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La sociedad mexicana está inmersa en un cambio cultural sin precedentes en el que se privilegian los derechos humanos: Ministro en Retiro de la SCJN, Juan Silva Meza

Redacción/en Contacto Digital. Xalapa, Ver., 19 de abril de 2018. Al dictar la conferencia magistral Las Reformas Constitucionales y su Trascendencia Actual, el ministro en Retiro Juan Silva Meza hizo un llamado a juezas y jueces a entender que la globalización y la internacionalización han transformado a la sociedad y ello incluye al derecho.

Expuso que estos fenómenos han originado transformaciones radicales: los derechos nacionales; la jerarquía constitucional; la supremacía constitucional; lo aprendido en las universidades; las garantías; los juicios de amparo, han cambiado radicalmente “y eso tenemos que aceptarlo”.

Explicó que desde que se aceptó la jurisdicción externa la supremacía constitucional entra en un proceso de universalización, en el que se privilegian los derechos humanos, la centralidad del individuo.

Ejemplificó que la reforma penal dio un vuelco de tal magnitud que se llevan ocho años en su implementación y los poderes públicos no han caminado al mismo ritmo. A veces, precisó, por el ejecutivo, a veces el legislativo y por los cambios constitucionales y las leyes secundarias.

En este contexto indicó que ahora camina esta reforma penal, pero se hará extensiva a las otras disciplinas, laboral, mercantil, familiar y quizá sean más complejas.

Ante ello destacó la gran responsabilidad de juezas y jueces en impulsar el poder federal jurisdiccional y los derechos humanos mediante la capacitación nacional sustentada en el artículo 1 de la Constitución y llevar a buen puerto las reformas.

Finalmente hizo algunas reflexiones en torno al papel de los juzgadores, que son a final de cuentas eso, el justo equilibrio. “Enfrentamos muchas resistencias sociales al principio de presunción de inocencia, incómoda a la sociedad, se causan molestias porque a veces no hay suficientes pruebas o no se cumple con el debido proceso”, dijo.

Ante tales circunstancias, precisó, juzgar a los semejantes es un privilegio de muy alta responsabilidad que los distingue de los demás, se ejemplo, calidades y cualidades, lo que se quiere ser y seguir siendo.

“Juzgar no son papeles, son historias y cada una es la más importante de todas. Simular puede afectar no sólo a una persona, sino a familias, a la sociedad toda”, insistió.

Eso exige dejar de ser jueces profesionales y convertirse en juzgadores y ganarse la confianza de la sociedad, concluyó.

El director del Instituto de Capacitación, Magistrado Marco Antonio Lezama, hizo la presentación del eminente jurista que fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2001 a 2014.

Asistieron a la conferencia Magistradas y Magistrados; servidores públicos; abogados y estudiantes.

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Corte aprueba segundo amparo para uso lúdico y recreativo de mariguana

México, 11 de abril/Notimex. El pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo solicitado por el litigante Ulrich Richter para el uso lúdico y recreativo de la mariguana sin fines de lucro.

En sesión los ministros de la Primera Sala determinaron por cuatro votos en favor y uno en contra aprobar el proyecto de resolución que otorga el segundo amparo para el consumo individual de cannabis con fines meramente lúdicos y recreativos.

El primer amparo fue concedido en el alto tribunal, en noviembre de 2015, a un grupo de cuatro personas, mientras que el nuevo amparo fue otorgado al abogado Ulrich Richter.

El proyecto de sentencia de este último fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y reitera la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben de manera absoluta el consumo de la mariguana.

Al ser aprobado el amparo, Ulrich Richter podrá, previo permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cultivar y consumir su propia mariguana, sin que pueda hacerlo con fines comerciales.

La presidenta de la Primera Sala de la SCJN, Norma Piña, deberá notificar al Congreso de la Unión sobre la existencia de estos precedentes y, con tres más, se activaría el proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad.

Esta figura permitiría a la Suprema Corte invalidar los artículos con efectos generales, aunque para ello sería necesario el voto de ocho de los 11 ministros en el pleno del máximo tribunal constitucional del país.

Al igual que lo hizo en 2015, el ministro Pardo Rebolledo, quien fue el ponente del proyecto, votó en contra de otorgarlo por considerar que el quejoso no tiene acceso legal a semillas de mariguana.

El proyecto de sentencia aprobado ampara y protege a Ulrich Richter en contra de la expedición y promulgación de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud.

Por otro lado, la Primera Sala estimó que los artículos 234 y 368 de la citada legislación no forman parte del sistema prohibitivo que impugnó el quejoso en su demanda de amparo, puesto que ninguna prohibición puede derivarse del texto de dichos preceptos que, en realidad, son más bien declarativos. Así, se negó el amparo con respecto a dichos artículos.

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SCJN avala el aborto en caso de violación

Redacción/en Contacto Digital. Xalapa, Ver., 05 de marzo de 2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que las mujeres que fueron víctimas de violencia puedan interrumpir el embarazo. 

Asimismo instruyó al sector salud de la República a realizar el aborto siempre y cuando sea por violación de no hacerlo incurrirán en el incumplimiento a los derechos humanos y reproductivos.

Los magistrados de la SCJN resolvieron un caso de una joven que solicitó a un hospital de Cuernavaca, Morelos realizar un aborto debido que había sufrido violación y que le fue negado por hospital.

Ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atender el caso que sucedió en 2015 y el gobierno de Morelos tendrá que indemnizar a la víctima por negar la interrupción del embarazo. 

“Las autoridades de salud correspondientes no pueden implementar mecanismos ni políticas internas que impidan se materialicen los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de dicho acto delictivo”, concluyó la Corte. 

Con información de Milenio

 

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Amplía Senado a 15 días solicitudes de derecho de réplica

México, 04 de abril/Notimex. El pleno del Senado de la República aprobó con 60 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, una reforma al segundo párrafo del Artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho réplica.

Con ello, se amplía el plazo para la presentación, ante el sujeto obligado, es decir medios de comunicación, incluidas agencias de noticias, de solicitudes de réplica, de cinco a 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder.

El 31 de enero pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que es inconstitucional que el derecho de réplica deba ejercerse en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, por lo que de ahí se derivó la reforma aprobada este miércoles en el Senado.

En tribuna, la senadora Verónica Martínez Espinoza respaldó a nombre la bancada priista la reforma y expuso que la libertad de expresión es un derecho fundamental para concretar las garantías de expresión, externar ideas, noticias y el mismo sentido se puede establecer el derecho a la rectificación de la información.

Señaló que esa reforma establece los plazos y elementos de garantía para que los medios de comunicación y la sociedad cuenten con mecanismos de defensa para la rectificación de hechos mediante el derecho de réplica. “Debe existir la libertad de expresión, pero el libertinaje hay combatirlo”, apuntó.

A su vez, el senador Alejandro Encinas respaldó la ampliación del plazo para solicitar el derecho de réplica, pero cuestionó que el principal problema es que la Suprema Corte está suplantando las facultades del Congreso para legislar, por lo que hizo un llamado a discutir cuál debe ser el papel del alto tribunal.

Martha Tagle Martínez, senadora sin partido, se manifestó en contra de la reforma al argumentar que constituye un retroceso al marco legal mexicano, ya que sólo se busca proteger a las empresas televisoras, al no permitir el libre ejercicio del derecho de réplica de los afectados.

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‘Televisa’ carece de poder sustancial en mercado de TV y audio restringido: Ifetel

México, 23 de marzo/Notimex. Grupo Televisa informó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) le notificó la resolución por la que esta autoridad indica que carece de elementos para determinar que Televisa tiene poder sustancial en el mercado de servicios de televisión y audio restringidos.

En un breve comunicado, explicó que en cumplimiento a los lineamientos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en resolución de fecha 07 de febrero del presente año, esta nueva resolución deja sin efectos la declaratoria de poder sustancial que había hecho el Ifetel el 24 de febrero de 2017.

Aclaró que con esto, queda sin efecto cualquier procedimiento que hubiere iniciado el Ifetel para imponer medidas asimétricas a la compañía y sus subsidiarias relacionadas con poder sustancial, y se dejan de aplicar las medidas directamente previstas para estos efectos en la normatividad vigente.

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Poder Judicial espera resolución de SCJN por incumplimiento en presupuesto 2017

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 20 de marzo de 2018. El Poder Judicial de Veracruz continúa a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita una resolución en torno al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Congreso del Estado por haber incumplido con lo establecido en la Constitución de otorgar el dos por ciento del presupuesto estatal en el Ejercicio Fiscal 2017.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, indicó que están atentos a la resolución del máximo órgano jurisdiccional del país.

Y es que, hay que recordar que constitucionalmente le corresponde al Poder Judicial el dos por ciento y sólo le fueron entregados los recursos correspondientes al 1.45 por ciento el año pasado.

En ese sentido, el magistrado Álvarez Peña refirió que se encuentran pendientes de la resolución, incluso que han hecho las visitas necesarias, pero son, justificó, mecanismos de la Suprema Corte.

“Nosotros estamos atentos, sabemos que en caso de que sea favorable tendremos los beneficios retroactivos de la resolución”.

Edel Álvarez dio a conocer que los 2 mil 39 millones 744 mil 295, 24 pesos que le correspondían al Tribunal para 2017, solo recibieron mil 479 millones 547 mil 177 pesos, por lo que se tuvieron que hacer economías para solventar los gastos.

Las áreas que se ajustaron fueron en viáticos, representación, gasolina y papelería.

Sin embargo, destacó que se recibió apoyo del Gobierno estatal en programas especiales que permitieron canalizar recursos con fondos federales y estatales para la construcción de dos ciudades judiciales, una en Huatusco y la otra en Acayucan.

El recurso de inconstitucional fue presentado en enero de 2017, tras la aprobación el 30 de diciembre de 2016 en el Congreso local aprobaron mil 479 millones 547 mil 177 pesos para ese Ejercicio Fiscal.

“Sabemos que en caso de que sea favorable nos tendremos los beneficios retroactivos de la resolución. El año pasado nos faltó alrededor de un 25 por ciento de lo que decía la constitución”, finalizó.

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Prevé CEDH violación de derechos por cateo sin orden judicial (+Audio)

Escucha el audio:

Juan David Castilla Arcos. Xalapa, Ver., 19 de marzo de 2018. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que permite el cateo policiaco sin orden judicial, podría promover la violación a los derechos humanos.

Así lo consideró la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, quien además catalogó como “riesgosa” dicha determinación de la SCJN.

“Me parece muy riesgosa la decisión de la Suprema Corte porque eventualmente podría dar lugar a excesos por parte de los elementos de seguridad y eso no es deseable en ningún sentido”.

La entrevistada señaló que se debe transitar hacia un marco normativo que no vulnere los derechos humanos.

“Si bien entiendo el planteamiento y la necesidad de hacer este tipo de revisiones, a mí en realidad lo que me preocupa es qué va a ocurrir. Tenemos una reforma constitucional, garantista y me preocupa que si bien en la norma tenemos garantizados una serie de derechos, este tipo de decisiones abra la puerta para que en la práctica se vulneren los derechos humanos”.

El pasado 13 de marzo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de las inspecciones policiacas en personas y vehículos sin mediar orden judicial, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Presidenta de la CEDH refirió que difícilmente sería revocada dicha determinación de la SCJN.

“La Suprema Corte es como el máximo intérprete de las normas, yo diría que probablemente si está permisión derivara en abusos que no es deseable y no necesariamente va a ocurrir así, pero si esto ocurriera muy probablemente la Suprema Corte de Justicia cambiaría de criterio”, remató.

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Inspección policiaca sin orden, sólo en caso de investigación: SCJN

México, 15 de marzo/Notimex. La Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) aclaró que lo que resolvió la víspera sobre las inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial no implica que un policía pueda inspeccionar a personas y vehículos a su antojo.

Por el contrario, indicó, lo que se dice en la resolución es que ese tipo de conductas están prohibidas, lo que significa que el policía únicamente puede realizar estos actos de inspección, si y sólo si, se encuentra ya en el marco de una investigación criminal.

Esto ocurre cuando hay una denuncia de hechos, aunque sea formal ante el Ministerio Público o la Policía, o informar directamente ante los agentes de seguridad y puede suceder en dos momentos o situaciones, explicó el máximo tribunal del país a través de una tarjeta informativa.

La primera situación es cuando se avisa a la autoridad de que en ese mismo momento se está cometiendo un delito y se le solicita su intervención, es decir que se trata de un delito flagrante.

En estos casos el agente puede practicar una inspección sólo si tiene una sospecha razonable de que la persona que coincide con las características denunciadas, está en ese mismo momento cometiendo un delito que no es apreciable a simple vista, por ejemplo, portación de armas o posesión de narcóticos prohibidos.

La segunda situación es cuando se denuncia un delito que ya fue cometido y la policía y el Ministerio Público inician una investigación

Si en el transcurso de la investigación se obtiene información de un sujeto que, a partir de la denuncia y demás actos de investigación, encuadra en las descripciones y hechos denunciados, podrá inicialmente aproximarse al individuo para identificarse ante él e iniciar una entrevista, y al verificar que se encuentra involucrado en los delitos previamente denunciados, podrá practicar una inspección.

Cualquier inspección que se practique fuera de estos parámetros será ilegal y arbitraria, precisó la SCJN.

Para el caso de vehículos, la Policía sólo puede pararlos si se cometió, por ejemplo, una infracción de tránsito, por lo que si una persona se pasa un alto, el agente podrá ordenar que se detenga para multarlo, pero este hecho no autoriza en forma alguna que ya se pueda realizar una inspección al automóvil o sus pasajeros.

Solamente quedará autorizada constitucionalmente una inspección en una situación como ésta, si al multar al conductor el agente observa o aprecia hechos o circunstancias que lo hagan suponer que en ese momento se está cometiendo un delito.

Por ejemplo, si observa que en el asiento trasero hay armas y granadas o paquetes de droga o si escucha ruidos poco normales provenientes de la cajuela del coche que hagan suponer que se está cometiendo un delito (por ejemplo secuestro).

De esta manera actúan las policías en todo el mundo, por lo que no es un concepto exclusivo de México. Varios Tribunales internacionales han adoptado esto como guía para la actuación de las policías, indicó.

En todos estos supuestos, el caso debe ser llevado de inmediato con un juez, y el policía o el fiscal deberán ser capaces de narrar y transmitir al juez los hechos y circunstancias que apreció, de manera que el juez con su imparcialidad se convenza que, de haber estado él en el lugar de los hechos, hubiera llegado a la misma conclusión.

Ello, de forma objetiva de que en ese momento se estaba cometiendo un delito o la persona estaba relacionada con un delito ya denunciado. Si la autoridad no logra ese convencimiento de manera clara y contundente, la inspección será declarada ilegal.

También se aclara que la SCJN en forma alguna permitió inspecciones en las casas o domicilios o inmuebles de los ciudadanos sin orden judicial.

No se discutieron ni modificaron los cateos; esa situación no fue motivo de análisis ni debate, de manera que conforme a la Constitución, para realizar el cateo de domicilios sigue siendo un requisito inexcusable contar con una autorización judicial.

Subrayó que las reglas y parámetros que se dan en la decisión de la Corte son pautas generales y de ningún modo justifican o autorizan actuaciones arbitrarias de la policía, por lo que habrá que revisar cada caso en concreto para determinar que lo acontecido se haya ajustado a dichos principios.

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Corte avala revisiones policiacas sin orden judicial

Ciudad de México, 13 de marzo/AlMomentoMX. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que los cuerpos policiacos realicen revisiones a personas y vehículos sin orden judicial, únicamente en casos de sospecha razonable o flagrancia. También validó la detención en flagrancia por delitos que requieran querella.

Con ocho votos a favor y tres en contra, el pleno de la Corte aprobó el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que pidió declarar diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los artículos impugnados por la CNDH, relacionados con la revisión de personas y vehículos sin orden judicial, son el 132, 251, 266 y 268; la comisión manifestó que los preceptos transgreden los derechos a la libertad personal y de tránsito, seguridad jurídica, privacidad y vida privada, integridad personal y de no injerencias arbitrarias, así como los principios de legalidad y de certeza jurídica.

La mayoría de los ministros coincidió que las revisiones constituyen controles preventivos provisionales que se encuentran autorizados no sólo en la prevención y persecución de delitos, sino también en su investigación y por lo tanto, se reconoce la validez constitucional de los preceptos impugnados.

Durante la sesión, el pleno también aprobó por unanimidad el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la detención en flagrancia por delitos que requieran querella.

La CNDH alegó que el Artículo 148 viola los principios pro persona, de presunción de inocencia y de legalidad, las formalidades esenciales del procedimiento y los derechos de seguridad jurídica y a la libertad personal.

Sin embargo, en el proyecto se detalló que la CNDH parte de un entendimiento equivocado de la forma y circunstancias en que se verifican las detenciones en flagrancia y, por tanto, se estima que es infundado el concepto de violación esgrimido, pues la Constitución Federal no distingue en forma alguna qué tipo o clase de delitos están cubiertos bajo la excepción de detención por flagrancia.

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Suprema Corte atrae amparo de futbolista de Avispones de Chilpancingo

México., 01 de marzo/Notimex. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para revisar un amparo que interpuso un joven del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, víctima del ataque registrado el 26 de septiembre de 2014.

Durante la sesión de este miércoles, el Pleno de la Segunda Sala del Alto Tribunal resolvió atraer el amparo para que los ministros determinen el monto de la indemnización que debe recibir el quejoso del hecho ocurrido en el marco de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

El quejoso impugnó la resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual le había asignado una compensación de 566 mil pesos, pese a que las lesiones que recibió le impiden seguir ganándose la vida como futbolista.

En octubre de 2017, el X Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso.

Lo anterior dada la problemática de que se trata y por sus peculiaridades excepcionales que versan sobre la afectación a derechos fundamentales relacionados con la reparación integral del daño a víctimas.

El fallo del Tribunal Colegiado ordena a la CEAV dejar sin efecto la resolución del 11 de octubre de 2016, en la que se determinó una compensación subsidiaria y otras medidas de reparación en favor de los quejosos como consecuencia del delito de lesiones que sufrieron.

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