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Gobierno de Nicaragua mantiene estrategia letal contra manifestantes

Londres, 18 de octubre/Notimex. El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha mantenido e intensificado su estrategia “deliberadamente letal” para la represión, con la intención de “aplastar” las protestas y “castigar” a todos los que participan en ellas, denunció Amnistía Internacional (AI).

Al cumplirse este jueves seis meses de crisis sociopolítica en Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos y miles de heridos, la organización publicó su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, lo que está obligando a miles de nicaragüenses a huir del país en busca de seguridad.

La nueva investigación documenta casos que revelan cómo las autoridades aumentaron desde principios de junio pasado la estrategia de represión y cometieron graves violaciones a los derechos humanos y delitos de derecho internacional durante la llamada “operación limpieza” contra los manifestantes.

El documento, titulado Sembrando el terror: De la fuerza letal a la persecución en Nicaragua, refiere que la policía y, en gran medida, las fuerzas armadas pro gobierno han conducido arrestos arbitrarios, torturas y uso generalizado e indiscriminado de la fuerza letal en respuesta a las protestas públicas.

Entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre, Ortega desplegó a la policía para arrestar arbitrariamente y torturar a los manifestantes, y utilizó a grupos armados para matar, herir e intimidar a todos aquellos que desafiaban su estrategia represiva, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para América de AI.

“Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar de inmediato a todas las fuerzas armadas progubernamentales y garantizar que la policía sólo use la fuerza legítima, proporcional y necesaria durante las manifestaciones cuando sea apropiado”, demandó.

“En lugar de criminalizar a los manifestantes como ‘terroristas’ y ‘conspiradores de golpes’, el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a reunirse pacíficamente y a la libertad de expresión”, agregó.

En su informe, la organización internacional señala que el gobierno mantiene su estrategia represiva desde junio pasado para tratar de aplastar las protestas y castigar a todos los nicaragüenses que participen en ellas.

Subraya que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, “han estado liderando esa estrategia, demonizan con frecuencia a los manifestantes para justificar la represión violenta y continúan negando cualquier violación de los derechos humanos”.

AI refirió que al 18 de septiembre pasado, por lo menos 322 personas habían sido asesinadas, en su mayoría por agentes del estado, y más de dos mil resultado heridas, y que según informes 22 policías murieron.

Las autoridades presentaron cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas hasta el 18 de agosto, indicó AI y enfatizó que no tuvo conocimiento de ninguna persona procesada o detenida por violaciones de derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Las cifras proporcionadas por AI son mucho menores a las que ofreció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) el pasado 24 de septiembre, cuando dio cuenta de que 512 personas habían muerto durante la crisis en Nicaragua, que inició el pasado 18 de abril.

La organización local reportó también cuatro mil 062 personas heridas, entre ellas 103 sufrieron graves lesiones con efectos permanentes, y que un total de mil 428 habían sido secuestradas por paramilitares, de las cuales sólo 125 ya fueron encontradas y denunciaron haber sido torturadas.

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Asamblea de ONU borra a presidente de Nicaragua de su lista de oradores

Managua, 25 de septiembre/Notimex. La participación del presidente nicaragüense Daniel Ortega en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) está en duda, mientras en el país la represión ha dejado 512 muertos y mil 305 desaparecidos, al tiempo que crecen los llamados al gobierno para resolver la crisis.

El nombre de Ortega desapareció de la lista preliminar de oradores prevista para la sesión de este miércoles en el pleno de la Asamblea General, sin embargo, hasta el momento se desconoce quién hablará en representación de Nicaragua, ni cuándo lo hará.

De acuerdo con el registro de discursos, publicado en la página web de la Asamblea General, Ortega haría su ponencia la noche del miércoles, pero ya no está en la lista y en su lugar aparece Venezuela, cuya participación estaba programada inicialmente para el jueves.

Los países pueden intercambiar sus turnos, así que el cambio sería algo común, excepto porque mañana miércoles se discutirá en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos una iniciativa de ley que incluye posibles sanciones económicas y migratorias a funcionarios nicaragüenses.

Tal iniciativa ha sido impulsada por las acusaciones de represión y violencia ejercida por la policía y grupos paramilitares, que actúan bajo la anuencia del gobierno de Ortega, contra manifestantes, y de violación sistemática de los derechos humanos.

Desde que se dio a conocer que Ortega tendría una intervención en la Asamblea de la ONU, nicaragüenses radicados en Estados Unidos anunciaron un plantón a las afueras de las instalaciones del organismo para repudiar la presencia del mandatario, quien se esperaba que hablaría sobre la crisis en Nicaragua.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó que la represión en el país se ha cobrado ya 512 vidas desde que comenzaron las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el 19 de abril pasado.

En un informe preliminar, la ANPDH precisó además que aproximadamente cuatro mil 062 personas han resultado heridas desde entonces, de los cuales 103 han sido reportados como graves con daño permanente.

La asociación señaló que mil 428 personas han sido secuestradas por paramilitares y que sólo han aparecido 123 de ellos, gracias a la gestión de la Iglesia católica, por lo que se desconoce el paradero de mil 305 nicaragüenses. Además, 472 ciudadanos detenidos han sido liberados por la Policía Nacional.

Aunque Ortega y Murillo han acusado a los manifestantes de pretender un golpe de Estado, el sector empresarial insistió al gobierno en la urgente necesidad de reanudar el Diálogo Nacional para intentar encontrar una solución a la crisis sociopolítica.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) emitió un comunicado en el que expuso que el diálogo como la vía pacífica para resolver la mayor crisis sociopolítica de los últimos años en Nicaragua, en vista de las muertes, la represión y las pérdidas económicas que ha dejado.

“Por esto resulta prioritario que se reinstale a la mayor brevedad el diálogo con la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediador y testigo, e incorpore a garantes internacionales para garantizar que sus acuerdos sean cumplidos”, indicó.

Por separado, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) apeló voluntad política al gobierno nicaragüense para solucionar la crisis a través del Diálogo Nacional, expresando su respaldo al Cosep. Llamado al que también se sumó el cardenal Leopoldo Brenes, quien dijo “el diálogo siempre es la salida”.

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Grupo de Trabajo de OEA reporta más muertos por represión en Nicaragua

Washington, 12 de septiembre/Notimex. El número de víctimas por la persistente violencia política en Nicaragua continúa en aumento, denuncio hoy el grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para dar seguimiento a la situación en esa nación.

Al presentar el primer informe del grupo, la embajadora de Canadá ante la OEA, Jennifeer Loten, dijo que la situación de violencia no ha aminorado, y que el gobierno ha endurecido su postura ante organismos internacionales.

Destacó la negativa del gobierno del presidente Daniel Ortega a permitir la visita de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, su decisión de terminar la cooperación con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y la interrupción del diálogo nacional.

“Existe amplia evidencia para concluir que la violencia extendida continúa, acompañado por un aumento en el número de victimas, y un considerable aumento de reportes de hechos de represión e intimidación”, dijo Loten en sesión del Consejo Permanente este miércoles.

El último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado a conocer en agosto pasado, contaba 317 muertos por la situación de violencia que vive ese país desde abril pasado.

El reporte de Loten fue denunciado por Nicaragua, cuyo representante dijo que su gobierno no reconoce las conclusiones del informe de trabajo, al que calificó de injerencista, e intentó con Venezuela impedir la celebración de la audiencia.

“Les repetimos y reiteramos una vez más que el gobierno de Nicaragua no los reconoce, no existe, y les manifestamos que no tenemos nada que responderles. Exigimos respeto a la soberanía nacional del Estado nicaragüense”, demandó el representante alterno Luis Exequiel Alvarado Ramírez.

El reporte fue el preámbulo para que el Consejo sometiera a votación una nueva resolución sobre la situación en esa nación, la cual fue adoptada por 19 votos a favor, cuatro en contra, nueve abstenciones y dos países estuvieron ausentes.

En esa resolución, la OEA reafirmó su condena a los actos de violencia, represión y violaciones de derechos humanos a manos de la policía y grupos parapoliciales, y urgió al gobierno a tomar medidas inmediatas para investigar eses hechos.

También exhortó al gobierno de Ortega a cumplir su compromiso de brindar asistencia a la CIDH, al Meseni y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Hizo un llamado para generar las condiciones para restablecer el dialogo nacional, y pidió que apoye un calendario electoral acordado de manera conjunta en el marco de ese dialogo, para el que insistió, no deberá haber exclusiones de actores necesarios como la Iglesia católica.

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Convocan a marcha a favor de reos políticos en Nicaragua

Ciudad de México, 09 de septiembre/AlMomentoMX. Un grupo de padres de familia convocó hoy a una marcha para mañana domingo para demandar la liberación de los detenidos que enfrentan diversos procesos judiciales acusados principalmente de terrorismo, en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega que comenzaron en abril pasado.

La manifestación, denominada Marcha de los Globos, tendrá como punto de partida la rotonda Cristo Rey, a las 10:00 hora local (16:00 GMT), y forma parte de las protestas contra el Gobierno, dijo Carlos Valle, un veterano opositor y padre de la estudiante Elsa Valle, acusada por la Fiscalía por los delitos de uso ilegal de armas de fuego, robos, tenencia y uso de armas restringidas, y porte de sustancias y artefactos explosivos.

“Los familiares de los presos políticos secuestrados por el régimen Ortega-Murillo estamos convocando a todo el pueblo de Managua a que participe en esa marcha que estaremos haciendo por la liberación de todos los presos políticos”, indicó en rueda de prensa.

Valle invitó a los nicaragüenses acudir con globos de colores azul y blanco, alusivos a la bandera de Nicaragua, los mismos tonos utilizados en protestas contra el presidente Ortega.

“En nombre de mi hijo Edwin Carcache (estudiante detenido) vamos mañana a volver a retomar las calles como a él le gustaba”, dijo en la misma conferencia de prensa Mercedes Dávila, quien, en homenaje a su hijo, ahora usa un sombrero azul y blanco, un símbolo característico de su hijo mientras se manifestaba en las calles contra el Gobierno.

“¡Qué el pueblo nicaragüense lleve sus globos azul y blanco inflados, con mensajes en lo que se demande libertad para nuestros presos políticos y libertad para nuestra Nicaragua!”, abogó.

Organismos humanitarios calculan al menos 135 detenidos en el marco de las protestas, pero que pueden ser entre 400 y 500 si se incluye a personas desaparecidas.

El presidente Ortega negó que en el país haya presos políticos y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de más de 300 muertos, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega ha negado los señalamientos, y ha sostenido que se trata de un intento de golpe de Estado.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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Confirma asociación humanitaria 481 muertes por represión en Nicaragua

Managua, 04 de septiembre/Notimex. El número preliminar de víctimas de la represión gubernamental durante la actual crisis sociopolítica en Nicaragua se ha elevado a 481 muertos y a casi cuatro mil heridos, informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

La actualización del saldo de víctimas fue publicada este martes en Managua, mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó la decisión del gobierno nicaragüense de expulsar a su misión del país, pero afirmó que seguirá monitoreando la situación.

El informe de la ANPDH precisa que la represión del gobierno, ejercida a través de la policía y los paramilitares, contra los manifestantes que exigen la dimisión del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha sido una constante desde abril pasado, cuando iniciaron las protestas.

Reportó que entre el 19 de abril y el 02 de septiembre pasados, 481 personas perdieron la vida, de las cuales 455 fueron asesinadas –de éstas 410 por impacto de bala-, y el resto murió por otras causas, como arma blanca, enfermedades naturales no atendidas y accidentes relacionados con la situación.

También destacó que tres mil 962 personas resultaron lesionadas en el mismo periodo, de las cuales 98 sufren heridas graves con daño permanente, y advierte que todas ellas han carecido de atención médica oportuna en el sistema de salud pública.

El reporte señala que por lo menos mil 338 personas han sido secuestradas por paramilitares y detalla que de ellas 123 aparecieron gracias a la gestión de la ANPDH y la Iglesia católica, aunque las restantes mil 215 se encuentran detenidos de manera ilegal.

El organismo refirió que las víctimas fueron resultado de enfrentamientos desproporcionados entre civiles y fuerzas combinadas del gobierno, por disparos de francotiradores, ejecuciones luego de ser capturadas durante las protestas; e incluso conducidas a otros lugares para torturarlas.

Además, en ejecuciones aleatorias en ataques sorpresivos a marchas pacíficas (como la masacre del 30 de mayo); a barricadas y tranques (cuando no había enfrentamientos); a lugares como supermercados; o a personas seleccionadas en la calle sin razón aparente, agregó el informe.

Menciona asimismo ejecuciones planificadas, buscando en casas o en otros sitios, contra quienes participaron o apoyaron en las barricadas, con base en listas suministradas por orteguistas en los barrios; o por no haber colaborado con el gobierno.

La prensa independiente de Nicaragua, que dedicó amplios espacios al reporte de la ANPDH, destacó que el grupo activista tuvo que cerrar sus oficinas en Managua por amenazas de muerte por parte de simpatizantes orteguistas, y que su titular Álvaro Leiva debió salir del país ante el asedio contra su persona.

En este contexto ofrecido por la ANPDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó profundamente la reciente decisión de las autoridades de Nicaragua de dar por terminada la visita de su misión y ordenarle su salida del país.

La portavoz de la agencia, Liz Throssell, dijo que era lamentable que el gobierno nicaragüense expulsara a un grupo de la ACNUDH un día después de que el organismo publicó un informe sobre violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos en el país desde abril pasado.

La protección de las víctimas en Nicaragua es una tarea que se vuelve cada vez más difícil, debido a la criminalización y arrestos a los que se enfrentan personas y grupos asociados con las protestas, sostuvo y denunció “campañas difamatorias” contra los manifestantes, a quienes catalogan como “terroristas” o “golpistas”.

Señaló que el personal de la misión salió del país el pasado sábado, pero aseguró que continuará monitoreando la situación de los derechos humanos de los nicaragüenses y dando voz a las víctimas, pues la ACNUDH está dispuesta a apoyar a Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales en esa materia.

En su informe publicado la semana pasada, la ACNUDH señaló una “grave crisis de derechos humanos en Nicaragua” desde el comienzo de las protestas el 18 de abril, que se ha caracterizado por múltiples formas de represión y violencia, que han resultado en miles de víctimas.

El gobierno de Ortega rechazó el documento y advirtió que la misión ya había concluido su tarea de observadora, por lo que dio por terminada su visita.

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Oficialistas atacan en Nicaragua marcha ciudadana y provocan disturbios

Managua, 02 de septiembre/Notimex. Una marcha cívica realizada hoy en Managua terminó con un herido de bala y disturbios, incluida la quema de una patrulla policial, luego de que simpatizantes sandinistas con banderas rojinegras realizaron disparos desde dos camionetas contra la protesta ciudadana.

En el ataque resultó herido un médico retirado del Ejército, por lo que un grupo de manifestantes prendió fuego a una camioneta, quemó llantas y trató de levantar barricadas para repeler a los oficialistas, informó en su portal El Nuevo Diario.

El herido fue el médico urólogo Carlos Fletes, retirado del Ejército de Nicaragua, quien fue trasladado al hospital Vivian Pellas, y de forma preliminar se conoce que sería intervenido quirúgicamente de emergencia.

El ataque a balazos ocurrió cuando el inicio de la marcha ya había pasado la rotonda de la Centroamérica, y provino de dos camionetas que asediaban a los manifestantes.

Tras los disturbios, decenas de patrullas policiales se movilizaron al sector de la rotonda Centroamérica, acompañadas de decenas de camionetas hilux, ocupadas con hombres encapuchados y armados.

La totalidad de los manifestantes ya no pudo culminar en la rotonda Jean Paul Genie como tenía previsto, sino que la marcha se disolvió y los manifestantes buscaron dónde refugiarse.

La Marcha de Las Banderas fue realizada esta mañana en medio de una fuerte presencia de la Brigada Especial de Antimotines de la Policía Nacional y el asedio de simpatizantes sandinistas.

La ruta de la marcha tuvo que ser modificada y esta vez recorrió Altamira, la colonia Centroamérica, y culminaría en la rotonda Jean Paul Genie.

El punto de inicio de la marcha de las banderas, convocada por la Alianza Cívica, que estaba prevista a salir este domingo a las 10:00 de la mañana de la rotonda Cristo Rey hacia la rotonda El Periodista, tuvo que ser movido a los semáforos de auto lote El Chele, debido a la fuerte presencia policial en las rotondas de Managua.

Reportes periodísticos de Condega, municipio de Estelí y Somoto, municipio de Madriz, señalan que en esas regiones las marchas que habían sido programadas por líderes del Movimiento de Autoconvocados, no pudieron ser realizadas porque fueron impedidas por grupos de encapuchados armados.

Los simpatizantes sandinistas armados iban a bordo de camionetas sin placas, apoyados por patrullas de la Policía Nacional.

Las protestas de este domingo contra el gobierno de Nicaragua ocurren dos días después que una misión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) debió abandonar Nicaragua por petición de las autoriddaes nicaragüenses, ayer sábado.

En un informe emitido el miércoles, la ACNUDH responsabilizó al gobierno del presidente Daniel Ortega por torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos. No obstante, Ortega rechazó el informe.

Nicaragua atraviesa una crisis en la que se cuentan, según diferentes fuentes no gubernamentales, entre 322 y 448 muertos, aunque el presidente Ortega sólo reconoce 198 víctimas.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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Lamenta Guterres salida de Comisión de ONU de Nicaragua

Naciones Unidas, 01 de septiembre/Notimex. El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar su invitación a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Guterres subrayó la relevancia del ACNUDH y su apoyo a la labor de la Comisión de Verificación y Seguridad del diálogo nacional en Nicaragua.

“El secretario general alienta al gobierno a que mantenga su compromiso constructivo con el ACNUDH y a que se valga, entre otras cosas, de la asistencia técnica ofrecida por la Oficina en relación con diversas esferas de cooperación mutua más allá del diálogo nacional”, declaró Guterres en un comunicado.

El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega ordenó la salida inmediata de país a partir de este sábado del representante del ACNUDH, Guillermo Fernández Maldonado, y de su equipo de trabajo.

La expulsión del representantes de la misión se da después de la publicación de un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se acusa a las autoridades de cometer abusos contra manifestantes y hacer uso excesivo de la fuerza.

Ortega calificó el reporte de la misión de la ACNUDH como “extralimitado, parcial y subjetivo”.

Fernández Maldonado confirmó este sábado que la misión abandonará el país centroamericano, pero advirtió que seguirá el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

“Lo ideal es estar aquí, dentro del país, porque proyecta en la población una mayor cercanía, pero la obtención de información y la capacidad de pronunciarnos sobre los hechos se mantiene. Lo central son las víctimas y sus derechos, queremos estar concentrados en eso”, aseguró.

 El informe del ACNUDH concluyó que paramilitares vinculados al mismo gobierno de Ortega son responsables de la muerte de la mayoría de las más de 300 personas ocurridas en las protestas populares que se realizan desde abril pasado.

La misión aseguró en su reporte que desde el comienzo de las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, existe un “uso excesivo de la fuerza” y que lejos de reconocer su responsabilidad, el gobierno culpa a la oposición de pretender un golpe de Estado.

Las protestas en Nicaragua comenzaron el 18 de abril pasado en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social, impulsada por el mismo Ortega, quien después debió cancelarla, pero no pudo contener las manifestaciones.

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Niega Colombia intereses golpistas en Nicaragua

Bogotá, 14 de agosto/Notimex. Colombia rechazó hoy las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó que Bogotá tiene intereses golpistas en la crisis política que afronta el país centroamericano.

“El Gobierno colombiano fundamenta sus actuaciones frente a Nicaragua y otras naciones en el marco de sus obligaciones como firmante de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana”, señaló la declaración de la cancillería.

Agregó que Colombia “seguirá actuando en defensa de la democracia, con total respeto de las decisiones que se tomen en la Organización de los Estados Americanos y en cumplimiento de los principios propios del Sistema Interamericano de Promoción, Defensa y Protección de los Derechos Humanos”.

El gobierno del presidente Ivan Duque reiteró “el rechazo a los actos de represión ejercidos por las fuerzas del Gobierno de Nicaragua contra la sociedad civil”.

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Aplaza OEA sesión para discutir nueva resolución sobre Nicaragua

Washington, 02 de agosto/Notimex. La sesión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir la situación en Nicaragua fue aplazada para esta tarde, mientras se negocia una nueva resolución presentada por siete países.

La sesión estaba prevista a iniciar a las 10:00 horas locales (14:00 GMT), pero una docena de países solicitaron que se aplazara hasta las 14:30 mientras se continúa la discusión de la iniciativa propuesta por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú.

La nueva iniciativa propone la creación de una Comisión Especial para Nicaragua que estaría compuesta por un representante de cada grupo regional y otros Estados miembros de la OEA.

Poco antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 317 el número de muertos por la violencia política en Nicaragua y denunció prácticas de persecución judicial y criminalización contra opositores al régimen del presidente Daniel Ortega.

La cifra de muertes reportada desde el pasado 18 de abril y recabada en el terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), incluye 23 niños, niñas y adolescentes, así como 21 policías.

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CIDH eleva a 317 el número de muertos por violencia en Nicaragua

Washington, 02 de agosto/Notimex. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó hoy a 317 el número de muertos por la violencia en Nicaragua, iniciada en abril pasado, y denunció prácticas de persecución judicial y criminalización contra opositores al régimen.

La cifra de muertes reportada desde el pasado 18 de abril y recabada en el terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), incluye 23 niños, niñas y adolescentes, así como 21 policías.

La comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró a través de un comunicado que la Comisión condenó todos los asesinatos, e instó al gobierno de Nicaragua a investigar “con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes”.

“El Estado (nicaragüense) debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, apuntó.

En su informe, el MESENI afirmó que constató y documentó una mayor represión y operativos desplegados por la Policía Nacional y grupos parapoliciales para eliminar barricadas a través de todo el país, en el marco de la llamada operación por la paz.

Indicó que tras el levantamiento de esas barricada mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado “numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad”.

El comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, dijo que la CIDH ha tenido conocimiento del aumento “vertiginoso” de estas detenciones sin las garantías del debido proceso.

“Hacemos un llamado urgente al Estado (nicaragüense) a asegurar el estricto cumplimiento de la ley, y demás garantías procesales de todos las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia”, enfatizó.

La comisión demandó que el gobierno de Nicaragua cese la criminalización de quienes participan en manifestaciones pacíficas, “y se abstenga de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales”.

Asimismo, externó su preocupación por la falta de respuesta por parte de las autoridades a las peticiones de la CIDH para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos en el contexto de la actual crisis.

Las protestas en Nicaragua comenzaron el 18 de abril pasado en contra de las reformas al sistema del seguro social impulsadas por el presidente Daniel Ortega, hasta el momento han dejado cientos de muertos, unos dos mil 800 heridos y 595 desaparecidos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

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