estados Unidos aplique sanciones contra funcionarios nicaragüenses, entre ellos Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Adelantó que en la sesión de mañana martes deberá votarse el proyecto de resolución presentado el viernes anterior, en el contexto inusual de que la OEA se reúna dos veces en una semana para analizar la situación en un mismo país.

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Reporta CIDH 264 muertos e intensificación de represión en Nicaragua

Washington, 11 de julio/Notimex. La mayoría de los países en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) renovó hoy su llamado a Nicaragua para poner fin a la represión y ejecuciones extrajudiciales ante el agravamiento de la crisis que ha dejado, según la CIDH, 264 muertos.

Sin embargo, el llamado fue ignorado por el gobierno nicaragüense, que rechazó de nueva cuenta un informe actualizado presentado ante este órgano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al calificarlo de “apurado, prejuiciado y carente de objetividad”.

“Nicaragua no acepta, no puede aceptar el informe de la CIDH. Rechazamos al informe”, dijo en Washington el canciller nicaragüense, Denis Moncada, quien aseguró que se requiere tiempo para realizar un reporte objetivo y apegado.

En un discurso de más de 20 minutos, Moncada presentó su versión de la situación que se vive en la nación centroamericana desde el inicio de las protestas callejeras, el 18 de abril pasado, en contra de la ley de reforma del sistema de seguridad social.

Moncada caracterizó las manifestaciones como un “embate terrorista con el fin de realizar un golpe de Estado” y leyó una larga lista de muertos y heridos, y propiedades destruidas en días recientes en las comunidades de Jinotepe y Diriamba.

Aunque en una audiencia realizada el mes pasado, Moncada reconoció la existencia de 143 muertos, este miércoles los nombres de las víctimas que leyó fueron en su mayoría de policías o militantes del partido gobernante FSLN, indicando que la información que presentaba era “veraz y objetiva”.

Sin embargo, omitió toda referencia a los miembros de la Conferencia Episcopal Nicaragüenses, incluyendo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Baéz, que fueron agredidos el lunes pasado por paramilitares en Diriamba.

Durante la presentación de su informe actualizado, el secretario general de la CIDH, Paulo Abräu, dijo que el agravamiento de la situación resulta preocupante, al hacer notar que la cifra actual de muertos, es casi tres veces más alta que la que les fue reportado en su visita a Nicaragua en mayo pasado.

De acuerdo con el reporte, la cifra de personas muertas de todos los bandos, se ubica ahora en 264, además de mil 800 heridos, aunque de acuerdo con organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil el número de fatalidades asciende ya a 351.

Abräu denunció además una “diversificación y profundización” de la represión, incluyendo la invasión de tierras, y dijo que se requiere un mayor pronunciamiento internacional sobre la situación.

La CIDH “hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exige al Estado nicaragüense poner fin inmediato a la represión y detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando”, dijo.

El embajador de Mexico, Jorge Lomónaco, consideró que el agravamiento de la situación requiere urgente atención, y recordó que los Estados miembros de la OEA tienen un papel que jugar en la solución de esa crisis.

Tras lamentar el aumento de muertos y heridos y la falta de avances en el diálogo nacional, indicó que el gobierno de su país se sumaba al llamado de la CIDH y la ONU “para que todas las acciones de levantamiento de focos de violencia y operativos de la policía nacional, sigan estrictamente un enfoque de derechos humanos”.

Por su parte, el embajador estadunidense Carlos Trujillo señaló que el incremento en la violenta represión ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, tiene como propósito su preservación en el poder.

“Los violadores de derechos humanos deben rendir cuentas, y como Estados miembros, debes apoyar los esfuerzos de la comisión en este sentido”, dijo Trujillo durante su intervención.

Mientras que la delegación de Venezuela, al igual que Nicaragua, rechazó el informe de la CIDH por ser parcializado, carente de objetividad, “el cual sólo tiene como objetivo validar las acciones delictivas cometidas por grupos violentos en Nicaragua”.

En su turno, la representación de Chile calificó la situación en el país centroamericano como “una vergüenza para la democracia regional y nos obliga a reiterar el llamado al gobierno de Nicaragua a tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir su Constitución política, que estipula que sólo puede haber dos instituciones armadas en el país: la policía y el ejército”.

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SIP reitera condena agresiones contra la prensa en Nicaragua

Miami, 10 de julio/Notimex. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró hoy su condena a las agresiones contra periodistas en Nicaragua, en el marco de la crisis política y de violencia que afecta al país centroamericano desde abril pasado y que ha dejado más de 300 personas muertas.

La SIP, con sede en Miami, se refirió a la agresión que sufrieron el lunes pasado varios periodistas que acompañaban a obispos de la Iglesia católica en la localidad de Diriamba, unos 45 kilómetros al sur de Managua, a manos de policías y paramilitares afines al presidente Daniel Ortega.

Los religiosos viajaron a esa zona del país tras la violencia registrada el día anterior que dejó al menos 11 muertos y para mediar por la liberación de 12 personas que quedaron atrapadas en la basílica de San Sebastián, en Diriamba.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, responsabilizó al régimen por la crisis que vive el país y dijo que la violencia y la represión contra la libertad de prensa “han escalado a peligrosos niveles de gravedad para toda la población, restringe la labor de la prensa y pone en riesgo la seguridad física de los periodistas”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, señaló que en el país Centroamericano existe “un ataque sistemático” hacia el periodismo y todas las instituciones de parte de “un régimen que irrespeta a sus ciudadanos e impone el terror”.

En Diriamba fueron agredidos Jairo Castillo, de Canal 10, y Jackson Orozco, del canal 100% Noticias, quien resultó con una fractura en la nariz.

También fueron amenazados, golpeados y víctimas de robo de documentos personales, celulares y equipos de trabajo el periodista Uriel Velásquez y el fotorreportero Óscar Sánchez, de El Nuevo Diario; y Daleana Ocaña, de Canal 12.

Además fueron destruidas las cámaras de video de Federico Lanuza, de Canal 12; Kenneth Rodríguez, de 100% Noticias; Richard Centeno, de Canal 12; Róger Sánchez, de Canal 23 y del Canal Católico; así como el equipo del fotoperiodista Jader Flores, de La Prensa.

Ricardo Salgado, camarógrafo de Confidencial y Marvin Recinos, fotoperiodista de AFP, fueron agredidos para arrebatarles sus cámaras, y Radio Corporación también denunció agresiones contra sus periodistas durante la cobertura en la basílica.

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Nicaragüenses aumentarán sus protestas para presionar a Ortega

Managua, 07 de julio/Notimex. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pospuso la marcha que había convocado para hoy y anunció nuevas movilizaciones, como un paro nacional de 24 horas, para presionar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a aceptar elecciones anticipadas.

La alianza, que agrupa a representantes de estudiantes, campesinos, empresarios y otros grupos sociales, advirtió que se irán incrementando las movilizaciones hasta que el gobierno de Ortega cese la represión, acceda a renunciar y acepte adelantar los comicios en el país.

Los trabajos del Diálogo Nacional, que tienen como mediadores a los obispos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN), se reanudarán el próximo lunes, así que los representantes de la sociedad civil decidieron reprogramar la marcha nacional, denominada Juntos somos un volcán, prevista para este sábado.

La movilización se llevará a cabo el próximo jueves 12 y con ella iniciarán nuevas protestas, que incluyen un paro nacional de 24 horas el viernes 13 y una masiva caravana el sábado 14, aunque el recorrido de ésta última aún está por definirse.

Representantes de la Alianza Cívica informaron que aumentarán las protestas en las calles porque “está prohibido olvidar el sacrificio de cientos de nicaragüenses, cuya sangre ha sido derramada” y “el luto de las madres” de las más de 300 víctimas mortales de la represión gubernamental.

La crisis sociopolítica en Nicaragua comenzó el 18 de junio pasado, luego que el gobierno anunció planes de reformas al Sistema de Seguridad Social, que afectaba las pensiones y jubilaciones, al tiempo en que aumentaban las cuotas de trabajadores y empleadores.

Los nicaragüenses comenzaron a protestar de inmediato y el gobierno dio inicio a la fuerte represión de esas manifestaciones, atizando el malestar popular y la principal demanda se convirtió en la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

A la represión, se sumaron los ataques de grupos de hombres armados encapuchados que actúan bajo anuencia del gobierno.

De acuerdo con la Alianza Cívica, el paro nacional de 24 horas tiene el objetivo concreto de exigir al presidente Ortega “una respuesta sobre la celebración de elecciones anticipadas para devolver al pueblo nicaragüense su libertad”.

Tanto los representantes de la sociedad civil como los obispos han denunciado la falta de voluntad de Ortega para resolver la crisis, que “cada día deja más muertos, secuestrados, heridos y desaparecidos”.

 

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Represión e impunidad en Nicaragua han dejado 309 muertos: activistas

Managua, 03 de julio/Notimex. Desde que comenzó la crisis sociopolítica en Nicaragua, en abril pasado, un total de 309 personas han muerto, 24 de ellas en la última semana, y al menos otras 158 están desaparecidas, informó hoy la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

El informe del grupo fue publicado este martes, cuando se cumplen 75 días de protestas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega, durante las cuales los manifestantes han sido víctimas de actos de represión policial y ataques de paramilitares que serán investigados por un grupo de expertos de alto nivel.

Las protestas iniciaron el pasado 18 de abril contra los planes del gobierno de reformar el sistema de Seguridad Social, pero la represión de las movilizaciones atizó el malestar de la población, que comenzó a exigir la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Los manifestantes también comenzaron a ser atacados por grupos paramilitares orteguistas, que han disparado sus armas con impunidad, realizado ejecuciones ilegales y conducido secuestros, mientras que algunos representantes de grupos de la sociedad civil han sufrido persecución y amenazas.

La ANPDH indicó que entre el 19 de abril y el 02 de julio documentó 309 víctimas mortales, de las cuales la gran mayoría son jóvenes de entre 18 y 30 años, seguidos por adultos varones de 31 a 40 años; y contabilizó el deceso de 25 menores de edad y 12 policías.

Señaló que 56 de las personas muertas son ciudadanos que aún no han sido identificados y refirió que 24 nicaragüenses fueron asesinados sólo en la última semana, del 25 de junio al 02 de julio.

El informe, presentado por el secretario de la ANPDH, Álvaro Leiva, precisó también que 203 ciudadanos han sido secuestrados por paramilitares, de los cuales 45 fueron liberados por gestión humanitaria de la asociación y de la Iglesia católica, mientras que 158 personas están desaparecidas.

Leiva expuso que la policía cuenta con centros clandestinos para las personas que son detenidas ilegalmente, por lo que la asociación estima que las trasladan para ocultar la evidencia de la violación a los derechos humanos.

“De ahí, la importancia de los organismos internacionales y nacionales para coordinar de manera articulada la investigación y lograr la justicia que demandan las víctimas”, agregó el secretario y confió plenamente en el trabajo de la comisión que indagará sobre los asesinatos y los ataques.

El equipo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que trabaja en Nicaragua registra decesos, detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participan en protestas y tranques, y una nueva modalidad de violación de derechos a través de la invasión de tierras.

La persecución también está abarcando a los familiares y vecinos de las personas identificadas, explicó la misión y lamentó que no se avance aún en relación al cumplimiento de las medidas cautelares para personas cuya vida o integridad física está en grave riesgo.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, integrado por Amérigo Incalcaterra (Italia), Sofía Macher (Perú), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Pablo Parenti (Argentina), estarán seis meses en Nicaragua, evaluando la situación en el país e investigando los crímenes ocurridos para determinar a los responsables.

En este marco, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, pidió al presidente Ortega “escuchar el clamor del pueblo” y responder positivamente a la propuesta de adelantar las elecciones generales a marzo de 2019, para dar una salida rápida y pacífica a la crisis sociopolítica.

Brenes, quien tras informar al Papa Francisco sobre los acontecimientos en Nicaragua ha permanecido varios días en Roma, consideró en una entrevista que el conflicto abierto en Nicaragua llegaría a su final con un verdadero diálogo y escuchando la voz del pueblo.

A pesar de que se ha reanudado el Diálogo Nacional, con la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) para hallar una salida a la crisis, no se han producido avances en materia de la democratización del país debido a la renuencia de Ortega a la celebración de elecciones anticipadas.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció que mantendrá la presión social en las calles con más marchas y plantones, por los “hermanos asesinados”, para seguir denunciando la represión y la impunidad, y continuar exigiendo la salida de la pareja en el poder, Ortega-Murillo.

Para mañana miércoles, convocó a un plantón denominado “de rotonda a rotonda”, que consiste en ocupar de las 11:00 a las 13:00 horas las aceras entre las rotondas Rubén Darío y Jean Paul Genie, en Managua. Además, llamó a una marcha el próximo sábado, pero no definió aún la ruta.

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Nombra CIDH a grupo que investigará violencia en Nicaragua

Washington, 02 de julio/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la composición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvará en las investigaciones sobre la violencia en Nicaragua, en el marco de las protestas sociales desatadas en abril pasado.

El grupo estará compuesto por el exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra, y la jurista peruana Sofía Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones de Perú, para la elaboración del Registro Único de Víctimas.

El equipo también integra a Pablo Parenti, exfiscal argentino de la unidad especializado para casos de apropiación de niños durante la dictadura militar, así como la jurista y exfiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien también fue parte del GIEI para el caso mexicano de Ayotzinapa.

El GIEI analizará las técnicas de las líneas de investigación abiertas, incluido el agotamiento correcto de algunas, y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, y asegurarse de que las figuras legales usadas encuadren en posibles ilícitos y sus responsables.

La comisión explicó que el grupo tendrá garantías de autonomía e independencia, así como de acceso a los expedientes de investigaciones y de seguridad para realizar su trabajo.

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes será de seis meses y podrá extenderse por acuerdo de las partes involucradas: el gobierno, la sociedad civil representada en la mesa de diálogo y la propia CIDH.

A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que fue instalado en Nicaragua el 24 de junio, la comisión dará seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

El -Mesenida seguimiento de la implementación de las recomendaciones de las observaciones preliminares del grupo de la CIDH, que realizó una visita a Nicaragua en abril pasado, y el cual fue origen al informe que presentó dos semanas atrás ante el Consejo Permanente.

En ese informe, que fue repudiado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, la CIDH denunció la existencia de un patrón desmedido de uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden para reprimir las protestas sociales que tienen lugar en aquella nación centroamericana, que ha dejado más de 200 muertos.

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