Marco Antonio sí fue víctima de desaparición forzada

CDMX/AlMomentoMX. Un tribunal federal determinó que Marco Antonio, un joven detenido arbitrariamente por policías de la Ciudad de México en enero de 2018, fue víctima de desaparición forzada por parte de autoridades capitalinas y del Estado de México.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que los responsables de la desaparición forzada del adolescente fueron las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de ambas entidades, “entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero”.

El 23 de enero de 2018, Marco Antonio estaba en la terminal del Metrobús Rosario cuando dos policías se acercaron y lo detuvieron. Casi una semana después, el joven fue hallado en el Estado de México. Por la condición física y mental en que fue encontrado tuvo que ser canalizado para atención médica y psiquiatra.

Ante esta situación, los padres promovieron un amparo para demandar que el caso se investigara por desaparición forzada, por lo que Juan Alfredo Buendía Rodríguez, secretario de juzgado y encargado de despacho, concedió el amparo a la familia de la víctima en enero de 2019.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), que ha dado acompañamiento a la familia de Marco Antonio, “la administración de Miguel Ángel Mancera y otras autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro ‘adolescente problemático’”.

Sin embargo, agregó, organizaciones defensoras “documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente”.

El amparo

En la resolución del Amparo en Revisión 53/2019, el Tribunal señaló que se demostró que se violaron los derechos de integridad personal, libertad y reconocimiento de la personalidad jurídica del adolescente Marco Antonio.

Además, para los juzgadores federales que revisaron el caso también existió una notoria omisión por parte de las autoridades de la capital del país y del Estado de México para investigar la desaparición forzada del joven una vez que se tuvieron los reportes policiales.

“Los datos que le proporcionaron (a la familia) indicaban que se desconocía el paradero del adolescente después de su detención por policías de seguridad pública de esta localidad y según informes lo habían liberado, pero no se tenía conocimiento del lugar en dónde ocurrió tal hecho y menos las condiciones en que se efectuó, lo que debió advertir que era irregular por no apegarse a la normativa señalada.

“Por tanto, con independencia de que no se formulara denuncia, estaba obligada a iniciar una investigación del caso de manera oficiosa, sin dilación, de una manera seria, imparcial y efectiva, conforme a las disposiciones convencionales señaladas y el criterio de la Corte Interamericana, el que es obligatorio por todas las autoridades. Pero ello no lo cumplió”, enfatizó el resolutivo.

De esta forma, la familia del menor de edad deberá acceder a una reparación integral y a una indemnización, justa y adecuada por la violación de derechos humanos.  Mientras que los policías que participaron en la detención y desaparición de Marco Antonio, no podrán acudir a los lugares donde habitan, trabajan, estudian o realizan sus actividades, tanto el menor como sus padres.

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