Diputada Galindo desconoce dictámenes de la comisión que preside

Isabel Ortega.- En un comparativo a los dictámenes publicados en las gacetas legislativas, que sustentan los créditos a Estado y Municipios, se evidencian modificaciones en los montos a contratar, sin embargo, la Presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo Silva, aseguró que no se cambió en nada la propuesta del Gobernador Cuitláhuac García y el dictamen aprobado por el pleno al inicio del periodo.

En entrevista, aseguró que el monto es el mismo, incluso, consultó con sus asesores que se limitaron a asentar con la cabeza que no se generaron cambios en el documento que se agendó en dos ocasiones en sesiones legislativa para su aprobación.

 En la Gaceta legislativa número 29, del pasado 19 de marzo, se dio entrada  a la iniciativa de Cuitláhuac García Jiménez, se pedía la autorización al Congreso para que el Estado contratara un crédito de hasta mil 650 millones de pesos; en el caso de los municipios el adelanto del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal podría sumar hasta 5 mil 982 millones de pesos.

El dictamen que fue aprobado el pasado 02 de mayo, el monto para el Estado quedó en mil 540 millones de pesos; en tanto que para los municipios la suma del adelanto llegaría hasta los 5 mil 185 millones de pesos.

Llama la atención la declaración de la presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, pues fue su comisión la que emitió el dictamen correspondiente, por lo que tendría que conocer del cambio en los montos autorizados.

En reiteradas ocasiones la oposición ha recriminado que los dictámenes se envían desde el Ejecutivo para ser circulados en el Congreso, y que los legisladores no conocen el contenido de lo aprobado, pues no leen los acuerdos.

El documento se iba a probar en el mes de abril, en un periodo extraordinario, pero de último minuto se pidió retirarlo del orden del día para complementar su análisis y fue el 02 de mayo cuando se validó finalmente.

Este jueves se publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se autoriza a Sefiplan lo mismo que a los 212 municipios la posibilidad de contratar los créditos, dejando como garantía los fondos federales destinado a realizar obra pública para abatir la pobreza.

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