Solicita Manuel Huerta acciones para mejorar la seguridad ciudadana

Yhadira Paredes/Xalapa. El delegado de Programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseveró que en materia de seguridad el gobierno estatal y federal mantienen una coordinación para hacer frente a los hechos delictivos, sin embargo, destacó que el tema de la seguridad ciudadana debe ir de la mano con la procuración de justicia.

Entrevistado previo al Foro Estatal Veracruz del Plan Nacional de Desarrollo que se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Xalapa, reconoció que es en el tema de la procuración y administración de justicia donde se tienen dificultades.

Asimismo, rechazó la posibilidad de un nombramiento de un comisionado de seguridad para Veracruz, pues se trata de una política “caduca” del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Hay cuando menos omisiones lastimosas para el ejercicio de la seguridad ciudadana y yo espero que la articulación no solo sea en positivo del gobierno estatal, sino también incluya a la Fiscalía General del Estado que supuestamente es autónoma, porque parece que alguien lo puso ahí y no fue realmente ni el Congreso local”.

Llamó al titular de la Fiscalía a que se sume en sentido positivo y no negativo a las tareas que podrían contribuir para mejorar la seguridad ciudadana. 

Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el Fiscal Winckler debe refrendar la confianza no solo a las autoridades estatales y federales, si no sobre todo de los ciudadanos, “ahí está su gran problema, pues no se ha logrado una gran confiabilidad en la administración y procuración de justicia y ahí, con respeto a su autonomía debe trabajar muchísimo y no dejar ninguna tela de juicio”. 

Recordó que en su momento habló también de un pacto de impunidad entre Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa, que ha quedado de manifiesto. 

Finalmente, sobre una posible designación de un comisionado de seguridad, afirmó que esos sistemas que aprobó Peña Nieto y su régimen caduco han fracaso, por lo que se apuesta a la llegada de la Guardia Nacional aprobada por los congresos locales y las mesas de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz, donde no hay colusión con “los malos”. 

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