Etiquetas: Represión


Reporta CIDH 264 muertos e intensificación de represión en Nicaragua

Washington, 11 de julio/Notimex. La mayoría de los países en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) renovó hoy su llamado a Nicaragua para poner fin a la represión y ejecuciones extrajudiciales ante el agravamiento de la crisis que ha dejado, según la CIDH, 264 muertos.

Sin embargo, el llamado fue ignorado por el gobierno nicaragüense, que rechazó de nueva cuenta un informe actualizado presentado ante este órgano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al calificarlo de “apurado, prejuiciado y carente de objetividad”.

“Nicaragua no acepta, no puede aceptar el informe de la CIDH. Rechazamos al informe”, dijo en Washington el canciller nicaragüense, Denis Moncada, quien aseguró que se requiere tiempo para realizar un reporte objetivo y apegado.

En un discurso de más de 20 minutos, Moncada presentó su versión de la situación que se vive en la nación centroamericana desde el inicio de las protestas callejeras, el 18 de abril pasado, en contra de la ley de reforma del sistema de seguridad social.

Moncada caracterizó las manifestaciones como un “embate terrorista con el fin de realizar un golpe de Estado” y leyó una larga lista de muertos y heridos, y propiedades destruidas en días recientes en las comunidades de Jinotepe y Diriamba.

Aunque en una audiencia realizada el mes pasado, Moncada reconoció la existencia de 143 muertos, este miércoles los nombres de las víctimas que leyó fueron en su mayoría de policías o militantes del partido gobernante FSLN, indicando que la información que presentaba era “veraz y objetiva”.

Sin embargo, omitió toda referencia a los miembros de la Conferencia Episcopal Nicaragüenses, incluyendo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Baéz, que fueron agredidos el lunes pasado por paramilitares en Diriamba.

Durante la presentación de su informe actualizado, el secretario general de la CIDH, Paulo Abräu, dijo que el agravamiento de la situación resulta preocupante, al hacer notar que la cifra actual de muertos, es casi tres veces más alta que la que les fue reportado en su visita a Nicaragua en mayo pasado.

De acuerdo con el reporte, la cifra de personas muertas de todos los bandos, se ubica ahora en 264, además de mil 800 heridos, aunque de acuerdo con organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil el número de fatalidades asciende ya a 351.

Abräu denunció además una “diversificación y profundización” de la represión, incluyendo la invasión de tierras, y dijo que se requiere un mayor pronunciamiento internacional sobre la situación.

La CIDH “hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exige al Estado nicaragüense poner fin inmediato a la represión y detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando”, dijo.

El embajador de Mexico, Jorge Lomónaco, consideró que el agravamiento de la situación requiere urgente atención, y recordó que los Estados miembros de la OEA tienen un papel que jugar en la solución de esa crisis.

Tras lamentar el aumento de muertos y heridos y la falta de avances en el diálogo nacional, indicó que el gobierno de su país se sumaba al llamado de la CIDH y la ONU “para que todas las acciones de levantamiento de focos de violencia y operativos de la policía nacional, sigan estrictamente un enfoque de derechos humanos”.

Por su parte, el embajador estadunidense Carlos Trujillo señaló que el incremento en la violenta represión ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, tiene como propósito su preservación en el poder.

“Los violadores de derechos humanos deben rendir cuentas, y como Estados miembros, debes apoyar los esfuerzos de la comisión en este sentido”, dijo Trujillo durante su intervención.

Mientras que la delegación de Venezuela, al igual que Nicaragua, rechazó el informe de la CIDH por ser parcializado, carente de objetividad, “el cual sólo tiene como objetivo validar las acciones delictivas cometidas por grupos violentos en Nicaragua”.

En su turno, la representación de Chile calificó la situación en el país centroamericano como “una vergüenza para la democracia regional y nos obliga a reiterar el llamado al gobierno de Nicaragua a tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir su Constitución política, que estipula que sólo puede haber dos instituciones armadas en el país: la policía y el ejército”.

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Preocupación en Brasil por impactos de intervención militar en Río de Janeiro

Río de Janeiro, 19 de febrero/Notimex. El Gobierno brasileño pedirá a la Justicia que autorice la emisión de órdenes de detención “colectivas” y entradas en domicilios de calles o incluso barrios enteros por parte de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro, donde las autoridades decretaron la intervención federal por la inseguridad que se vive en el estado.

“En la realidad urbanística de Río muchas veces se da una orden para entrar en una casa y el criminal huye. Por lo que se necesita tener un mandato de búsqueda y detención colectiva, que ya se hizo en otras ocasiones, para una mejor actuación de las Fuerzas Armadas y la policía”, justificó hoy el ministro de Defensa, Raul Jungmann.

Este tipo de órdenes judiciales podrían permitir, en teoría, que los militares puedan entrar en casas sin autorización judicial específica para el domicilio, lo que genera dudas sobre eventuales abusos por parte de las fuerzas de seguridad y violaciones de derechos humanos.

“Esto es muy peligroso”, dijo el senador Humbero Costa, de la oposición de izquierda, que advirtió que “las órdenes colectivas permitirán que los órganos de represión puedan entrar en casas de sospechosos y no sospechosos”.

El ministro de Defensa dijo, sin embargo, que ello no supone una “carta blanca” para los militares en sus operaciones de garantía del orden.

“La realidad es que más de 800 comunidades en Río viven un régimen de excepción, bajo el control del crimen organizado, de las milicias y del tráfico de droga. Esos cariocas no tienen derechos y garantías constitucionales”, agregó el ministro.

El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó la semana pasada un decreto para intervenir militarmente el estado de Río de Janeiro y, de esta forma, intentar retomar la seguridad en una región emblemática del gigante sudamericano que “el crimen organizado casi se apoderó”, según sus palabras.

El Congreso brasileño debe votar este lunes el decreto y refrendarlo para que, de esta forma, pase al Senado, probablemente el miércoles, y así sea rubricado por el Legislativo antes de que entre en vigor en los próximos días.

El decreto de intervención, previsto por la Constitución brasileña, supone que las Fuerzas Armadas serán desplegadas en el estado y pasarán a comandar a las policías militar y civil, incapaces de contener el repunte de la violencia que sufre Río de Janeiro desde después de los Juegos Olímpicos de 2016.

El despliegue de militares en Río ya se produjo puntualmente durante eventos como los Juegos o la visita del Papa Francisco en 2013, pero es la primera vez que el despliegue se produce por cuestiones de seguridad y por un largo plazo, ya que el Ejército estará desplegado en el estado hasta final de año.

El estado de Río de Janeiro y su capital homónima viven desde finales de 2016 un recrudecimiento de la violencia, y en las últimas semanas la situación empeoró con tiroteos entre criminales y policías que no cesan de causar víctimas civiles inocentes y cerrar vías expresas.

En 2017 hubo 138 policías muertos en el estado y más de 500 personas murieron por disparos de la policía, mientras los asaltos, robos violentos y homicidios crecen a ritmos cercanos a los dos dígitos, según datos oficiales.

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Periodistas se convierten en víctimas de represiones en Buenos Aires

Buenos Aires, 20 de diciembre/Notimex. Por lo menos 37 reporteros, fotógrafos, camarógrafos y productores fueron agredidos durante las represiones registradas durante la última semana en Buenos Aires, en la mayor parte de los casos por las fuerzas de seguridad.

Los ataques ya fueron condenados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra), la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Pese a las denuncias, ninguna autoridad se solidarizó con las víctimas ni condenó o asumió la responsabilidad de la actuación de gendarmes o policías federales que les dispararon a quemarropa a varios fotógrafos a pesar de que explicaban que estaban trabajando.

Los heridos con balas de goma, es decir, que fueron atacados por fuerzas de seguridad, son Lihuel Althabe, de Infobae; Juan Pablo Barrientos, de Revista Cítrica; Matías Castelli, de Telefé; Pablo Cuarterolo y Marcelo Silvestro, de Perfil; Ignacio Pentuchi y Mariano Fuchila, de Ámbito Financiero y Germán García Adrasti, de Clarín.

También recibieron impactos Federico Hauscarriaga, de la Red Nacional de Medios Alternativos; Agustín Gulman, de Big Bang News; Bárbara Leiva, de portal Notas; Pablo Piovano, fotógrafo free lance; Nacho Levy, de La Garganta Poderosa; Fabián Mattiazzi, de Revista Gente y Mariano Pacheco, de Resumen Latinoamericano.

Del diario Página 12, fueron heridos los fotógrafos Leandro Teysseire, Gonzalo Martínez y Adrián Pérez, al igual que Mariano Rinaldi, de Radio Latina; Guido Rodríguez, de C5N; Julio Rodríguez, de Radio 10; Silvina Rouvier, del portal La García; Paula Ribas, de la Agencia Télam, Ayelén Rodríguez, de Marcha Noticias y Stephanie Malen Zambrano, del colectivo de fotógrafos Fuenteovejuna.

Suyai Serrano, de la agencia Télam, fue atropellada por patrulleros de la Policía Federal, mientras que grupos de provocadores agredieron a Julio Bazán, Martín González, Cecilia Insigna y Sebastián Domenech, de Canal 13; y Bernardino Ávila, de Página 12 y Matías Carrizo, de Crónica TV.

Otros grupos violentos atacaron a Romina Mohr, José Parejo y Diego Reyes, de Canal 9; mientras que Mauro Fulco, de C5N, fue herido con una bomba de estruendo y Sebastián Hacher, del portal Cosecha Roja, terminó herido en la cabeza.

La Policía también detuvo de manera arbitraria a Diego Murrone, Francisco Scarzella, Lorena Sfeir y Luna Lillo, de la radio FM La Patriada, a quienes tuvo que liberar.

Por otra parte, fueron apedreados los camiones móviles de TN/Canal 13, Crónica, América TV y la TV Pública, en una de los episodios más violentos padecidos por la prensa argentina en los últimos años.

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Marcha opositora en Venezuela exige el cese de la violencia

  • 20 países miembros de la OEA han llamado al gobierno a detener las agresiones
  • Borges advirtió que la Constituyente convocada por Maduro para reformar la Carta Magna es ilegítima y fraudulenta

Caracas, 25 de junio/Notimex. La oposición en Venezuela pidió a los militares que bajen las armas y eviten más muertes en las protestas contra el gobierno, en una jornada de marchas hacia instalaciones militares en el marco del Día del Ejército.

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Los manifestantes recordaron que 76 personas han muerto en más de dos meses de protestas y censuraron el incidente ocurrido el pasado jueves, cuando el joven David Vallenilla, de 22 años, falleció a causa de un disparo, presuntamente realizado por un soldado desde una base militar.

La manifestación en Caracas se realizó frente a la base aérea Francisco de Miranda, en la autopista Francisco Fajardo, en el este de Caracas, para recordar el lugar en que cayó Vallenilla y pedir el cese de las muertes.

Varios miles de personas se concentraron en la autopista y se mantuvieron por horas frente a la base aérea, mostrando pancartas y tocando cacerolas en señal de protesta.

Los manifestantes exigieron a los militares que bajen las armas y dejen de atacar a las protestas opositoras, que comenzaron en abril pasado.

La marcha de este sábado salió de varias partes de Caracas. En algunos puntos, las movilizaciones fueron impedidas por las fuerzas de seguridad, que usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

El objetivo de la protesta, efectuada en el marco del 196 aniversario de la batalla de Carabobo, que bajo el mando de Simón Bolívar selló en 1821 la independencia de Venezuela de España, era enviarle un mensaje a la Fuerza Armada para que evite más muertes de opositores.

El líder de la Asamblea Nacional (congreso unicameral), el opositor Julio Borges, advirtió por su parte a los soldados que “les está llegando la hora de decidir entre defender la Constitución o continuar disparando a un pueblo que jamás va a permitir que se declare una dictadura con la trampa de la Constituyente”.

Borges advirtió que la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Carta Magna es ilegítima y fraudulenta, lo que obliga a todo venezolano a defender la Constitución.

“Es el momento que los militares se comporten como el ejército de Simón Bolívar y se pongan del lado del pueblo que todos los días está en la calle clamando por un cambio”, sostuvo Borges.

En tanto, en el plano internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ofreció renunciar a su cargo a cambio de lo que resumió como “la libertad de Venezuela”, que incluye la celebración de elecciones transparentes y la liberación de presos políticos.

Almagro indicó que aceptó una propuesta que consiste en ofrecer su renuncia si es que el gobierno de Venezuela se compromete a implementar varias medidas para poner fin a la crisis política que se vive en el país sudamericano.

“Lamentablemente, son muchas las cosas necesarias para la libertad de Venezuela. Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela”, afirmó.

El titular de la OEA dijo que renunciará cuando se realicen elecciones nacionales libres y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados; y cuando se libere a todos los presos políticos listados por el Foro Penal Venezolano y se dé amnistía a los exiliados.

Condicionó su dimisión a que se reconozcan los plenos poderes a la Asamblea Nacional; se abra un canal humanitario de alimentos y medicamentos; y se juzgue a los asesinos de cada uno de los manifestantes, así como a su cadena de mando.

Expresó que renunciaría cuando, además, opere un Tribunal Supremo de Justicia independiente, un Consejo Nacional Electoral independiente y cuando se detenga el proceso inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Porque nunca vamos a renunciar, jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela”, insistió Almagro.

En su mensaje, afirmó que tanto su voz como “el levantamiento de los venezolanos con dignidad” representa “una pesadilla” contra “el régimen”. Añadió, sin embargo, que “esa pesadilla terminará”, lo que será sellado con la “alegría que da sentir la libertad”.

Recordó que 20 países miembros de la OEA han llamado al gobierno a detener la violencia, y que muchos de ellos lo han hecho desde el plenario de la Asamblea General de este organismo regional.

“En la OEA no hay silencio cómplice”, enfatizó Almagro.

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Dialoga Ayuntamiento de Veracruz con manifestantes

  • Se acordó la rehabilitación de la bomba de agua, la cual es responsabilidad del fraccionador Homex
  • Rosario Mortera, detalló que los trabajos serán para un mes

Adriana Muñoz Cabrera. Veracruz, Ver., 11 de junio de 2017. Personal del Ayuntamiento porteño dialogó con los habitantes del fraccionamiento Costa Dorada a quienes se les desalojó con la fuerza pública por bloquear la carretera Veracruz- Xalapa en demanda de agua potable.

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Desde este domingo, se establecieron algunos acuerdos, aseguró Rosario Mortera, vecina del fraccionamiento.

Detalló que se acordó la rehabilitación de la bomba de agua, la cual es responsabilidad del fraccionador Homex, sin embargo la autoridad local se comprometió a mantener activa para evitar la escasez del vital líquido.

Rosario Mortera, detalló que los trabajos serán para un mes, sin embargo es urgente que se haga una reparación integral para terminar con el desabasto de agua que padecen las familias que habitan en ese fraccionamiento desde hace casi un mes.

También se acordó que este domingo seguiría el abastecimiento de agua potable mediante pipas, en lo que se hace la reparación momentánea de la bomba para que brinde el servicio del vital líquido.

Agregó que otros de los acuerdos fue que el ayuntamiento de Veracruz presionará a Homex para que se responsabilice por la reparación integral de la bomba, sin embargo asegura que se trata de mentiras.

“Según van hablar con Homex y lo van a presionar, de eso ya tenemos 12 años así y hasta ahorita no vemos presión sobre Homex. Ellos (ayuntamiento) dicen que le corresponden a la inmobiliaria reparar”, expusieron.

La entrevistada dudó que la fraccionadora atienda al llamado pues incluso le debe al ayuntamiento porteño 24 mil pesos.

En ese sentido dijo que no les quedará más que tener que costear el mantenimiento integral de la bomba para evitar que se queden sin agua nuevamente.

Mencionó que la situación afecta al menos a 500 casas de ese fraccionamiento localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Por último autoridades municipales aceptaron que no hay una solución definitiva ya que están involucradas varias áreas de gobierno, las cuales tendrán que reunirse de nueva cuenta para determinar las acciones que se tendrán que llevar a cabo y solucionar esta situación de fondo.

Fue el director del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), Arturo Cobos Valdéz, quien acudió en representación del Ayuntamiento de Veracruz.

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Se investigarán hechos en Costa Dorada, asegura Miguel Ángel Yunes Linares

  • No obstante, no permitirán, advirtió, que se rebase el Estado de Derecho
  • Ya se identificó a los responsables que colocaron los artefactos sospechosos en el puerto

Adriana Muñoz Cabrera. Boca del Río, Ver., 11 de junio de 2017. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que se investigará a fondo si hubo o no agresión por parte de elementos de la fuerza pública contra habitantes del fraccionamiento Costa Dorada, al norte de este puerto.

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Sin embargo, advirtió que se sancionará a quien haya agredido a los manifestantes como ellos por haber cerrado la carretera Veracruz- Xalapa, afectando el derecho al libre tránsito del resto de los ciudadanos.

“Lamento mucho lo que sucedió, se va a sancionar si alguien cometió un abuso de autoridad, si alguien lastimó se le va a sancionar pero también se va a sancionar a quienes bloquearon la carretera, tiene Veracruz que vivir en la ley y tan es ilegal golpear indebidamente a una persona como bloquear una carretera”, sentenció.

La demanda no corresponde al gobierno del Estado ni a la federación y priorizaron aún así el  diálogo que de acuerdo al mandatario no aceptaron los demandantes.

“Siempre nos mantuvimos en el mejor ánimo de dialogar, de resolver el problema como intermediarios entre el gobierno municipal y los colonos, las personas afectadas por este servicio, sin embargo no hubo una respuesta positiva a nuestra convocatoria al diálogo”, destacó.

Explicó que se distribuirá material de video para que se observe como se suscitó el desalojo del bloqueo carretero perpetrado por vecinos del Puerto de Veracruz que exigían agua potable.

“Reitero, nadie niega legitimidad a la demanda pero no podemos permitir que se ejerza violencia contra los demás veracruzanos, muy malo que se hubiera ejercido violencia contra otra persona, no lo afirmó, yo les quiero pedir que vean los videos para que vean lo que sucedió pero igualmente grave es que miles de personas que no tienen que ver con el problema del agua en su garantía constitucional del libre tránsito”, sentenció.

De detectarse agresión o abuso alguno se procederá, insistió.

Explicó que desde el mismo día de ayer intervino el gobierno del Estado a través de la secretaria de Gobierno y sostuvo pláticas con el alcalde Ramón Poo Gil.

No obstante, no permitirán, advirtió, que se rebase el Estado de Derecho.

“Eso no puede ser sobre todo en un gobierno que está siempre dispuesto a dialogar y lo hemos hecho una y otra vez”, puntualizó.

Asimismo, dio a conocer que ya se identificó a los responsables que colocaron los artefactos sospechosos en la ciudad de Veracruz los días 4 y 5 de junio.

El mandatario aseguró que en poco tiempo serán detenidos y sometidos a proceso.

Aclaró que el hallazgo de los tres objetos sospechosos tuvo relación con las elecciones celebradas el 4 de junio.

“No fueron bombas realmente, fueron implementos que simularon ser bombas y que evidentemente tenían vinculación con el proceso electoral, no tenían otro objetivo”, subrayó.

Por otra parte, Yunes Linares anunció que se ofrecerá una capacitación en materia de seguridad a los presidentes municipales, síndicos y regidores electos con la finalidad de que conozcan las funciones que le competen tanto a dependencias estatales como a las fuerzas federales.

Dijo que el comandante de la Sexta Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, ofreció su apoyo para iniciar la capacitación a quienes gobernarán en los 212 municipios a partir del 1 de enero del 2018.

“Precisamente el día de hoy, lo agradezco y lo reconozco, el general Rico nos ha ofrecido el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo cursos de capacitación con los alcaldes electos, con los síndicos, regidores, en los temas que competen a la Secretaría de la Defensa Nacional y en los cuales tiene el municipio vinculación directa”

No descartó que esa capacitación también la lleven a cabo la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado.

Precisó que dicha capacitación se brindarán una vez que concluyan las impugnaciones que se presenten por los resultados electorales del 4 de junio.

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Actualización: Fiscal confirma 30 muertos en protestas en Venezuela

  • Saldo de tres semanas de protestas incluye 437 heridos y mil 285 detenidos
  • Protestas comenzaron el 04 abril; suma de fallecidos aumentó el pasado lunes
Caracas, 25 de abril/Notimex. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó hoy que su despacho ha registrado e investigado 30 casos de víctimas mortales en las manifestaciones contra el Gobierno, luego de tres semanas de protestas.

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La fiscal señaló que a una lista preliminar de 26 muertos, se sumaron cuatro más entre el lunes y este martes, sobre los cuales prometió hacer justicia y aplicar castigo a los responsables.

“Entre ayer y la madrugada de hoy tenemos cuatro fallecidos más de los 26. Apenas estamos comenzando las investigaciones”, dijo en una declaración en la Fiscalía en Caracas.

Agregó que el saldo de tres semanas de protestas incluye 437 heridos y mil 285 detenidos. Al respecto, llamó a los dirigentes políticos a bajar el tono de la confrontación, ya que “nadie quiere una guerra civil”.

“La Fiscalía tiene mucho que investigar sobre estos homicidios”, señaló y añadió que sobre los detenidos, la Fiscalía pidió la liberación de varios de ellos, debido a que las actas policiales no tenían relación de lo ocurrido.

“Lamento mucho la muerte de 26 personas. Cuatro adolescentes y 22 adultos. Siempre la muerte de una persona es lamentable. Estamos trabajando para que se sancione a los responsables”, expuso.

Ortega indicó que las investigaciones incluyen lo ocurrido en el barrio popular de El Valle, en el suroeste de Caracas, donde el jueves pasado murieron 11 personas, incluyendo a ocho electrocutadas, en medio del intento de saqueo de una panadería.

En ese lugar tuvo que ser evacuado un hospital infantil que fue afectado por gases lacrimógenos.

“Es imposible que estemos de acuerdo con acciones delictivas, no se pueden apoyar. En un país que se encuentra pasando una situación como la de ahora no se pueden promover discursos de odio y mucho menos descalificar a quienes piensen distinto. Nadie quiere una guerra civil”, insistió.

La fiscal dijo que el país necesita seguridad jurídica para sancionar a quienes cometan delitos.

“Nadie desea un escenario de confrontación bélica. La paz no se decreta, se construye con acciones y en Venezuela debemos dejarnos de ver como enemigos. Tenemos que terminar con las diferencias políticas”, alegó.

Las protestas comenzaron el pasado 4 abril, después que la oposición acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de haber dado un golpe de Estado mediante la aprobación de dos sentencias que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones.

Ortega calificó las sentencias como una ruptura del orden constitucional que violó el modelo previsto en la Carta Magna.

Los fallos de la Sala Constitucional del TSJ fueron retirados, pero la oposición exige la destitución de los magistrados firmantes y además pide la realización de elecciones, la liberación de políticos presos, el respeto a la Asamblea y la apertura de un canal humanitario para resolver la crisis de alimentos y medicinas.

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