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Fiscal de Veracruz obstaculiza investigación de PGR en su contra: abogado

Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 06 de diciembre de 2018. Existe una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, por anomalías en el caso del exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, señalado por entorpecer una investigación por desaparición forzada.

Así lo reveló Arturo Nicolás Baltazar, abogado del exfuncionario duartista, quien además acusó que el actual fiscal especializado en la investigación de personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, y el mismo Fiscal General han obstaculizado la investigación que sigue la PGR.

“Lo que esperamos es que este señor (Winckler) sea separado del cargo para poder proceder en otras instancias y esperemos que tarde o temprano se haga justicia porque fabricaron delitos”.

El entrevistado reveló que una persona cercana a Bravo Contreras fue privada de la libertad por Coronel Gamboa, para recabar información de manera ilegal.

“Lo privó de su libertad, le quitó su celular, le extrajo todos los datos de su celular, obtuvo todas las ubicaciones de donde había éstos y se lo llevó a la zona de Córdoba sin su consentimiento, con la intención de que dijera dónde estaba Luis Ángel Bravo para poder detenerlo, ejecutar la orden de aprehensión que tenían en su contra antes de las elecciones”.

Detalló que también han sido presentadas quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra los fiscales mencionados.

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Dan a conocer video sin censura del asesinato de Luis Donaldo Colosio (+Video)

Ciudad de México. 06 de diciembre/AlmomentoMX. A más de 24 años del asesinato del excandidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, el video de su asesinato ocurrido en Lomas Taurinas, el 23 de marzo de 1994, fue desclasificado y difundido este día por el diario El Sol de México.

El video había sido clasificado como reservado hasta el año 2035 por la Procuraduría General de la República (PGR) en noviembre de 2000, a pocas semanas de término del gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sustituyó a Colosio Murrieta como candidato del PRI, luego de su asesinato.

Fue apenas en octubre pasado que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó la desclasificación del material para ser entregado a un ciudadano que solicitó el video cassette identificado como BTC 01 y el cual se puede consultar en el siguiente enlace titulado: “Atentado a Lic. Colosio”.

Aunque las imágenes del atentado ya habían sido difundidas hace algunos años, en el video difundido por el Sol de México, se escucha el audio original y la calidad de la imagen es mucho más clara.

Aquí uno de los videos que ya se conocían sobre este atentado cometido hace más de 24 años en contra del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.

El material que ya ha sido retomado desde el crimen fue tomado por un agente de la entonces Policía Judicial Federal.

Se observa a Luis Donaldo Colosio de espaldas, en medio de una muchedumbre en Lomas Taurinas al concluir un mitin de campaña y desde su lado derecho se observa cómo el arma apunta a su cabeza y recibe un tiro.

El comisionado del INAI, Joel Salas en su proyecto refirió que el video no daba cuenta de las líneas de investigación de la PGR a pesar de que las investigaciones no han terminado, por lo que no se verían afectadas.

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PGR deberá informar sobre base de datos de personas no localizadas

México, 05 de diciembre/Notimex. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, ordenó a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República,  asumir competencia y dar a conocer la Base de Datos de Personas no Localizadas del fuero común, administrada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, argumentó que es uno de los temas prioritarios del gobierno actual, ofrecer respuesta integral a las familias de las personas desaparecidas, a fin de que les garanticen la protección efectiva del derecho humano, a la verdad y la reparación del daño que les corresponda.

También planteó la importancia de que la sociedad acceda y conozca la información derivada de las denuncias de desaparición de personas, las estrategias realizadas por el Estado, los resultados obtenidos y el número de quienes continúan sin ser localizadas.

“Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para abril de 2018 existían 37 mil 436 persona no localizadas respecto de denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público del fuero común y del fuero federal, de las cuales el 68 por ciento tienen menos de 39 años y de ellas nueve mil 522 corresponden a mujeres y 27 mil 913 son hombres”, puntualizó.

Mencionó que la respuesta al particular que solicitó la base de datos, la Agencia de Investigación Criminal se declaró incompetente para conocer la información y le proporcionó la dirección electrónica para consultar el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y le sugirió presentar su petición ante la Secretaría de Gobernación.

Argumentó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el órgano desconcentrado de esa dependencia, encargada de concentrar la información estadística en materia de incidencia delictiva, la cual es suministrada por las diferentes instituciones de procuración de justicia del país.

Hizo notar al pleno que se requirió de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, la base de datos de persona no localizadas del fuero común, la cual es administrada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de cuyo contenido se omitan los datos referentes al nombre y apellido en formato exportable.

También le sugirió efectuar una nueva solicitud a la Secretaría de Gobernación con el propósito de que dicha dependencia realizara una búsqueda exhaustiva y pormenorizada de la información referida.

Inconforme el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual manifestó que, en el informe rendido por el país a las recomendaciones emitidas por el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas del 13 de febrero de 2018, se dio cuenta de que la Agencia de Investigación Criminal, a través del CENAPI, administra la Base de Datos de Personas no Localizadas del Fuero Común.

En su ponencia la comisionada del Inai determinó que este organismo cuenta con facultades expresas para desarrollar un sistema estadístico sobre actividades delictivas, el cual permite conocer la situación del fenómeno delictivo para contribuir al combate de la comisión de delitos.

Al consultar distintas fuentes de información oficiales, dijo, se advirtió que existe una coordinación estrecha entre la Secretaría de Gobernación y la PGR para el manejo y la integración de la Base de Datos de Personas no Localizadas.

Esto, dijo, confirma que si existe competencia concurrente de la PGR y la propia Secretaría de Gobernación, en la cual corresponde a la Procuraduría Federal la integración y actualización del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Por lo tanto el pleno del Inai revocó por mayoría la respuesta de la Agencia de Investigación Criminal y le instruyó a asumir su competencia y dar a conocer la Base de Datos de Personas no Localizadas del Fuero Común.

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Pobreza y seguridad los grandes pendientes en Veracruz: Yunes

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 29 de noviembre de 2018. Tras asegurar que no hablará de “tonterías” al referirse a las presuntas denuncias en su contra ante Procuraduría General de la República (PGR), el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares reconoció que al final de su bienio, uno de los problemas más importantes que faltan por resolver es la pobreza, pues en Veracruz, el 62 por ciento de su población se encuentra en esta condición. 

Sin embargo, dijo, el que más llama la atención de la ciudadanía es la seguridad, en cual hay que hacer mayor esfuerzo, como se hizo en este bienio con el concurso del Gobierno federal, Gobierno estatal, fuerzas armadas. 

“Lo hicimos en un esquema muy similar como el que está proponiendo hoy el presidente electo, un esquema de participación de fuerzas armadas, civiles, estatales y municipales, con una situación de emergencia, hay que hacer un esfuerzo mayor”. 

Asimismo, sostuvo que se entrega un Veracruz con estabilidad política, sin problemas sociales graves, con una situación financiera distinta a la que se vivía hace dos años, con avances en materia de infraestructura. 

Sobre si le queda a deber algo a los veracruzanos, consideró que es una pregunta difícil, pues hubiera querido tener el tiempo suficiente para gobernar, pues los seis años normales de un periodo constitucional están calculados para poder llevar a cabo proyectos de larga visión. 

Cuestionado en torno a si teme una cacería de brujas en su contra por parte de las nuevas autoridades estatales y federales respondió “yo no soy bruja, ¿vengarse de qué?, yo solo hice fue cumplir a los veracruzanos que demandaban justicia, actuamos contra quienes se tenía que actuar, era grave la situación, se actuó y cumplimos”. 

Destacó que si se le pregunta a los veracruzanos que opinan de esta situación estarían de acuerdo, toda vez que no solo se hizo justicia, también se recuperaron mil 200 millones de pesos, que si bien es poco en comparación de lo que se robaron en la anterior la administración se hizo un gran esfuerzo. 

 

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Analizar restos hallados en vertedero y río en caso Iguala, llama CNDH

México, 28 de noviembre/Notimex. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a diversas autoridades federales y locales indagar los 93 restos óseos encontrados en el Vertedero de Cocula y en el Río San Juan, en Iguala, Guerrero, para determinar si corresponden a alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa o a personas diversas.

La CNDH advirtió que los hechos ocurridos en Iguala son muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas y acusó que la verdad “ha sido una de las víctimas” en dicho caso.

El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José T. Larrieta Carrasco, dijo que la confirmación de los restos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, dos de los normalistas desaparecidos, muestra que hay una liga entre el Vertedero de Cocula y la bolsa recuperada en el Río San Juan.

El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez expuso que se subestimó una bolsa recuperada en el Río San Juan, que contenía tres porciones petrosas, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que deberían ser sometidos a pruebas de ADN.

Ello a fin de determinar si corresponden o no a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, indicó al reconocer que durante las pesquisas enfrentaron serios obstáculos de algunas autoridades, no así de las Fuerzas Armadas.

“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos, a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos”, anotó.

A pregunta expresa luego de más de nueve horas que duró la presentación de la recomendación, apuntó que “más allá de verdades históricas, aquí (en la investigación de la CNDH) hay elementos que nos permiten articular (los hechos) para encontrar la verdad, que ha sido una de las víctimas”, en aras de hacer justicia y que no queden hechos de impunidad.

Comentó que los familiares recibieron la indagatoria con “recelo y desde luego estaremos entregando completamente la recomendación a los familiares. Conocen en lo general -hasta dónde pudimos avanzar- pero desde luego me gustaría que conocieran el detalle del contenido”.

Durante la presentación de la Recomendación 15VG/2018 sobre Violaciones Graves de Derechos Humanos en el caso Iguala, se informó que la CNDH integró 72 expedientes de queja, cuatro derivados de posible maltrato en la detención, 11 por posible detención arbitraria y 57 por la posible comisión de actos de tortura.

En tanto se solicitó la exhumación y la necropsia dadas las deficiencias realizadas por el estado de Morelos, a fin de determinar si la muerte de una persona fue provocada o no por tortura.

El informe -de un millón de hojas y mil 255 tomos que comprende la investigación realizada- propone que sea el Instituto de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Innsbruck la institución que continúe realizando el análisis genético de los elementos óseos y odontológicos propuesto.

Igualmente por ser la instancia sugerida por el EAAF -equipo pericial habilitado en el caso a petición de los padres y familiares de los normalistas desaparecidos- para esos fines.

“Para esclarecer todos los sucesos que pudieran darse en el escenario del Vertedero de Cocula, la PGR tendría que llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones, desde luego las pertinentes para establecer la probable responsabilidad de todos los partícipes”, resalta el documento.

Y, sobre todo, agotar el estudio científico de la totalidad de las evidencias recabadas en el Vertedero de Cocula, donde hay indicios de que sí hubo fuego en la fecha relacionada con los lamentables hechos, y a dónde habrían sido llevados al menos entre 23 y 28 estudiantes.

“Sólo a partir de los contenidos del expediente y de evidencias técnico científicas podrán obtenerse elementos útiles para determinar en definitiva si los normalistas fueron incinerados o no y, en su caso, el número de ellos”, planteó Larrieta Carrasco.

Solicitó asimismo a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar quién es el “Patrón”, dado que según las evidencias sería la persona que tomó las decisiones que cambiaron el rumbo del destino de los normalistas ocurridos el 26 y 27 de noviembre de 2014.

“La PGR debe investigar quién es, de dónde surgen esas declaraciones primarias que lo ubican” el día de los hechos, agregó.

El documento refiere que los elementos de la Policía Municipal de Cocula que estuvieron involucrados en los hechos contaban con Certificado de Control de Confianza emitido por el Centro Estatal de Evaluación, a pesar de que con anterioridad se habían separado de Ejército Mexicano de manera ilícita y no habían resuelto su situación jurídica.

Se destaca que los hechos ocurridos en Iguala son muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas, como se evidenció en los municipios Iguala, Cocula y Huitzuco. Tan es así que elementos de los dos primeros entregaron a los normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos.

La recomendación refiere que del total de las 43 llamadas telefónicas registradas en el C-4 aquélla noche 26 se realizaron para denunciar hechos que, después se sabría, eran perpetrados en contra de los estudiantes, mientras que 17 se realizaron por los sucesos acontecidos en el escenario del crucero de Santa Teresa.

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PGR atenderá denuncias de familiares de migrantes desaparecidos

Redacción/en Contacto Digital. Ciudad de México. 21 de noviembre de 2018. Solicitar a la Procuraduría General de la República atienda las denuncias presentadas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos y dé a conocer los protocolos de búsqueda que ha implementado para localizar o determinar el paradero final de sus familiares, propuso la senadora Verónica Delgadillo García.

A través de un punto de acuerdo, la legisladora del Grupo Parlamentario de MC argumentó que la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos realiza año con año el largo recorrido de cerca de cuatro mil kilómetros, en búsqueda de sus hijos desaparecidos en territorio mexicano al intentar cruzar la ruta migratoria.

Dicha caravana, dijo, ha manifestado que requiere tanto de la solidaridad por parte de la sociedad mexicana, como del apoyo de autoridades mexicanas que atiendan las distintas denuncias realizadas para localizar o conocer el paradero de sus hijos, exigiendo en todo momento su derecho a la verdad y a la justicia.

Uno de sus planteamientos adicionales a la localización de sus seres queridos, señaló, es dar a conocer que “los actuales modelos de gestión de la migración no están atendiendo la verdadera problemática”, y solamente terminan por criminalizar a aquellas personas que se ven obligados a abandonar sus hogares. También demandan el respeto de los derechos humanos de toda persona en calidad de migrante, donde se garantice su seguridad en estricto apego a los instrumentos internacionales en la materia.

La proposición fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.

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Monreal pide a PGR informe sobre actos de corrupción de jueces y magistrados

México, 20 de noviembre/Notimex. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, solicitó a la PGR remitir un informe pormenorizado sobre las investigaciones que realiza sobre presuntos actos de corrupción, algunos vinculados con delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados.

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Alta se publicó el punto de acuerdo donde se señala que en ese documento se debe salvaguardar la información clasificada como reservada o confidencial, conforme al marco normativo aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Propuso solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial Federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias, salvaguardando la información clasificada como reservada o confidencial.

“El Senado de la República solicita al Consejo de la Judicatura Federal el envío de un informe detallado sobre las medidas que ha llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en el Poder Judicial Federal”, expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.

Monreal Ávila argumentó que “por el escritorio de los jueces pasan asuntos relacionados con la vida, la libertad, integridad y patrimonio de las personas, pero también con la revisión y sanción de controversias vinculadas con el funcionamiento de las instituciones, respeto al voto, acceso a la información pública, transparencia o la protección de los datos personales.

“Considerando la complejidad de su labor, es entonces sencillo vislumbrar la necesidad de contar con un Poder Judicial Federal sólido, responsable, honesto y profesional”, agregó.

Añadió que el hecho de que “la corrupción haya logrado permear en los órganos jurisdiccionales de nuestro país debe ser motivo de la mayor atención por parte de autoridades y ciudadanía, pues ello limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano, al trastocarlo desde sus raíces”.

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‘El Chapo’ sobornó a gobernadores, militares, a PGR y hasta a la Interpol, asegura ‘El Rey’ Zambada

Ciudad de México, 15 de noviembre/AlMomentoMX. A comienzos de la década de 2000 —durante el Gobierno de Vicente Fox—, Joaquín El Chapo Guzmán gastó 300 mil dólares al mes en sobornos a militares y funcionarios de México, así como a la Policía Internacional (Interpol), reveló Jesús El Rey Zambada, testigo cooperante de la Fiscalía y uno de los antiguos ‘sublíderes’ del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el periodista Alan Feuer, quien cubre desde adentro el juicio contra Guzmán Loera, Zambada García afirmó que los sobornos más importantes fueron pagados generalmente a los gobernadores en turno y a los fiscales, a los directores de la Policía Federal, a la Policía de Caminos y a la Policía municipal.

“En el nivel federal, sobornó rutinariamente al comandante de la PGR (Procuraduría General de la República); a la Policía Federal encargada de carreteras, puertos y aeropuertos; a la policía judicial estatal y a la Interpol”, reveló el reportero, quien asiste a las audiencias.

“En 2004, El Chapo le hizo traer (a Zambada García) 100 mil dólares para un General Toledano que en ese momento trabajaba en Guerrero, para que el Cártel (de Sinaloa) pudiera importar más fácilmente cocaína colombiana a la orilla del mar. (El Rey) también dijo que a menudo pagaba a los militares, incluyendo las fuerzas especiales”, agregó Alan Feuer sobre lo narrado por el capo.

A diferencia de los abogados de El Chapo, El Rey Zambada —empleado del cártel desde 1987 hasta su arresto en 2008— no mencionó directamente al expresidente Vicente Fox. Los defensores de Guzmán Loera sí mencionaron presuntos sobornos a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón Hinojosa.

Jesús Zambada es hermano de Ismael El Mayo Zambada, es parte de los testigos de la fiscalía que participarán en el proceso contra Guzmán Loera, el cual se prevé durará unos cuatro meses. El Rey controlaba la actividad del cártel en la Ciudad de México.

Desde este miércoles, Zambada García ha estado testificando contra El Chapo, a quien señaló como uno de los líderes principales del Cártel de Sinaloa y explicó cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas.

En su primer día en el banquillo de los testigos, explicó cómo el cártel obtenía ganancias enormes al introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos: “Las ganancias eran enormes. Una inversión de 9 millones de dólares por 15 toneladas de coca podría dejar 39 millones de dólares en LA (Los Ángeles). En Chicago, donde los precios son más altos, los inversionistas del cártel hacían 48 millones de dólares por cada embarque, dijo (Zambada). En Nueva York, era de 78 millones de dólares”.

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Se tambalea proceso contra supuesto contador de Javier Duarte

Víctor Hugo Arteaga. Ciudad de México, 13 de noviembre de 2018. El contador público Javier Nava Soria busca un proceso abreviado que la Procuraduría General de la República (PGR) se niega a otorgarle, informaron allegados al supuesto contador del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Nava Soria enfrenta las acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) que lo vinculan con el exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quien se declaró culpable de los cargos y fue condenado a nueve años de prisión.

La PGR enjuicia a Nava Soria a través de la Unidad de Inteligencia Financiera por ser el comisario de las empresas Consorcio Brades y Cine Libélula, que figuraron en la compra de terrenos para Duarte en Lerma, Campeche.

El dinero que pasó por esas empresas, salió de las cuentas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)

A pesar de que la red de prestanombres de Javier Duarte contaba con alrededor de 20 empresas que manejaron los recursos que salieron desde la SEV, la PGR solo solicitó órdenes de aprehensión contra Nava Soria, pero contra ninguno de los otros comisarios de las firmas involucradas.

En abril del año 2017 Nava Soria fue capturado cerca de Barcelona, la PGR solicitó su extradición, que fue negada en dos ocasiones por la Suprema Corte de Justicia del Reino de España.

Tras vencerse su visa en España, Nava Soria fue deportado a México y trasladado al Reclusorio Norte, donde se otorgó una orden de aprehensión desde octubre del año 2016.

La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descubrieron que el complejo sistema de lavado de dinero utilizado por Duarte de Ochoa y su red de operadores, permitió ingresar 253 millones de pesos al sistema financiero del país.

Junto con Duarte de Ochoa se encuentran acusados además de Moisés Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Javier Nava Soria.

Las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, que fungían como secretarias de Moisés Mansur, fueron condenadas ya a tres años de prisión al haber aceptado tratos y declararse culpables del delito de lavado de dinero. Ellas alcanzaron su libertad por buena conducta en junio pasado.

Ayer la PGR informó que la investigación contra Javier Nava Soria, se encuentra en riesgo, pues los jueces y magistrados federales que lo juzgan están utilizando “criterios a modo”.

Felipe de Jesús Muñóz, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, detalló que plantearán una nueva estrategia legal para la etapa del juicio oral, así como hará con otros implicados en el caso.

En la audiencia intermedia celebrada el pasado 8 de noviembre el juez de control resolvió que fueran excluidos 11 pruebas documentales, 12 pruebas testimoniales y dos dictámenes periciales presentadas por la PGR, relacionadas, todas ellas, con información financiera obtenida por el agente del Ministerio Público, sin la autorización de un juez, de acuerdo a las reformas del Código Penal.

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PGR acusa a jueces de usar criterios a favor de implicados en caso Duarte (+Video)

México, 12 de noviembre/Notimex. La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a jueces y magistrados de utilizar criterios en favor de involucrados en el caso de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.

En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Muñoz Vázquez, dijo que la dependencia cambiará también de estrategia para evitar que los implicados puedan estar fuera de la cárcel.

Advirtió que esos criterios a modo ponen en riesgo los procesos contra quienes tienen imputaciones graves, lo que podría dejar en libertad a varios de los implicados en el robo y desvío de recursos públicos durante el mandato de Duarte de Ochoa, quien ha obtenido ya sentencias por lavado de dinero y otros cargos.

La PGR no comparte las estrategias de los jueces y magistrados de Veracruz, por lo que realizará otras acciones legales para lograr condenas contra los implicados y que no queden libres.

Las autoridades explicaron que en el caso de Duarte de Ochoa, se buscó tener una sentencia rápida ante esta amenaza legal por parte de los jueces.

De Muñoz Vázquez aseguró que ante esta forma de actuar de los jueces y magistrados, la PGR ya los investiga, puesto que podrían tener nexos con el crimen organizado y por ello liberan a delincuentes.

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