Masacres en Bolivia dejan 36 víctimas: CIDH

Washington/Notimex. Al menos 36 personas han perdido la vida en Bolivia durante la crisis política que vive el país desde las elecciones del 20 de octubre, documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Comisión, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitó las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba, consultó a autoridades, organizaciones sociales, testimonios de víctimas, defensores de derechos humanos, hospitales, centros de detención, despachos defensoriales y comunidades afectadas por la violencia, para evaluar las condiciones de los derechos humanos en el país.

Tras la visita, confirmó que se perpetraron dos masacres en Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19 del mismo mes, donde fallecieron al menos 18 personas. En ambos casos, policías y militares abrieron fuego contra la población civil, además de atacarla con golpes y patadas y arrojarle gases lacrimógenos.

“El informe de la CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Áñez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia. Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales”, manifestó el expresidente Evo Morales, en exilio político, tras conocer la información.

En Sacaba “los numerosos testimonios recibidos por la CIDH son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva. En la operación participaron helicópteros de la fuerza pública, según lo atestiguó el propio comandante de la policía de Cochabamba ante la CIDH”, reveló el organismo en un comunicado.

En la masacre de Senkata también operaron la policía y el ejército, movilizados para reprimir una protesta de simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, en la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto. La operación derivó en el asesinato de nueve personas por impacto de bala.

“Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos. También resultaron numerosas personas heridas por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto”, agregó la CIDH.

Además de los fallecidos, se han presentado denuncias públicas sobre desaparición de cadáveres de personas asesinadas en la misma masacre, que habrían sido levantados por agentes del Estado sin que se haya emitido noticia de su deceso. “Las víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha”, subrayó la Comisión y condenó los hechos.

“La CIDH urge al Estado que implemente en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de manifestaciones públicas”, señaló.

“La Comisión además reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego o de otra manera letales. Adicionalmente, la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales”.

A su vez, los visitantes recibieron denuncias sobre casos de persecución judicial contra individuos por sus opiniones, convicciones o posturas políticas. Altos funcionarios del Estado del gobierno de Jeanine Áñez han iniciado investigaciones penales por sedición y terrorismo contra miembros del MAS.

También escucharon a periodistas, trabajadores del gremio, comunicadores comunitarios e independientes, e identificaron vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.

Tras el trazado de un panorama y en atención a las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CIDH emitió 16 recomendaciones preliminares al Estado boliviano.

Propuso crear un mecanismo autónomo e independiente de investigación internacional que asegure el derecho a la verdad sobre los hechos violentos ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019.

Llamó a garantizar los derechos a la protesta, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación política. Además, solicitó tomar medidas que garanticen el cese de la violencia y de la represión armada contra violencias sociales.

Contempló también desmantelar a los grupos armados particulares que han ejercido violencia contra la población civil, establecer un plan de atención inmediata y de reparación integral del daño para las víctimas y sus familias, y sistematizar la información de personas atendidas en hospitales públicos y privados como resultado de las protestas sociales.

Demandó entregar salvoconductos a las personas asiladas en las embajadas de México, Argentina y otras sedes diplómáticas, para que puedan ejercer su derecho al asilo. Y fortalecer la Defensoría del Pueblo, proteger a sus funcionarios y garantizar su autonomía para que opere sin manipulaciones políticas.

Pidió, a la vez, revisar legalmente todas las imputaciones hechas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas, además de liberar de inmediato a quienes resulten detenidos de manera arbitraria. Y garantizar el derecho a la libertad de expresión, en atención a estándares interamericanos.

Las recomendaciones llaman además a garantizar que periodistas y comunicadores presentes en manifestaciones no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en sus funciones profesionales. Y a conducir un proceso nacional de diálogo y reconciliación desde el más alto nivel del Estado “que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana”.

La CIDH, además, requirió adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia registrados hasta ahora, y exigió al Estado que proteja a quienes testificaron y continuarán testificando ante los delegados de la CIDH en Bolivia.

El Estado boliviano, además, debe comprometerse a instalar un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos que opere en el país y contribuya a la paz social, además de invitar a la CIDH a hacer una visita al territorio para ampliar el marco temporal de verificación de la situación de derechos humanos en el país.

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